Mes a mes los números del IPC sorprenden con un aumento en la inflación menor al esperado por el mercado, derivando en una corrección de las expectativas, que a esta altura del año ya rondan 10,4% para todo 2006 desde niveles cercanos a 13% a fines de 2005, y seguramente vuelvan a reducirse en las próximas mediciones. En siete meses los precios acumulan un aumento de 5,5%, 1,6 p.p. menos que en el mismo período de 2005, y teniendo en cuenta la menor estacionalidad en la segunda parte del año, el aumento del IPC en 2006 cerraría algo por encima de 9%.
Sin embargo, y aún cuando la tasa de inflación se ubica por primera vez dentro del rango proyectado por el BCRA en su Programa Monetario (en 2003 y 2004 se situó por debajo del límite inferior y en 2005 por encima del superior), la inflación continúa estando en el centro del debate. Indicadores alternativos de precios como el deflactor del PIB, o de percepción de la inflación como el elaborado por la UTDT y otros que surgen de descomponer el IPC concentrándose sólo en aquellos productos no sujetos a regulaciones directas y a autorregulaciones “acordadas”, muestran aumentos en los precios mayores que los del índice agregado (14,7%, 18% y 17% respectivamente vs. 10,6% del IPC). Incluso se habla de la existencia de “una inflación paralela”.
La percepción de que la inflación es más alta obedece en gran medida a que la desaceleración se concentra en determinados rubros (básicamente bienes), mientras que el resto de los precios, fundamentalmente los de servicios no regulados siguen aumentando a tasas elevadas. De hecho, la menor suba de los alimentos explica la mitad de la desaceleración de la inflación en los primeros 7 meses. Cuando se analizan los índices de difusión del IPC resto, en julio se observan aumentos en el 100% de los servicios no sujetos a regulaciones, con una suba de 17,2% i.a., mientras que en los bienes la difusión alcanza “sólo” al 60%, con un aumento promedio de 8,8% i.a.
¿Qué es lo que explica estos movimientos? Aún cuando suene trillado, el proceso de recomposición de precios relativos en una economía que devaluó su moneda más de un 70% a fines de 2001, todavía no está completo. Precisamente, parte de la inflación que observamos obedece a esta recomposición, que a partir de 2005 comenzó a darse junto a un mayor aumento en los precios de los bienes, en un contexto de menor capacidad ociosa, fuerte impulso de la demanda interna y externa (a partir de la apertura de nuevos mercados, como en el caso de la carne y los lácteos), deslizamiento hacia arriba del tipo de cambio nominal, inflación importada en alza (fundamentalmente en commodities) y efectos de segunda ronda emanados de la recomposición salarial y de las tarifas energéticas mayoristas (que no son otra cosa que parte del proceso de recomposición de precios relativos).
Ya en 2006, y con la cuadruplicación del ritmo de aumento de los precios entre 2003 y 2005, moderar el aumento en la inflación pasó a estar también entre las prioridades de política económica, sin modificar los objetivos de política monetaria (concentrados en acumular reservas y mantener un dólar alto), ni de política fiscal (que continuó siendo expansiva). El rol del Gobierno se concentró en forma directa en mantener sin cambios los precios regulados, financiándolos con mayores subsidios e inversión pública, -sólo en los últimos días habilitó algunos aumentos, a “cuenta gotas” y de reducido impacto en el indicador, al transporte automotor de larga distancia y a los aviones- y profundizando la política de “acuerdos” de precios, fundamentalmente en sectores productores de bienes. En forma indirecta actuó a través del techo establecido en los convenios para los aumentos salariales.
La política de “acuerdos” tuvo dos ejes: trabajar sobre los sectores productores de insumos, fundamentalmente en aquellos donde existe una demanda creciente del sector externo, con precios significativamente más elevados y trabajar sobre los precios de los bienes finales, fijando un set de productos con precios “acordados”. En el primer caso el impacto fue elocuente. Lo ocurrido con las carnes fue ejemplificador para el resto de los sectores, que en gran medida prefirieron “autolimitar” las exportaciones asegurando el abastecimiento al mercado interno a que sea el Gobierno el que establezca prohibiciones, cupos o aumento en las retenciones. En el caso de los “acuerdos sobre precios finales”, el principal mérito parece haber sido evitar aumentos sectoriales muy por encima del promedio del IPC, con el objeto de no ser el próximo sector “regulado”. Si bien los acuerdos apuntaban a mantener congelados un conjunto de precios tratando de replicar la canasta que releva el IPC, la gran cantidad de productos incluidos en la medición del indicador (115.000 productos en 8.000 locales), hace extremadamente difícil matchear los acuerdos con la canasta. De hecho, para cada variedad, los productos relevados en el local A pueden diferir del B, aún cuando ambos dependan de una misma cadena, y al mismo tiempo pueden cambiar si la oferta no es suficiente, lo cual hace todavía más dificultoso alcanzar el objetivo.
