Las estadísticas deben ser un bien público.

Coincidimos con una de las afirmaciones del Jefe de Gabinete en su exposición frente al Congreso, aquella que sostuvo que “ninguna de las consultoras puede hacer el trabajo que hace el INDEC”. Es de perogrullo, ya que ninguna maneja un presupuesto de 15 millones de pesos financiado con recursos públicos destinados a la construcción de un índice de precios. De hecho, el primer párrafo de la nota metodológica de nuestro relevamiento de precios minoristas sostiene lo siguiente: “Para la elaboración del IPC-GBA el INDEC releva mensualmente más de 100.000 precios en 6.000 comercios y cuenta con un equipo de alrededor de 100 personas. Evidentemente, es imposible replicar tal emprendimiento desde el sector privado, y cualquier intento que se haga en este sentido tiene limitaciones. Sin embargo, la escasa credibilidad de la información oficial a partir de la intervención en enero de 2007 llevó a intentar reemplazar el vacío resultante con relevamientos alternativos que permitieran reconstruir la historia y continuar la serie hacia adelante. En este sentido, nuestro relevamiento apunta al seguimiento de la evolución promedio de los precios del área metropolitana de una canasta de bienes y servicios seleccionados”, cuya metodología estuvo publicada desde el principio y fue entregada a la Dirección de Lealtad Comercial con el primer requerimiento que derivó en la multa. Ergo, no acordamos con la segunda afirmación que sostiene: “Cuando uno les pregunta cómo lo calcularon, dicen que es una fórmula secreta”. En nuestro caso, claramente no se sostiene. El Estudio siempre hizo hincapié en las limitaciones que tenía la construcción de un indicador de precios desde el ámbito privado. A pesar de ello, siempre se realizó un trabajo a conciencia y fundamentalmente se mantuvieron criterios objetivos de medición de los precios de una canasta estable de Bienes y Servicios, tratando de replicar a escala sensiblemente menor el relevamiento que tradicionalmente realizaba el INDEC previo a la intervención con las limitaciones del caso. Es decir, en nuestro caso la afirmación de que “revolean” las estimaciones de sus relevamientos de precios no es justa y mucho menos la acusación de conspiración. Paradójicamente, fueron justamente estos sustitutos privados los que se convirtieron en un ancla de las expectativas de inflación, al perderse la referencia que históricamente representaba el INDEC antes de su intervención, y los que permitieron desmentir con algún sustento, los pronósticos más agoreros, que apuntaban a una espiralización peligrosa de la tasa de inflación cuando la casi duplicación del precio de la carne vacuna entre fines de 2009 y principios de 2010 generó un salto de una vez en la tasa de inflación anualizada. Más allá de la situación particular en la que estamos inmersos, en donde pasamos a estar en el banquillo de los acusados a partir de un procedimiento poco transparente en el cual paradójicamente el INDEC es juez y parte, vale volver a poner el foco sobre el rol de las Estadísticas Públicas y la importancia de que recuperen su credibilidad. *Directora y Analista de Estudio Bein & Asociados