El paquete de medidas está pensado para enfrentar el duro frente fiscal. Todo en busca de un mejor escenario para renegociar la deuda.
La inacción durante la transición, aún después de definida la elección del 27 de octubre, y durante los festejos de los primeros días del nuevo gobierno, mutó rápidamente durante la última semana.
El proyecto de ley de “Solidaridad Social y Reactivación Productiva” con media sanción de Diputados conseguida en tiempo récord al cierre de esta nota, incluye en sus 85 artículos una batería de atribuciones y medidas que apuntan a romper la indexación directa e indirecta del gasto público y en simultáneo a dar una muy fuerte señal de consistencia fiscal y monetaria.
Lejos del discurso de campaña que apuntaba a “poner plata en el bolsillo” financiada con “maquinita” e incluso del primer mensaje (mucho más prudente) del flamante ministro de Economía respecto a que no había lugar para financiar una expansión fiscal, pero tampoco para cerrar el déficit antes de intereses dado el impacto contractivo sobre la economía, las medidas incluidas en la ley ómnibus tienen una enorme contundencia.
Algunos cambios y varios indicios
Se incluyeron fuertes aumentos en impuestos (retenciones, bienes personales, impuesto al turismo y a la compra de dólares), la cancelación por un año de la reforma tributaria de 2017 frenando en los hechos la baja en impuestos de la Nación (contribuciones patronales, baja de la alícuota de ganancias a las empresas) y de las provincias (cronograma de reducción de ingresos brutos). También se habilitaron cambios en la indexación previsional y se congelaron por “hasta” 180 días las tarifas de servicios públicos.
Puntualmente, en lo que se refiere a las jubilaciones, se anunció un bono de una vez a jubilados y perceptores de planes sociales con incidencia en el último mes de 2019 y prácticamente nula incidencia en 2020. Y en simultáneo, amparado en la emergencia previsional, la movilidad ya devengada hasta junio sería reemplazada por un aumento discrecional y una nueva movilidad a partir de julio. Para el primer semestre todo apunta a que se respete la movilidad en la base de la pirámide extrapolando el aumento implícito en la suma fija resultante al resto de los jubilados, algo parecido a una “anti reparación histórica”. Después de julio seguramente se intentará una nueva movilidad para todos con un rezago menor a los seis meses que establece la norma actual ajustada a la inflación o a los salarios o a una combinatoria de ambas con tope en el aumento en los ingresos.
El objetivo es romper la inercia y asegurar (sobre todo en la base de la pirámide) una recuperación entre 3 y 5 p.p. de los 20 p.p. de la pérdida en la capacidad de compra de las jubilaciones desde 2015, consistente con que el gasto previsional no suba de los 10,5% del PBI con que cerraría 2019. Vale recordar que en 2017 el gasto previsional llegó a un máximo de 12,2% del PBI, casi el doble del vigente en los años 90, y que prácticamente un tercio del ajuste fiscal de los dos últimos años del gobierno de Macri obedecieron a la licuación del esquema previsional. Esto se produjo, en primer lugar, por el controvertido salto del trimestre en el empalme de fórmulas, pero fundamentalmente por la duplicación en la tasa de inflación (25% en 2017, 48,5% en 2018 y cerca de 55% en 2019). Un cálculo rápido de las medidas permite proyectar un ajuste en torno a 3 puntos porcentuales del PBI respecto al statu quo para 2020 que surgía de sostener el pacto fiscal de 2017, la indexación previsional frente a una desaceleración de la inflación y el pago anticipado de retenciones en el último mes del gobierno anterior frente a la expectativa (finalmente concretada) de cambio en las alícuotas. Si no hay nuevas medidas de gasto, el déficit que en 2019 terminaría algo por debajo del 1% del PBI, podría incluso acercarse al equilibrio en 2020.
El auditorio
El programa arranca con una señal muy fuerte a los tenedores de bonos respecto a la decisión de recomponer el equilibrio fiscal en simultáneo a la autorización al BCRA para transferirle al Tesoro reservas equivalentes a los vencimientos de intereses con legislación extranjera durante 2020 a cambio de una letra del Tesoro, y el anuncio de la derogación del impuesto a la renta financiera puesto por el gobierno de Macri en 2017 como concesión a la oposición para pasar el paquete fiscal. También sobre el cierre de esta nota, se anunció un re-reperfilamiento de las Letes en dólares hasta fines de agosto y la voluntad de refinanciar “voluntariamente” las Letras en pesos apuntando a cambiar estos instrumentos por uno indexado a la tasa Badlar.
Hasta esta última noticia, el mercado reaccionó con una fuerte suba en los precios de los bonos y una caída en el riesgo país que por primera vez desde las PASO quebró —para abajo— los 2.000 puntos básicos.
Los aumentos de impuestos son muy agresivos y ciertamente no son neutros. Aunque también es cierto que recaen sobre sectores con menor propensión a consumir, mientras la política apunta a recomponer los ingresos en la base de la pirámide salarial y jubilatoria con mayor propensión a consumir.
Esta decisión en conjunto con una baja monetización del déficit fiscal y la decisión del BCRA de bajar de forma gradual la tasa de política monetaria (una vez formado el directorio, se bajó el piso de la tasa de las Leliqs del 63% al 58%), da margen, si se avanza rápido en la resolución de la deuda, para estabilizar la economía. Economía que, como contracara del desplome en las importaciones generado por la recesión y de la decisión de desdoblar “fiscalmente” el mercado de cambios, recuperó el superávit del sector externo con un BCRA que desde el cepo post-PASO volvió a comprar dólares.
Todavía falta información respecto a la forma que tomará el acuerdo de precios y salarios y sobre la forma que tomaría el canje de deuda, más allá del anuncio informal de que se terminaría antes de marzo.
Si la demanda se recupera, hay margen para que las empresas prorrateen los costos fijos con una menor presión sobre los márgenes unitarios y sobre la formación de precios. Pero partiendo de una inflación en torno al 55% interanual (4% mensual en los últimos dos meses con el dólar y las tarifas anclados desde las PASO), cualquier intento de frenar la nominalidad desde la política requiere que ningún precio se aleje mucho de la nueva nominalidad.
La lógica indica que los salarios y las jubilaciones pueden crecer algo por encima de la inflación a fin de recomponer una parte de la capacidad de compra de salarios y jubilaciones que desde 2015 acumula una caída cercana al 20%, mientras el dólar, y las tarifas en promedio deberían crecer algo por debajo. Enmarcar estos cuatro precios —jubilaciones, tarifas, dólar y la tasa de interés— en la nominalidad buscada por la política, va a definir en gran medida el éxito o fracaso del esquema.
Abusar del ancla cambiaria y tarifaria con una nominalidad muy alta, genera riesgos ciertos, lo mismo si se pretende bajar más agresivamente la tasa de interés que remunera el ahorro y volver a colocarla por debajo de la inflación como ocurrió durante la mayor parte del kirchnerismo. Todavía falta información, pero más allá de las rispideces lógicas que genera un paquete tributario tan agresivo a una economía con una presión tributaria que no se condice con la calidad del gasto público y que además enfrenta problemas graves de competitividad, los lineamientos generales del plan de estabilización lucen encaminados. Pero la agenda es complicada y no está exenta de riesgos.
