La economista observó en diálogo con Infobae que el loable intento de preservar el empleo y los ingresos choca de lleno con la viabilidad de amplios sectores que se mantienen o mantuvieron literalmente cerrados y que se vieron directamente afectados por la ruptura de la cadena de pagos.
La economía argentina mantiene la inercia de ciclos anteriores de transitar caminos distanciados de los que utilizan las nacionales, y otra vez, a poco más de 4 años de haber cerrado el default más largo de la historia contemporánea, el Gobierno vuelve a incurrir en cesación de pagos, aunque el ministro de Economía, Martín Guzmán lo calificó de “anecdótico”, porque confía en cerrar un acuerdo antes de la nueva fecha para la negociación, fijada para el 2 de junio.
La última experiencia le significó al país el ingreso en el ciclo más largo de estancamiento nominal del PBI, pre pandemia, y baja real cuando se lo ajusta por el crecimiento de la población. Para evitar que eso vuelva a ocurrir se requerirá de un ambicioso programa económico de mediano plazo, con reformas estructurales y política monetaria consistente con los lineamientos fiscales, pero aún no se dispone de Presupuesto 2020 y menos aún de las pautas para el nuevo ejercicio.
Marina Dal Poggetto, directora ejecutiva de la consultora Eco Go analizó la coyuntura, inédita a nivel mundial, y por extensión en el ámbito local, y planteó en diálogo con Infobae las tres grandes limitaciones que afectan a la economía nacional: “no cuenta con ahorros, ni crédito ni moneda”, de ahí el poco margen de libertad para hacer política económicas compensatorias de la crisis como sí pueden hacer diversos países, no sólo los desarrollados, sino incluso de la región.
– ¿Cómo ve que el aumento de gastos para salud y asistencia alimentaria y social que origina la depresión provocada por la pandemia de la COVID-19 se financie exclusivamente con giro de ganancias contables del Banco Central?
El coronavirus COVID-19 generó una disrupción inédita en el funcionamiento de las economías acá y en el mundo. La reacción de la política para compensar los costos asociados al aislamiento social y cierre de fronteras también fue inédita con Bancos Centrales y Gobiernos con paquetes incluso mayores a los vistos en la crisis suprime. Pero a diferencia de los países desarrollados, e incluso países vecinos que recuperaron el acceso al crédito, la Argentina no cuenta con ahorros, ni crédito ni moneda. Aun así, es tan fuerte el shock en la economía real que las políticas compensatorias son inevitables para evitar que se rompa el contrato social y para mantener en pie las empresas, agregaría las que son viables en el mundo que viene. Podemos discutir el quantum y la forma en que se fueron aplicando algunos de los dispositivos, pero no que hacía falta intervenir.
Ahora la contracara de esto es que, lejos del intento de cerrar la brecha fiscal implícita en la Ley de Solidaridad Social y Reconversión Productiva votada en diciembre como una de las primeras medidas del nuevo gobierno, hoy estemos frente a un desajuste enorme cuya monetización tiene costos asociados. Y acá dos preguntas, una respecto a la magnitud y duración en el tiempo del desajuste fiscal, la segunda respecto a la coordinación entre el programa financiero y monetario, algo que tuvo varios cortocircuitos y terminó por contribuir antes de tiempo a la disparada en la brecha cambiaria.
– ¿Es para preocuparse que nuevamente el Gobierno apela al otorgamiento de superpoderes al Jefe de Gabinete, no sólo para reasignar partidas del Presupuesto sino incluso a incrementarlas sin límites?
