En otro anuncio de relevancia en el camino de la agenda del crédito, el Gobierno llegó a un acuerdo con el Club de París que permite poner punto final a uno de los capítulos abiertos con el default de 2001. El entendimiento incluye el reconocimiento de una deuda de alrededor de US$9.700 millones, un 60% por encima de los US$6.100 millones incluidos en el último informe de deuda pública presentado por la Subsecretaría de Financiamiento, con datos a septiembre de 2013. El plan de pagos se fijó con un desembolso inicial de US$650 millones a ser pagado con Reservas en julio, uno de US$500 millones en mayo del año que viene y unos US$2.100 millones anuales a partir de 2016 en concepto de capital (a lo que se agregan los intereses sobre el capital remanente) hasta completar el monto acordado. El impacto positivo inicial de la noticia se reflejó sobre el crédito local vía una baja en la brecha cambiaria inducida por el desarme de posiciones en activos vinculados al tipo de cambio pero nominados en pesos. No obstante, la brecha respecto al tipo de cambio implícito en las operaciones de contado con liquidación todavía se mantiene por encima del 30% y del piso de 20% al que había llegado en medio de la “pax cambiaria” de marzo y abril. De la agenda original para empezar a sanear el frente externo (ya se avanzó con el CIADI, Repsol y ahora el Club de Paris, además del intento de “normalización” del INDEC y la recuperación de las líneas de Repo con Bancos Centrales canceladas totalmente), queda pendiente la resolución de los holdouts, algo que de momento se dirime en los tribunales de EE.UU. y espera una definición entre el 12 y el 16 del corriente mes, cuando la Corte Suprema deba definirse entre tomar el caso (situación que estira los plazos hasta el fin del mandato), pedir opinión al Procurador General (algo que en lo inmediato permitiría ganar tiempo, pero también aumenta las chances de que finalmente la corte tome el caso), o directamente rechazarlo en cuyo caso puede caer la cautelar (stay) y acelerar la definición del Gobierno Argentino respecto al pago de los US$1.330 millones que implica la interpretación del “pari passu” para el 11% de los bonistas que no entraron a los canjes de 2005 y 2010 y que están litigando en Nueva York. Si bien las probabilidades están más centradas en el pedido de opinión y que se estiren los tiempos, todavía pesa en la valuación del mercado el riesgo de que caiga la cautelar, Argentina no cumpla y se gatille un default técnico el próximo 30 de junio cuando vencen los intereses del Discount. Y aun cuando en la última presentación, el Gobierno argentino explicitó que va a acatar el fallo de la justicia , aunque exagerando los costos en términos de extrapolación al resto de los bonistas que no ingresaron a los canjes, y el propio Juez Griesa sugirió a las partes que se sentaran a negociar la posibilidad de acatar el fallo con bonos (como ocurrió con Repsol), esta incertidumbre sigue impactando sobre el desempeño de los bonos argentinos y en definitiva sobre la decisión del Gobierno Nacional de no convalidar las actuales tasas para tomar nueva deuda en el mercado. De momento prima la incertidumbre respecto a la decisión de la Corte, aunque al mismo tiempo, la necesidad de dólares de la política para financiar una transición al 2015 con alguna moderación de la inflación y un moderado impulso al nivel de actividad requiere que no haya tropiezos en la agenda al crédito, lo cual al mismo tiempo brinda indicios respecto a la posición Argentina en relación a una eventual caída en la cautelar. En dos lunes y en medio del mundial, algunas de estas trivias quedarán
