La visión de los Líderes.
Cuando todavía falta un año para las elecciones presidenciales, la economía enfrenta un escenario de escasez de dólares, agudizado por las trabas que –al menos hasta enero, cuando vence la cláusula RUFO- encontró en la Justicia norteamericana para retomar el acceso al crédito que había iniciado unos meses atrás al cerrar en forma acelerada (incluyendo vencimientos por US$2.800 millones dentro de la actual gestión) las cuentas pendientes con el CIADI, el Club de París y Repsol. Giro al crédito que intentó dar cuando quedó en evidencia la imposibilidad de seguir financiando el nivel de importaciones que requiere el impulso a la economía vía consumo, una vez que los superávit gemelos se transformaron en déficits y se utilizó prácticamente la mitad de las Reservas del BCRA.
El cepo cambiario implementado a fines de 2011, luego del rotundo éxito electoral de la gestión actual apalancada en una suba de salarios y jubilaciones en dólares de 50% y 70% en dos años respectivamente, contribuyó a estirar el desenlace limitando al mismo tiempo la suba en la tasa de interés interna necesaria para estabilizar la demanda de pesos. Aunque evidentemente no fue capaz de sortear los costos asociados a la restricción externa. La prohibición de la “fuga de capitales” fue más que compensada por el mayor desendeudamiento de la economía al incluir a las provincias y al sector privado -que hasta entonces manejaban algún endeudamiento neto por encima del repago de los vencimientos de deuda- y los intentos evidentes por parte del sector privado en su conjunto para proteger sus excedentes procurando acceder a las Reservas del BCRA a medida que la brecha cambiaria escalaba. La corrida a la compra de pasajes al exterior financiada en cuotas sin interés es sólo una muestra de la irracionalidad que se manejó durante estos meses, hasta que la devaluación de principios de año y el aumento en los costos por la vía fiscal limitó en parte estos comportamientos, aunque afloró otros que también ponen en jaque a las reservas del BCRA.
Dicho de otra forma, los desequilibrios externo y fiscal que maneja hoy la economía son graves teniendo en cuenta el aislamiento al crédito internacional, el bajo nivel de reservas del BCRA y los consecuentes costos asociados a la dominancia fiscal implícita en el financiamiento de casi 5 p.p. de brecha por parte de la entidad monetaria, imposible de ser manejados sin cepo. Y si bien es cierto que en la comparación internacional, una brecha de cuenta corriente de 0,8% del PIB y una fiscal de 4% del PIB (sin incluir recursos de ANSES y BCRA) no lucen exageradas teniendo en cuenta la enorme liquidez volcada hacia países emergentes que permite a economías como Bolivia y Uruguay tomar deuda al 4,5%, también es cierto que estos desequilibrios se montan sobre un enorme desajuste de precios relativos y una presión tributaria inéditamente elevada que requerirá ser revisada.
Ninguna de estas correcciones va a formar parte de la agenda económica en el año electoral, cuando la discusión en enero, una vez que la RUFO no aplique va a estar centrada en si se encamina o no la agenda al crédito necesaria para amortiguar el ajuste vía cantidades al cual está sometida la economía hoy.
Sin embargo, en adelante usar sólo el crédito para seguir creciendo vía consumo y dilatar las correcciones necesarias en un mundo donde la liquidez no se va a mantener para siempre, permitiría maximizar el crecimiento en el corto plazo pero seguramente significaría recaer en un futuro en los problemas de endeudamiento que trabaron el crecimiento en el pasado. Hoy la ventaja, no menor, es la baja deuda en el mercado de la cual parte la economía luego de años de desendeudamiento compulsivo.
Lo que estamos viendo es en gran medida consecuencia de haber forzado el corto plazo a través de un modelo que impulsó el consumo doméstico sin procurar establecer las condiciones necesarias para motorizar la inversión en los sectores generadores de divisas que son los que en definitiva van a permitir financiar el incremento en las importaciones que se requieren para hacer sostenible el aumento del consumo. Y sin procurar la consistencia fiscal necesaria para amortiguar el impacto inflacionario resultante del esquema de financiamiento del fisco adoptado en los últimos años vía Banco Central una vez que se perdió la caja y el acceso al crédito.
Pensar que sólo con “confianza” y abriendo la cuenta capital se solucionan los problemas difícilmente le permita al país encarar un sendero de crecimiento sostenido, más allá de que es probable que en el corto plazo resulte efectivo. Pero tampoco se pueden recuperar de un plumazo los equilibrios básicos cuando esto implica un ajuste brusco del nivel de actividad e importaciones. Volver a 2004/2005 cuando el superávit fiscal y de cuenta corriente ascendían a 3,5% y 2,5% del PIB, implica en lo inmediato importaciones y actividad 60% y 32% por debajo de los actuales. La posibilidad de acceder al crédito a tasas bajas permite pensar en un esquema de correcciones graduales, ciertamente una alternativa subóptima en términos de eficiencia económica frente al esquema de shock, pero necesario para moderar el impacto sobre los sectores más vulnerables.
En este sentido, corregir las distorsiones cambiaria y, fundamentalmente, tarifaria, requiere el uso intensivo de la política fiscal como mecanismo para ir desarmando los esquemas de transferencias cruzadas que en un principio se pensaron como mecanismo para moderar el traslado de la devaluación a precios y para financiar al sector público en el esquema de dólar alto, pero que se convirtieron en una traba para la inversión y en un marcado desincentivo al crecimiento de la productividad y las exportaciones a medida que el atraso cambiario comenzó a intensificarse.
La corrección no resulta sencilla. Se requiere una baja de retenciones y de tributos distorsivos para dar señales a la inversión en los sectores que acercan dólares por la cuenta corriente, al tiempo que deben bajarse gastos, fundamentalmente en subsidios vía algún sinceramiento de tarifas que también de señales a la inversión en sectores vinculados a infraestructura, energía y servicios públicos. Pero esta corrección tarifaria tiene impactos distributivos no menores, dado que hoy más de 20 puntos de la capacidad de compra de los salarios vienen dados por subsidios a las tarifas. Una corrección en estas últimas probablemente requiera un acompañamiento cambiario, generando impactos de primera y segunda vuelta sobre la inflación, que necesitarían ser encarados de forma consistente (posiblemente incluyendo algún grado de acuerdo social) para ubicar a la economía en un sendero decreciente de nominalidad.