Nuevamente, en mitad de una crisis como ésta se necesita flexibilidad para tomar decisiones rápidas. Obviamente esto no debería ser para siempre. La ley de Emergencia Económica votada en mitad de la crisis posterior a la salida de la Convertibilidad duró 15 años, y la discrecionalidad en el manejo del Presupuesto fue uno de los factores que terminó por recrear el déficit fiscal partiendo de un superávit de 4% del PBI entre 2003 y 2008. Esto aún con un aumento permanente en la presión impositiva como contracara de un salto del gasto público de más de 14 puntos del PBI respecto al promedio histórico que registró Argentina entre 1960 y 2001. El financiamiento monetario durante los últimos años del kirchnerismo y el financiamiento con deuda durante los años del macrismo terminaron por llevarnos hasta acá y nos dejaron sin recursos genuinos para afrontar la inédita crisis que trae aparejada la COVID-19.
– El Gobierno instrumentó desde el primer día de la cuarentena, el 20 de marzo, diversas medidas de alivio y apoyo a los sectores más vulnerables en términos de ingreso. ¿Considera que fueron suficientes, qué debería hacer ahora?
Frente a semejante derrape de la actividad económica generado por la pandemia y las medidas asociadas a contenerla, no hay políticas compensatorias que alcancen. El problema es que en política económica siempre hay trade off. Y acá entra la discusión sobre la duración de la cuarentena y la forma en que se van abriendo sectores. También la necesidad de priorizar, frente a un derrumbe del PBI como el que se vio en marzo y seguramente se va a profundizar cuando conozcamos los números de abril. No hay forma de que la población mantenga los ingresos que tenía antes de la cuarentena. El loable intento de preservar el empleo y los ingresos choca de lleno con la viabilidad de amplios sectores que se mantienen o mantuvieron literalmente cerrados e incluso otros que si bien se mantuvieron operativos se vieron directamente afectados por la ruptura de la cadena de pagos. Lo mismo en el sector público, que se ve afectado por el desplome en la recaudación tributaria.
Esta crisis es un shock fundamentalmente de oferta, con un impacto en la demanda de sectores afectados por el cierre. La estructura de consumo en estos meses cambió y no tiene lógica intentar preservar el status quo previo durante estos meses, sí asegurar un ingreso de subsistencia. En el sector privado, esta discusión encontró un cauce con acuerdos sectoriales que en promedio negociaron una reducción transitoria de la nómina salarial de los que no están activos del 25%. En el sector público ese debate no apareció. Sin esta flexibilidad, aumenta el bache fiscal a financiar no sólo en la Nación sino también en provincias y municipios donde la participación de los salarios en el Presupuesto es significativamente mayor que la del Tesoro Nacional.
– El Banco Central tomó un rol clave en el financiamiento de los nuevos gastos provocados por la pandemia. ¿Es sostenible el ritmo de expansión de la emisión de dinero primario?
De nuevo, en un país sin crédito y sin ahorros, el único financiamiento disponible es el BCRA. El problema es que, en un país sin moneda, este esquema de financiamiento no es inocuo. En mitad de la pandemia, la demanda de pesos transitoriamente aumentó, tanto en términos de circulante como de dinero inmovilizado en cuentas transaccionales. Pero no luce esto se sostenga en la medida que las restricciones al movimiento de personas se vayan soltando. Y cuando, además, esto conviva con una mayor inyección de pesos en los próximos meses.
– A futuro, cuando comiencen a ceder los efectos negativos de la pandemia, el Banco Central debería absorber la actual emisión de pesos a través de la colocación de Leliq a los bancos, aumentos de encajes, o una combinación de ambos?
Desde que arrancó la cuarentena, el BCRA transfirió al fisco $750 mil millones, de los cuales $130 mil millones no tuvieron efecto monetario al quedar depositados en el BCRA. Pero según nuestras estimaciones en Eco Go en los próximos tres meses, el financiamiento al fisco rondaría $1.000 millones adicionales, equivalentes a media base monetaria. Los mecanismos para absorber pesos deberían empezar a operar antes, asegurando una tasa de interés positiva a los depósitos y a los fondos comunes de inversión donde se maneja el capital de trabajo de las empresas. La política monetaria que primero intentó expandir el crédito con desarme de Leliq y derrumbó la tasa de interés del ahorro y que luego retiró agresivamente pesos de la economía para intentar moderar la presión sobre la brecha cambiaria se va a ver enfrentada en los próximos meses a un aluvión de pesos.
