El salario no es Ganancia. Este eslogan utilizado por sindicalistas y políticos de la oposición, incluyendo al propio Presidente cuando era oposición, y aseguraba que si él era gobierno los trabajadores no iban a pagar el impuesto a las ganancias, prende en una sociedad que enfrentó en los últimos años un aumento de 50% en la presión impositiva (de 21% del PIB en los noventa al 32% del PIB actual tomando Nación y Provincias), donde el impuesto a las Ganancias pasó de representar poco más del 20% de la recaudación en los 90 al 25% actual y donde la participación de este gravamen a las personas físicas representa casi el 50% de lo recaudado por Ganancias, el doble que en los 90.
Este aumento en la presión impositiva fue la resultante, no de una decisión normativa convalidada por el Congreso de la Nación, sino por el contrario del impacto que tuvo la inflación sobre el esquema vigente de mínimos no imponibles y tramos de impuestos fijos para definir quien quedaba alcanzado, quien no, y con qué alícuota. Esquema que sólo fue modificado parcialmente vía parches que se definieron en forma discrecional intentando ser capitalizados como una concesión anual del Gobierno a los trabajadores, llegando a generar en algunos casos situaciones ridículas como las de la reforma de 2013 cuando el alcance del impuesto quedó definido en función de los ingresos de ese año independientemente de la dinámica posterior de su salario, recreando en los hechos la “tablita” que había sido eliminada en 2009.
Situación que generaba situaciones desopilantes de alícuotas diferenciales para un mismo salario que fueron corregidas por los cambios implementados por la gestión actual en febrero pasado, con un impacto fiscal casi neutro. Es que la moderación de las alícuotas de quienes estaban alcanzados por la corrección al alza del mínimo no imponible, fue compensada por los aumentos salariales, pero fundamentalmente por la incorporación al impuesto de muchos de los que habían quedado excluidos por la reforma de 2013.
Nunca desde 2001 se corrigieron las escalas que definen las alícuotas, aun cuando la inflación acumulada desde entonces multiplica los salarios por 16. Y esta situación es la que llevó a que quienes quedaban alcanzados por el impuesto pagaran alícuotas cada vez más elevadas, ya que prácticamente todos quedaban alcanzados por los tramos más altos, llevando a situaciones confiscatorias y aumentando el mal humor contra el tributo cada fin de mes en sectores de clase media.
La propuesta del Gobierno apunta a corregir esta distorsión, ajusta los tramos de las escalas, más las de abajo que las de arriba, y propone un sendero de corrección gradual al 2019. Al mismo, tiempo divide en dos la escala más chica para bajar la alícuota de los de más abajo (del 9% actual al 5%), pero además reduce esta alícuota al 2% para aquellos que no pagaban hasta ahora el impuesto. La escala más baja que desde 2001 estaba fija en $9.000 la eleva a $61.000 anuales, y la escala más alta que era de $120.000 pesos anuales y pagaba el 35% se eleva a $426.000 anuales. El tramo más bajo aumenta a $124.000 en 2018 y $146.000 en 2019, mientras que el tramo más alto se eleva a $703.000 en 2018 y $979.000 en 2019.
En simultáneo, y dada la necesidad de minimizar el costo fiscal, el proyecto del Gobierno incluye un mínimo no imponible que se mantiene sin cambios (en rigor aumentan todos los componentes 15%, pero se excluye al conyugue, se reduce de 24 a 18 años la edad por la cual puede computarse la deducción por hijo y se elimina la deducción por ascendiente) por lo que en rigor incorporaría a nuevos trabajadores al impuesto. Esto seguramente va a estar sujeto a negociación en el Congreso.
El esquema genera, considerando una paritaria del 28% el próximo año, una reducción entre 2 y 4 p.p. en las alícuotas efectivas en todos los tramos aunque mayor en los de más abajo que en los de más arriba recuperando la progresividad del impuesto. Reducción en las alícuotas que se va ampliando hasta completar el esquema gradual en 2019 y que estaría amortiguada por la dinámica salarial hacia adelante ya que el esquema no incluye ningún tipo de indexación automática.
En todos los casos, las alícuotas de 2019 resultan superiores a las vigentes en el último año de la Convertibilidad, cuando ya se encontraba en vigencia la “tablita”. No obstante, debe recordarse que en ese entonces la presión tributaria del impuesto a las ganancias a las personas físicas, un impuesto progresivo y que constituye la columna vertebral de los sistemas tributarios en las economías avanzadas, era significativamente menor a la actual (1,4% del PIB frente a un estimado de 2,6% del PIB este año).
Es difícil mensurar el costo fiscal del esquema pero no parece neutro. Desde el vamos, corregir las groseras distorsiones del tributo era complicado, y había que empezar a hacerlo siempre teniendo en cuenta la progresividad del impuesto y las necesidades fiscales en un país con una brecha fiscal en torno a 4,8% del PIB antes de intereses y donde además las provincias también verían afectados sus ingresos por coparticipación. El proyecto parece incorporar estas necesidades aunque no estabiliza el esquema hacia adelante.
A contramano, la propuesta del Frente Renovador de duplicar el mínimo no imponible a los asalariados y casi triplicarlo a los jubilados sin proponer un cambio concreto en las escalas luce atractiva para la política pero no es viable, dado el agujero fiscal del que se parte.
Vale volver a recordar que este impuesto es central en los sistemas tributarios de los países desarrollados (donde se lo denomina “impuesto a los ingresos”), y es hacia donde debe tender la Argentina si pretende una estructura tributaria más eficiente y progresiva, aunque al mismo tiempo debe encontrar mecanismos para que la presión impositiva no escale con la nominalidad.
