| Más allá de las diferencias de matices entre las propuestas existentes y la forma en que el Gobierno anunció la universalización de las asignaciones familiares, pocas medidas han tenido en los últimos años tanto consenso. De izquierda a derecha todo el abanico de la oposición venía bregando por un movimiento en este sentido en los destinos del presupuesto público. En términos fiscales, el anuncio del Gobierno implica un gasto de $11.000 millones anuales, equivalente a poco más de 5 millones de beneficios, pero en términos netos el gasto se reduciría a $6.000 millones, ya que el nuevo esquema subsume a los beneficiarios de los regímenes ya existentes (Plan Jefas y Jefes de Hogar, Plan Familias y parte de los perceptores de las pensiones no contributivas). Es decir, en términos anuales el nuevo programa agregaría en forma directa 0,5 p.p. al PIB el próximo año, algo que en un contexto de liquidez mundial como el actual y sin cuellos de botella significativos por los próximos 15/18 meses, en una economía que sale de la recesión, impactarían de lleno sobre la economía vía un mayor consumo. Dicho de otra forma, parte de la inyección fiscal en un contexto donde las tasas de interés en pesos caen, se va a reflejar en cantidades y no sólo en un aumento en los precios. En función de esto y luego del anuncio que se dio apenas una semana después de la noticia que se reabría el canje, nosotros aumentamos nuestra estimación de crecimiento para el próximo año de 4,2% a 4,8%, de la cual más de 1,5 p.p. se explican por la normalización de la cosecha. Este impacto se va a ver reflejado particularmente en diciembre cuando a la vigencia parcial de este esquema que implicaría una erogación de $400 millones (a la fecha la mitad de los beneficiarios ya estarían inscriptos), se adicionen los pagos de una vez a jubilados con un gasto asignado en torno a $1750 millones y los pagos retroactivos de asignaciones familiares por $500 millones adicionales. Esta suma significa nada menos que un 10% del gasto mensual y un 1% del consumo del mes. Visto en perspectiva, este monto asignado a planes sociales, compensa la pérdida que registraron los mismos en el Presupuesto desde 2003. En ese año con el plan Jefas y Jefes funcionando a pleno, el monto del Presupuesto Nacional asignado a Planes sociales ascendía a 1,3% del PIB, mientras que en 2008 esta participación se redujo a 0,8%. Parte de esta caída obedeció a la incorporación de perceptores de planes sociales al mercado de trabajo, y otra parte, no menor, obedeció básicamente a la licuación de las prestaciones que, con excepción de las Pensiones No Contributivas, se mantuvieron prácticamente sin cambios a pesar de que los aumentos de precios alcanzaron al 200%. Es decir, con un Gasto Primario (neto de transferencias a Provincias) que aumentó nada menos que 6,5 p.p. desde entonces, los planes sociales se mantendrían prácticamente sin cambios luego de que se haga efectivo este esquema. De hecho la mitad del aumento del Gasto de la Nación (neto de transferencias a Provincias) obedeció a los subsidios y el resto se distribuye entre más obra pública y la moratoria previsional.Respecto al uso del presupuesto, y a diferencia de lo que ocurrió con la universalización del régimen jubilatorio implementado con la moratoria previsional -cuando la licuación de los haberes más altos financió en casi más de un 50% la ampliación del régimen- esta vez, la universalización se realizó luego de anunciar un aumento del 33% en las asignaciones familiares. Y se va a financiar a los nuevos beneficiarios y a los que provienen de regímenes anteriores con los flujos que genere la cartera del ANSES, liberando así Presupuesto del Tesoro. Es decir, van a volver a ser los jubilados actuales y futuros los que terminen financiando el esquema redistributivo. Evidentemente la capacidad de los jubilados para defender sus ingresos es mucho menor que la que tienen otros sectores y al igual que en la historia no muy lejana, sus fondos van a volver a ser licuados. Con una inflación del 15% anual, si se consume el flujo, en cinco años el valor del fondo se reduce a la mitad. Esto independientemente de que la revalorización de los activos en los mercados generó una recuperación significativa de los fondos comparada contra octubre de 2008.Por su parte, si bien el impacto sociales significativo, las distorsiones que presentan los datos del INDEC y la falta difusión de las bases de la EPH (recién hoy el INDEC anunció que volvería a difundir las bases de la encuesta, algo que no hace desde el Primer trimestre de 2007) dificultan medir su incidencia sobre la pobreza e indigencia. En el segundo semestre de 2006, último dato disponible antes de la intervención del organismo, la población con ingresos por debajo de la línea de indigencia alcanzaba a 8,9%. 26,9% cuando se utilizaba como benchmark la canasta de pobreza. Cuando se consideraba únicamente a los menores, ambos ratios alcanzaban a 14,3% y 40,5% respectivamente. Puesto en números esto significa que de los 11 millones de pobres que había en ese momento 5,5 millones eran menores y de los 3,5 millones de indigentes casi 2 eran menores. Teniendo en cuenta que la canasta de indigencia corregida por nuestra inflación se acerca a $270 por adulto equivalente, $200 tomando en cuenta un menor promedio, una focalización perfecta de este esquema permitiría reducir la indigencia en un 60%, a tasas de entre 4% y 5% de la población, nada mal. En el caso de la pobreza la respuesta no es tan intuitiva, ya que todo depende de la brecha de ingresos, algo de lo que no hay información disponible, pero si bien el impacto no va a ser pleno, tampoco va a ser neutro.Ahora bien, cualquiera que se oponga a una medida como la universalización de las asignaciones familiares, de estricta justicia distributiva y que forma parte de una deuda social no asumida, puede ser tildado de “neoliberal y reaccionario”. Sin embargo, no es el objetivo lo que se está discutiendo, sino la capacidad de financiarlo en el tiempo y cuáles serán los sectores sobre los que recaiga dicho fondeo. Algo que por ahora hacen los ahorros de los futuros jubilados. La falta de discusión sobre la sustentabilidad del esquema universal en términos intertemporales es un problema en un país donde no sería la primera vez que una distribución más justa del presupuesto es apoyada, pero años más tarde notamos que no es financiable. *Economista y Directora de Estudio Bein & Asociados |
