La moderación del crecimiento del Gasto Público –condición necesaria para lograr una trayectoria declinante de la inflación – luego del extraordinario aumento de casi 50% en 2007 y en un contexto donde los precios aumentan a un ritmo cercano a 20% anual, no resulta tan sencilla. Aún cuando sin moratoria previsional y con los aumentos ya acordados en Jubilaciones, el Gasto previsional que explicó nada menos que la mitad de la suba en 2007 se modera significativamente, la contrapartida es la presión creciente de los subsidios en una economía que intenta desde la política económica aislar la inflación internacional sin disponer de la herramienta cambiaria en un mundo donde el dólar se devalúa significativamente frente al resto de las monedas. En 2007 el monto de subsidios otorgados al sector privado alcanzó $16.100 millones, casi el doble que en 2006. Un 60% de esta suba obedeció a transferencias para paliar los problemas energéticos generados en un invierno que se caracterizó por ser más frío que el promedio y con menor hidraulicidad, un 30% a mayores subsidios al transporte y el resto al sector de alimentos. De cara a 2008, los aumentos anunciados en tarifas sólo alcanzaron al transporte, por lo cual el objetivo implícito en el Presupuesto 2008 de mantener estable el monto en pesos de los subsidios y licuarlos como porcentaje del gasto a partir de la inflación, tiene cada vez menos probabilidad. Con un barril de petróleo casi 65% por encima del precio vigente a mediados de 2007, las transferencias al sector privado para energía deberían aumentar considerablemente. A esto se suma el esquema de subsidios cruzados al sector agroalimentario financiado con retenciones a la soja, instaurado a principios del año pasado para limitar el traslado a precios locales de la inflación internacional, que tardó en implementarse varios meses, pero empezó a crecer muy rápido hacia fines de 2007 y no se descarta que el monto de $1.000 millones desembolsado el año pasado se triplique a lo largo de 2008. Con estos datos puede esperarse un nuevo aumento de los subsidios en torno a 50/60% ($ 8.000 millones) lo que anticipa, suponiendo un menor crecimiento en los gastos de capital y un aumento salarial acorde con la pauta establecida en las paritarias privadas, un aumento en el gasto público de la Nación en torno a 35%.En este contexto, y en un escenario de precios altos de los commodities -en marzo los precios de las materias primas superan en 25% los de noviembre pasado-, se enmarca la nueva suba en las retenciones al sector agrícola que al impactar fundamentalmente sobre la soja, producto que no se consume en el mercado interno, presenta –evidentemente- efectos limitados para la contención de la inflación y en cambio sugiere un claro contenido de caja. La movilidad incorporada en el flamante esquema de retenciones y la diferenciación implícita en las alícuotas a la exportación primaria y a las manufacturas, y entre cultivos –se favorece en términos relativos al maíz y al trigo respecto a la soja y el girasol- dan cuenta de un esquema de alineación de incentivos orientado a frenar algo el avance de la soja, y a los precios actuales, resulta en un aumento de la presión tributaria sobre el agro equivalente a 0.9% del PIB y un aporte al Tesoro de $7.000 millones en 2008. Claro que este monto dependerá, dado el esquema móvil, de la trayectoria de los precios internacionales: si los precios suben 20% respecto a los niveles actuales, el aumento en la recaudación ascendería a $13.000 millones, mientras que si caen 20% el monto recaudado se ubicaría sólo en torno a $1.400 millones. De todos modos, en un escenario de debilidad del dólar en el mundo, no se espera en el corto plazo una corrección demasiado abrupta de estos precios, siendo factible la confirmación para este año de un nuevo impulso a la recaudación. El escenario se completa con el aumento en las retenciones al gas, vía equiparación del precio de exportación con el de importación, y la apropiación del excedente que representa unos $700 millones adicionales. Es decir, a los precios actuales, ambas medidas financian por completo la suba en el gasto originada en la política de subsidios para contener la inflación. Luego de estas medidas, las retenciones en 2008 casi duplicarían el monto destinado a subsidios ($46.500 vs. $24.500). Con estos fondos adicionales, el Gobierno se asegura un aumento en la recaudación (44% -$285.000 millones) para afrontar un aumento del gasto en torno a 35% y al mismo tiempo recuperar un superávit fiscal tal que le permita cubrir las necesidades de financiamiento del año. Con un superávit primario en torno a 4% del PIB y vencimientos de intereses y amortizaciones por 4,4% del PIB cuando se excluye el vencimiento de la letra del BCRA y el cumplimiento del programa de recompras de deuda, el programa financiero estaría prácticamente asegurado. Ensayar un camino de autonomía financiera que mantenga a la economía argentina relativamente protegida de los vaivenes bruscos de los flujos de capitales, requiere -cuando hay voluntad de pagar- de un altísimo superávit fiscal. Nunca más cierto, además, cuando dicha autonomía resulta impuesta en los hechos por la falta de crédito derivada de una crisis financiera internacional de consecuencias imprevisibles.Hoy el sector agropecuario es el pato de la boda, y probablemente resulte una injusticia, especialmente si se toman en cuenta las elevadísimas alícuotas del 70% y hasta el 95% que podrían eventualmente aplicarse para precios internacionales muy elevados. No obstante ello, también resulta claro que la necesaria profundización del proceso de desendeudamiento y normalización financiera, sólo es consistente -al menos para los próximos años- con una muy alta presión impositiva en términos históricos. Hoy por hoy, y dada la prioridad en el cumplimiento de estos objetivos, la alquimia de la política económica logró transformar a la soja en pato. * Economista y Director de Estudio Bein & Asociados
