La lógica inicial de mantener congeladas las tarifas de los servicios públicos para limitar el traslado a precios de la devaluación a la salida de la convertibilidad debió haber sido revisada tiempo atrás en una economía que acumula en trece años una inflación mayor al 1.000%. Los costos de haber postergado esta decisión se reflejan en una grosera incidencia de los subsidios en el presupuesto de la Nación (más de 4% del PIB y una tercera parte del aumento en el gasto público de la última década), en la pérdida del superávit energético (de más de US$6.000 millones en 2006 a un déficit estimado en US$4.500 millones en 2015 luego de la caída en el precio del petróleo) y en la falta de inversiones, fundamentalmente en los sectores de transporte y distribución de gas y electricidad.
Es cierto que algunas decisiones se fueron tomando en forma tardía en los últimos años. El cambio de manos de YPF en 2008 primero y fundamentalmente la estatización en 2012 habilitaron un sendero de aumento en los precios de los combustibles locales, que hoy luego de la caída del precio internacional del petróleo a la mitad, los ubica casi 40% por encima de los internacionales. En el caso del gas y el agua por red, los aumentos de casi 300% durante el año pasado permitieron recomponer parcialmente el deterioro de los últimos años, algo similar a lo ocurrido con la duplicación de los boletos de los colectivos y trenes y la decisión de dejar sin subsidio a los subtes una vez que fueron transferidos a la CABA que derivó en una multiplicación por cinco de la tarifa en tres años.
Sin embargo, todavía queda camino por recorrer, y si bien la incidencia de estas tarifas en el bolsillo es acotada, producto del congelamiento previo, también es cierto que los aumentos que se requieren no son políticamente viables ni recomendables si se pretenden hacer de una vez. Multiplicar por nueve la tarifa eléctrica, o por tres la de transporte generaría un salto en la inflación de al menos 15 p.p. de una vez. Que no se pueda hacer de un salto, no significa que no haya que empezar a hacerlo y esto va a requerir decisión de política que plantee un esquema gradual con tarifa social, sobre todo si se pretende al mismo tiempo, aprovechar el aire fiscal que daría un desarme gradual de este esquema para dar competitividad por la vía fiscal acotando la incidencia de las retenciones (en forma inmediata a las economías regionales y a la industria), y pagando reintegros y devoluciones de IVA en tiempo y forma.