– ¿Qué efectos tendría sobre la actividad económica agregada y las tasas de interés para el ahorrista y para los préstamos?
No se puede regular en simultáneo la tasa de interés de los créditos y la del ahorro. Crédito al 24% anual y Plazos fijos al 26% anual (la tasa mínima implementada esta semana incluso para los plazos fijos mayoristas). Se requiere una maraña de regulaciones que rompe la lógica de la intermediación financiera. Si el salto en el déficit fiscal es transitorio, se avanza en un arreglo de la deuda sin o con pocos holdouts, y se busca un mecanismo directo de esterilización monetaria (permitiendo por ejemplo que los Fondos Comunes de Inversión vuelvan al mercado de Pases del Banco Central), veo algún margen para intentar estabilizar la demanda de pesos limitando la disparada en la brecha cambiaria y la presión sobre el dólar oficial, sosteniendo la remuneración al ahorro. Equilibrio muy finito.
Es cierto que frente al contexto actual de cuarentena los mecanismos de propagación de la inflación se amortiguan y el traslado a precios de un salto en la brecha cambiaria y eventualmente del dólar oficial es menor mientras se sostenga el “aislamiento social”. Ciertamente no es evidente que este bajo traslado a precios se sostenga una vez que se empiecen a levantar las restricciones y quede la emisión monetaria. Sin un esquema de estabilización, el riesgo de fogonazo inflacionario y/o correrse a un escenario de alta inflación no está lejos.
– Este segundo trimestre va en camino de convertirse en el peor de la serie histórica en términos de caída del país ¿Qué estimación hicieron en Eco Go Consultores?
La caída del EMAE de 12% en marzo incluye los últimos 10 días del mes de la cuarentena más rígida (la fase 1) y los primeros 20 días donde la economía operaba sin restricciones. Un ejercicio que hicimos desde Eco Go donde intentamos descomponer esta dinámica utilizando información del Google movility report e información del consumo de energía, nos dio que la economía habría caído casi 40% interanual en los últimos 10 días de marzo. Proyectando ese arrastre para el segundo trimestre y considerando la apertura gradual que ya se fue dando desde entonces, calculamos un segundo trimestre cayendo en promedio 17% anual (28% en abril, 15% en mayo y 10% en junio).
– ¿Para el resto del año?, el FMI previa en abril una contracción de 5,7%, pero ahora ese número parece que ya fue severamente superado…
Parados a hoy, la estimación del FMI luce optimista. Partiendo de la proyección del segundo trimestre, aún pensando en una normalización de la economía a partir de julio, la caída promedio en el año va a estar en la zona del 9%, dejando un arrastre estadístico muy positivo para el 2021 en torno a 4%. Si bien el rebote se va a producir sólo como consecuencia del levantamiento de las restricciones, la capacidad para empezar a crecer va a estar asociada además a la forma en la que el país logre estabilizar la demanda de pesos y evitar una disparada inflacionaria.
– Sobre esa base, ¿Qué medidas debiera tomar el Gobierno para facilitar la reactivación cuando considere que estén dadas las condiciones para levantar totalmente la cuarentena, aunque con protocolos de higiene y distanciamiento?
El Gobierno debería encontrar mecanismos para: 1) estabilizar la demanda de pesos y asegurar que la inflación no salte un nuevo escalón en la medida que las restricciones se vayan levantando; 2) asegurar que el salto en el déficit fiscal es transitorio; 3) una negociación de la deuda que reduzca el riesgo de litigio; y 4) fundamentalmente la capacidad para manejar la puja distributiva el día después. Las mismas cosas que sosteníamos debía incluir un programa de estabilización en el arranque del mandato: Consistencia fiscal, manejo de la puja distributiva y negociación de la deuda.
