| La Corte Suprema de EE.UU. rechazó considerar el litigio entre Argentina y los fondos buitre en Nueva York, con lo que el futuro de la causa retornó a la cámara que había impuesto la medida cautelar (stay) que suspendió el pago de US$1.330 millones implícito en la interpretación del Pari Passu del Juez Griesa de fines de 2012, pero que en rigor y dado que sienta jurisprudencia se extiende al resto de los bonistas e implica un costo mayor al 40% de las Reservas del BCRA. Los interrogantes se centran ahora en los pasos a seguir por la Argentina y por las instancias inferiores de la justicia estadounidense. De hecho, fue el propio Juez Griesa quien abrió las puertas a una negociación en sede judicial al señalar que, actuando de buena fe, las partes podrían concurrir a la Justicia y avanzar en algún tipo de negociación. Y si bien existe el riesgo latente de que cualquier negociación -aún dentro del paraguas de la justicia- sea interpretada como “voluntaria” y gatille la Rufo clause (que extiende las mejores condiciones a quienes entraron a los canjes anteriores), también es cierto que en medio de una negociación los tiempos pueden estirarse de modo de evitar este riesgo. Hoy la incertidumbre está centrada en la decisión del Gobierno Argentino: si avanza con una negociación y se llega a un acuerdo de pago, o se rebela ante la justicia americana intentando el -ya anunciado en agosto pasado- cambio de jurisdicción de los bonos con legislación extranjera, para sortear el embargo implícito en la decisión de Griesa, lo cual generaría un default técnico. Pero la satisfacción política inmediata que brinda el segundo escenario en relación al sostenimiento de la defensa de la autonomía financiera frente a la agresión de los “buitres”, quedaría totalmente diluida por un escenario macroeconómico peor. Al final del camino, la elección del Gobierno en este tema es determinante para delinear la economía de los próximos meses, el resultado de las elecciones de 2015 y en definitiva para escribir el recuerdo de la “década ganada”. Un atajo que intente sortear la justicia americana cambiando la jurisdicción de los bonos llevaría a un default técnico convalidando una suba del riesgo país y poniendo serias trabas al intento de abrir el crédito internacional que venía encarando el Gobierno. Sin dólares por la cuenta capital para financiar parcialmente los vencimientos de deuda del sector público nacional, provincias y empresas, la posibilidad de atrasar algo el tipo de cambio para moderar la inflación y revertir en el margen la recesión vía una mejora de los salarios reales, no resulta viable sin un overshooting de la tasa de interés de pesos que contrarrestaría esta dinámica. A contramano, un acuerdo de pago con bonos a 10 años bajo el paraguas de la justicia americana, que limite los efectos de la RUFO clause, podría finalmente despejar el horizonte financiero para los meses y años que siguen. Incluso, podría tener efectos mejores que los que hubiera tenido la postergación de los plazos de haberse pedido opinión al procurador general. Si bien el ruido en el medio, podría complicar la dinámica inmediata, una resolución rápida permitiría despejar finalmente el horizonte crediticio de cara a 2015. Si esto ocurre, el escenario de achicamiento de spreads financieros, recuperación de la economía y moderación de la inflación en 2015, se sostendría e incluso mejoraría. El Gobierno deberá definir su hoja de ruta cuando además, y a contramano de la lógica política en un país acostumbrado al cortoplacismo, hoy encuentra consenso en la oposición para intentar una solución duradera. Veremos, siguiendo la fábula del escorpión y la rana, si priman los instintos “genéticos”, o los de la lógica de la supervivencia política. |
