Con un timing cuanto menos discutible, la decisión de la Corte Suprema de hacer lugar al planteo que Córdoba, Santa Fe y San Luis vienen haciendo desde 2008 –cuando se eliminó la pata privada del sistema previsional- acerca de la inconstitucionalidad de la detracción del 15% de la masa de impuestos coparticipables para el financiamiento de obligaciones previsionales constituyó un cimbronazo para la administración que arranca, sobre todo considerando la brecha fiscal de partida. A esto se suma la decisión, el día siguiente al fallo, de extender el período de gracia hasta el 31 de diciembre de 2016 para el pago de las deudas incluidas en el Programa Federal de Desendeudamiento, lo que implicaría postergar pagos a la Nación por casi $9.500 millones. También dispuso dejar sin efecto los desistimientos que las provincias hubieran realizado en lo referente a reclamos por coparticipación, lo que elimina un impedimiento para los distritos alcanzados y que eventualmente buscaran sumarse al fallo de la Corte.
Si bien el fallo de la Corte abría la posibilidad para que otras provincias se sumaran al fallo por los juicios, el Gobierno Nacional acortó los tiempos y a través del decreto 2635/15 extendió el mismo a todas las provincias, restando capacidad de negociación al gobierno que asume en menos de una semana. Vale recordar que la detracción que fue introducida en 1992 para financiar el “agujero” fiscal de la ANSES se fue prorrogando a través de sucesivos pactos fiscales, sobre todo a partir de 1994 cuando coincidió la privatización del régimen de pensiones con el traspaso de las cajas de 11 provincias a la Nación. Estos acuerdos incluían el financiamiento de los desequilibrios de las cajas provinciales no transferidas y en paralelo un esquema de armonización de los regímenes provinciales con los de la Nación, algo que nunca se efectivizó. Las provincias incluidas en el fallo alegaron que dicha necesidad perdió razón de ser una vez que el sistema volvió a ser completamente estatal en 2008, e iniciaron sus reclamos luego de que la Nación dejara de transferirles los fondos por el déficit de las cajas a aquellas que nunca resolvieron la situación.
En términos fiscales, una vez extendido el fallo por decreto a la totalidad de las provincias y tomando como base las proyecciones fiscales de 2016, la ANSES perdería el próximo año recursos por $132.000 millones, de los cuales $75.000 millones irían a las Provincias y el resto a la Nación. Debe tenerse en cuenta, además, que cuando se inició el reclamo, la ANSES era superavitaria. Algo que hoy ya no ocurre dada la incorporación de casi 4 millones de jubilados entre las dos moratorias y la movilidad previsional -ambas leyes votadas por el Congreso por unanimidad y el uso de fondos de la ANSES para otras políticas de carácter social (AUH, Plan Conectar, etc), también con elevado consenso de la política. En los doce meses previos a octubre, la ANSES registró un superávit contable de $56.600 millones, que se reduce a $10.000 millones si se netean las rentas del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (algo que en rigor si se utiliza se hace a costa de una licuación del Fondo dada la nominalidad a la que se mueve la economía). Si se excluye además la porción del 15% de la masa coparticipable que ahora iría a las provincias, el resultado se hubiera tornado en un déficit de $45.000 millones, 0,7% del PIB.
En principio este cambio no modifica la movilidad jubilatoria ni afectaría a los haberes, ya que los ingresos se contabilizan como transferencias figurativas y no como ingresos tributarios, dejando en evidencia la visión parcial que existe cada vez que se toman decisiones al respecto. Se cuida a los jubilados, a costa de un aumento en la brecha fiscal de la Nación. Al final de cuentas, la seguridad social representa casi el 40% del gasto y viene siendo en los hechos el talón de Aquiles de la consistencia macroeconómica cada vez que se gastaron los fondos acumulados que se generaron al inicio del esquema previsional, y más tarde en los noventa como contracara de desviar (a costa de un desfinanciamiento del fisco) los flujos de aportes personales para ser destinados a cuentas de capitalización privadas. Evidentemente, el nuevo gobierno podría intentar anular los efectos del decreto que extiende el fallo a la totalidad de las provincias, aunque lo haría asumiendo un costo político no menor debido a la necesidad de consensuar en el Congreso la anulación del DNU (que tiene fuerza de ley) con los propios gobernadores a quienes el gobierno actual otorgó los recursos. Claramente esta decisión agrava las necesidades de financiamiento de la Nación (considerando la brecha desde la que se parte y los anuncios vinculados a reducción de la presión tributaria en Ganancias y derechos de exportación) y obliga a un pacto fiscal con las provincias que vuelva a poner sobre la mesa la discusión sobre las transferencias discrecionales y las leyes especiales (como el fondo sojero y el FONID) hoy vigentes. Aquí se incluye también el Fondo del Conurbano (dispuesto por ley) que se distribuye entre todas las provincias ($36.000 millones estimados en 2015) una vez que lo que recibe la Provincia de Buenos Aires sigue fijo en $650 millones.
También debe darse una discusión más amplia sobre la deuda de las provincias con la Nación que hoy se viene licuando dadas las bajas tasas (en torno al 6%) que devenga. La situación actual muestra como los costos de salida terminan creciendo exponencialmente cuando por años o décadas no se encaran las situaciones de fondo y se recurre sistemáticamente a parches que sólo profundizan las distorsiones y que muchas veces pasan desapercibidos durante las épocas de abundancia de recursos. Al final de cuentas, una nueva ley de coparticipación está pendiente desde 1996 cuando venció el plazo que imponía la Constitución de 1994 para aprobarla, sin que se registraran avances al respecto desde entonces. Un momento más auspicioso para discutirlo probablemente hubiera sido hace algunos años, cuando el aumento de la recaudación impositiva hubiera permitido avanzar hacia consensos que son claramente más complejos de alcanzar cuando no hay margen para seguir incrementando la presión tributaria.