– ¿Qué le parece la iniciativa de la diputada Fernanda Vallejos de que el Estado tome participación en las empresas a las que le dio auxilio financiero y monetario para que puedan pagar salarios?
La situación global es ciertamente anómala y estas discusiones que en Argentina parecen trastocadas son cosas que se empiezan a discutir en el mundo detrás de los enormes paquetes para solventar los gastos directos de las empresas. Pero además también hay una discusión sobre si en vez de comprar deuda de las empresas en el mercado, no deberían comprar participación accionaria. En Argentina, el manejo ineficiente del Estado, la historia de déficit crónico de las empresas públicas descapitalizadas y con servicios de baja calidad, y el intento de controlar a las empresas a partir de la participación accionaria heredada de la estatización de las AFJP, genera enormes temores respecto a este tipo de proyectos.
– Pese al severo debilitamiento de las finanzas públicas, ¿Cree que el Gobierno debiera dar señales de alivio impositivo, como eliminación de retenciones a las exportaciones de los sectores con baja intensidad de mano de obra y alto potencial para general divisas, como el agro pampeano, la minería y la industria extractiva de hidrocarburos?
El esquema impositivo en Argentina está patas para arriba. Una enorme presión fiscal sobre los sectores que tributan con una altísima informalidad que está creciendo a pasos agigantados en los últimos meses y donde el financiamiento con el fisco se ha vuelto uno de los mecanismos más aceitados para financiar el capital de trabajo de las empresas en la transición. Al mismo tiempo, dada la necesidad de reducir el déficit fiscal, el margen para reducir impuestos y/o alícuotas es acotada sin generar una mayor descalabro en las finanzas públicas, donde además cada reforma tributaria tiene que negociarse con las provincias dada la coparticipación de impuestos que recauda la Nación.
Las retenciones son una discusión aparte. En un esquema de estabilización y después de un salto cambiario son inevitables para moderar el traslado a precios locales y asegurar el cierre fiscal que permita avanzar en una estabilización. El problema principal es que en un contexto con una brecha cambiaria como la actual se tornan inviables. No es sostenible un dólar de $46 para los productores sojeros mientras el contado con liquidación opera en $115. La contracara de esta dinámica se ve reflejada en la presión sobre el BCRA que está vendiendo dólares en el trimestre de oro (cuando sale la cosecha) y en medio de una recesión brutal.
Quizás después de un descalabro como el actual, haya una oportunidad para barajar y dar de nuevo aprovechando la coyuntura para simplificar la estructura tributaria. Pero cualquier intento de reforma impositiva va a tener que enmarcarse en un esquema de estabilización que incluya un compromiso con reestablecer el equilibrio de las cuentas públicas.
– ¿Qué implicancias tendrá para la economía la reestructuración de la deuda pública con privados a 4 años de haber cerrado el capítulo del default anterior, y que este jueves se decidió postergar por 10 días?
Sin acceso al financiamiento en el mercado y con un programa con el FMI que se cortó después del resultado de las PASO, Argentina estaba obligada a ir a una reestructuración con el sector privado. La no transición, incluso después de asegurado el resultado electoral a fines de octubre de 2019 y la demora una vez arrancada la gestión actual, descapitalizó al BCRA vía el uso de reservas para pagar vencimientos dilapidando recursos que hubieran sido valiosísimos para cerrar la negociación. Parados a hoy, después de un rechazo a la primer propuesta del ministro Martín Guzmán y cuando ya se gatilló el default formal de los bonos globales, el Gobierno se sienta a la mesa de negociación con los tres grupos de bonistas que acercaron propuestas.
La expectativa es que se avance en un acuerdo. No es evidente que sea sin holdouts, sobre todo en los bonos del canje 2005/2010 que requieren mayorías mucho más altas que los globales. Avanzar en un acuerdo es condición necesaria para intentar estabilizar la demanda de pesos y evitar un corte total del crédito al sector privado. No es suficiente sino se avanza en un esquema de estabilización.
