Por fin terminó la transición. El 10 de diciembre Alberto Fernandez recibió de Mauricio Macri el bando y el bastón presidencial, y el discurso inaugural de la gestión mostró un muy interesante intento de empezar a acotar la grieta balanceando entre demandas infinitas que provienen de todas partes.
A una semana de iniciada la nueva gestión, y luego de una no transición que agudizó los costos de la herencia como contracara del adelantamiento en los pagos de retenciones y el uso del dólar y las tarifas como ancla después de las PASO con una inflación que acumula el 18,5% hasta noviembre, el flamante gobierno empieza a mostrar los primeros lineamientos de un plan.
Plan que intenta recomponer la capacidad de compra de los sectores de menores ingresos (jubilados, trabajadores y perceptores de planes sociales) a partir de sumas fijas apuntando a achatar la pirámide y apuntalar el consumo en el margen moderando la presión sobre la brecha cambiaria y sobre el desequilibrio fiscal.
Nada fácil en un contexto de cierre al crédito y de desplome en la demanda de pesos contenida con un cepo extremadamente rígido que sirvió como un gran estabilizador de una transición post elecciones luego de una pérdida de reservas de US$23.000 millones desde las PASO, US$3.000 millones en los dos días previos.
El énfasis en la consistencia en el primer discurso del flamante ministro y puntualmente en que no hay lugar para monetizar un impulso fiscal, se empieza a viabilizar en los anuncios que trascienden respecto a los aumentos en impuestos: turismo y compra con tarjetas, retenciones, bienes personales y la postergación de la baja en aportes laborales amen de la autorización a las provincias para frenar la baja en ingresos brutos. Y también sobre los contenidos de la “Ley de solidaridad y reactivación productiva” que incluiría un intento de desagio de los esquemas previsional y tarifarios para incorporarlos dentro del acuerdo político de precios y salarios cuyos contenidos aún no están disponibles.
Con una inflación que, con el dólar y las tarifas contenidas desde agosto, finalizaría el año en torno al 55% interanual (4% mensual en los últimos dos meses), cualquier intento de frenar la nominalidad desde la política requiere cambiar la indexación contractual para incorporarla dentro de la lógica del acuerdo de precios y salarios necesaria para asegurar la consistencia fiscal.
El manejo de las retenciones (ya implementado aunque “licuado”), el manejo de las jubilaciones apuntando incorporar la nominalidad del gasto previsional en el acuerdo político ajustando la jubilación mínima hasta junio (cuando expira la movilidad devengada dado el rezago de seis meses) y el manejo de las tarifas (en un contexto donde la tarifa eléctrica cubre sólo 50% de un costo de generación en dólares), son determinantes para definir la consistencia fiscal.
A diferencia de 2001, esta crisis no era sistémica. Los bancos siguieron en pie a pesar de una corrida que se llevó el 40% de los depósitos en dólares y los niveles de endeudamiento y los flujos asociados en un mundo de tasas de interés muy bajas son mucho mejores que los vigentes entonces cuando se gatilló el default.
Pero si bien no hay un problema de solvencia implícito en los flujos, sin acceso a los mercados de capitales y con un BCRA que no tiene reservas suficientes para afrontar los vencimientos de dólares del próximo año (US$14 mil millones en el mercado), ni puede emitir los pesos que requieren financiar los vencimientos en moneda local ($1.2 trillones equivalentes al 80% de la base monetaria), se requiere avanzar en un rápido reperfilamiento que permita descomprimir el programa financiero.
Con precios de los bonos en torno al 40% del valor nominal y con el 75% de los vencimientos de mercado en 2020 emitidos con legislación local, el margen para evitar un default reperfilando por decreto la ley local es alto, mientras se buscan las mayorías que requieren las cláusulas de acción colectivas de los bonos con legislación extranjera. Pero, la premura requiere un balance en los objetivos, sobre todo teniendo en cuenta que se perdió un tiempo infinito en la no transición. Y que mientras tanto, el flamante gobierno sigue pagando con reservas y pesos que emite el BCRA el 100% de los vencimientos de Letras que valen cerca del 40% a la espera de un seguro reperfilamiento.
El nuevo gobierno deberá arrancar el acuerdo de precios y salarios, con poco tiempo para reperfilar la deuda sin entrar en un evento de crédito, con menos colchón cambiario y tarifario para usarlos como semiancla en el proceso de desinflación, y con poco espacio para usar la nominalidad para asegurar la corrección fiscal dada la magnitud del anticipo de retenciones y la resolución que convalida la movilidad previsional en diciembre.
El plan de estabilización está en marcha. La agenda es complicada y no está exenta de riesgos.
