El esquema de retenciones a las exportaciones y subsidios a las tarifas de servicios públicos implementado a la salida de la Convertibilidad para limitar el traslado a precios de la brusca devaluación, fue eficaz en los primeros años. Todavía en 2005 cuando el adelanto cambiario se había achicado pero los precios internacionales seguían favoreciendo a las exportaciones, el esquema podía justificarse. En ese momento las retenciones más que triplicaban el monto de subsidios (2% del PIB vs. 0,6% en uno y otro caso), situación que continuó algunos años más, en parte por el aumento en las alícuotas al petróleo y al agro a fines de 2007 que llevaron la recaudación por retenciones a casi 3% del PIB, mientras los subsidios escalaban al 2,5% del PIB. Este intento de seguir aumentando la presión fiscal encontró su límite con la Resolución 125 de principios de 2008 que derivó en la crisis del campo.
Siete años más tarde, este esquema fiscal se terminó por distorsionar. El año pasado, los cobros por retenciones alcanzaron a 2% del PIB mientas que los subsidios llegaban al 4,1% del PIB. En tanto, la combinación de un tipo de cambio menos competitivo con la caída en los precios de los commodities terminó por distorsionar la rentabilidad en la mayor parte de los sectores alcanzados por este esquema en un contexto donde el déficit fiscal primario sin contabilizar las ganancias devengadas del BCRA alcanzaría este año a 4% del PIB, 5% si se incluyen los intereses de la deuda en manos del mercado. ión por retenciones a casi 3% del PIB, mientras los subsidios escalaban al 2,5% del PIB. Este intento de seguir aumentando la presión fiscal encontró su límite con la Resolución 125 de principios de 2008 que derivó en la crisis del campo.
Desarmar de una vez este esquema resulta políticamente inviable, sin embargo trabajar sobre ambos componentes del presupuesto resulta fundamental si se pretende volver a dotar de competitividad a los sectores exportadores evitando una devaluación brusca y/o un aumento en brecha fiscal partiendo del desequilibrio mencionado. or este esquema en un contexto donde el déficit fiscal primario sin contabilizar las ganancias devengadas del BCRA alcanzaría este año a 4% del PIB, 5% si se incluyen los intereses de la deuda en manos del mercado. ión por retenciones a casi 3% del PIB, mientras los subsidios escalaban al 2,5% del PIB. Este intento de seguir aumentando la presión fiscal encontró su límite con la Resolución 125 de principios de 2008 que derivó en la crisis del campo.
Con la mitad del gasto público representando componentes inflexibles a la baja (salarios, jubilaciones y planes sociales), una readecuación del esquema de subsidios aparece como una posibilidad financiar un esquema que devuelva rentabilidad a la exportación utilizando una combinación que incluya un desarme de las retenciones (rápido a las economías regionales que sólo representan el 6% de los $84.000 millones que se cobraron el año pasado), el uso de reintegros y un esquema que reduzca el costo financiero de la devolución del IVA y el pago de estos últimos. –EndFragment–> ión por retenciones a casi 3% del PIB, mientras los subsidios escalaban al 2,5% del PIB. Este intento de seguir aumentando la presión fiscal encontró su límite con la Resolución 125 de principios de 2008 que derivó en la crisis del campo.
Del total de subsidios, aproximadamente dos tercios ($128.000 millones en 2014, 2,9% del PIB) corresponden a transferencias para evitar trasladar el costo real de generación de energía eléctrica a los usuarios finales, principalmente en el segmento residencial. (rápido a las economías regionales que sólo representan el 6% de los $84.000 millones que se cobraron el año pasado), el uso de reintegros y un esquema que reduzca el costo financiero de la devolución del IVA y el pago de estos últimos. –EndFragment–> ión por retenciones a casi 3% del PIB, mientras los subsidios escalaban al 2,5% del PIB. Este intento de seguir aumentando la presión fiscal encontró su límite con la Resolución 125 de principios de 2008 que derivó en la crisis del campo.
En el caso de CAMMESA, que recibió subsidios por 1,6% del PIB ($71.000 millones) en 2014, la magnitud del atraso tarifario puede observarse comparando los costos de generación y transporte en el mercado mayorista (aproximados por el precio monómico medio), que promediaron $563 con el precio pagado por las distribuidoras, que alcanzó a $95. Según esto, para equilibrar el mercado mayorista y eliminar los subsidios a CAMMESA se requeriría multiplicar por seis el precio abonado por las energía (sin contar la distribución y el transporte), algo que no resulta viable en términos políticos. ión por retenciones a casi 3% del PIB, mientras los subsidios escalaban al 2,5% del PIB. Este intento de seguir aumentando la presión fiscal encontró su límite con la Resolución 125 de principios de 2008 que derivó en la crisis del campo.
No obstante, podría pensarse en adecuar los subsidios al poder adquisitivo de los usuarios vía algún mecanismo de segmentación, virando también a un esquema de subsidio a la demanda y no a la oferta, con precios que representen el verdadero costo de producción e incentiven una mayor eficiencia en el consumo, Vale recordar que en Argentina casi un 65% de la generación proviene de fuentes térmicas, donde se cuentan todavía algunas máquinas de más de 50 años de antigüedad que funcionan con combustibles líquidos y registran una muy baja eficiencia económica y ambiental. Incluso la importación de gas, combustible que explica el 75% de la generación térmica y casi la mitad de la generación total, incide fuertemente en la cuenta de subsidios de ENARSA, a la que el Tesoro destinó $40.000 millones (0,9% del PIB) en 2014. is del campo.
Las alternativas de política son amplias para virar a un esquema más eficiente y equitativo. Siempre teniendo en cuenta que la alternativa de “no hacer nada”, en un contexto de alta nominalidad, implica en los hechos una decisión de aumentar el subsidio real que perciben las familias cuyos ingresos ajustan año a año. la generación proviene de fuentes térmicas, donde se cuentan todavía algunas máquinas de más de 50 años de antigüedad que funcionan con combustibles líquidos y registran una muy baja eficiencia económica y ambiental. Incluso la importación de gas, combustible que explica el 75% de la generación térmica y casi la mitad de la generación total, incide fuertemente en la cuenta de subsidios de ENARSA, a la que el Tesoro destinó $40.000 millones (0,9% del PIB) en 2014. is del campo.