En la medida en que se volvía más evidente el aumento de ciertos servicios, el Gobierno comenzó a poner en la mira a estos sectores con menor colchón de rentabilidad y donde la recomposición salarial los afecta más, aunque con menor éxito. Primero fue el Turismo, en donde la principal moderación observada en el índice de precios tuvo que ver con la redistribución de la demanda en cuatro semanas, gracias a que fueron escalonadas las vacaciones de invierno en las distintas provincias. Luego fueron los colegios privados, y ahora la medicina prepaga y los alquileres. En el caso de los colegios privados, donde la negociación derivó en el pago de cuotas extraordinarias, y no en un aumento de la cuota per se, no se logró moderar su incidencia sobre la inflación, ya que el IPC incluye todos los costos inherentes a la provisión del servicio. Con las medicinas prepagas todavía se está negociando, pero es factible que termine derivando en una reducción del servicio y no en un aumento del precio, algo que dada la metodología empleada por el INDEC debería quedar reflejado de todas formas. Finalmente, los malabarismos que se están haciendo para evitar un aumento en los alquileres, amén que de ser exitosos podrían impulsar los precios de los inmuebles y al mismo tiempo reducir la oferta de alquileres pari passu la demanda, podrían no tener efecto inmediato sobre el indicador. Por un lado, el INDEC incluye una muestra de contratos de manera tal que el aumento que se registra mes a mes esté en buena medida reflejando el costo marginal de los contratos que se van renovando, por lo que aún sin incrementos futuros en los precios, se verían aumentos en los próximos meses.
En resumen, la política de precios “acordados” fue exitosa en moderar la tasa de inflación y las expectativas a futuro reduciendo los riesgos de indexación, pero al mismo tiempo genera señales que no necesariamente contribuyen a aumentar la oferta futura en los sectores alcanzados, derivándose de ello una mayor intervención del Estado para compensar la rentabilidad vía subsidios o compensar la falta de inversión vía el aumento en los gastos de capital, reduciendo en los hechos la capacidad del sector público para esterilizar parte del excedente de divisas del sector externo, que aún a pesar de las restricciones a las exportaciones en sectores con problemas de oferta, prácticamente no ajusta.
La intervención en los sectores de transables (teniendo en cuenta las diferencias sectoriales y las señales a la inversión) está en parte compensada por la elevada rentabilidad que en promedio sigue manteniendo el sector a pesar del aumento en los costos. Un ejercicio para la industria a partir de la Matriz Insumo-Productomuestra que con datos al segundo trimestre, en el último año los costos subieron casi 4 p.p. por sobre los precios mayoristas de la industria (26% la mano de obra, 10% los insumos y 15% los servicios). Pero también refleja que a pesar de esa trayectoria, la rentabilidad sobre ventas después de impuestos y pago de intereses todavía se encuentra aproximadamente 5 p.p. por encima de la vigente en los ‘90 (en torno a 7%). En el caso de los servicios, la intervención se hace más dificultosa y es lo que reflejan las estadísticas de precios en cuanto a la continuidad del proceso de recomposición de precios relativos.
De algún modo, la sensación de que existe una inflación paralela, que afecta fundamentalmente a la clase media donde la participación de los servicios en la canasta es mayor, es correcta, aunque esto no necesariamente significa un “dibujo” del IPC, más allá de las mejoras metodológicas que puedan hacerse (como el cambio de base), sino que es más bien el reflejo de la recomposición de precios relativos “dirigida” que se observa, en una economía cuya política económica definió que el ajuste del tipo de cambio real se de vía una mayor tasa inflación, y que sigue creciendo a tasas superiores a las consistentes con el largo plazo.
*Directora Estudio Bein & Asociados
