Sin efectos del blanqueo, la recaudación de abril mostró el impacto directo de la caída en la nominalidad de la economía. El aumento de 24,6% interanual (i.a.) se monta sobre tres dinámicas muy claras:Los impuestos asociados al comercio exterior caen 3% interanual con un dólar que se ubicó apenas 6% por encima de abril de 2016 y un comercio que crece desparejo, derechos de exportación cayendo 29% e IVA Aduana asociado a las importaciones subiendo 12,5%.
Los impuestos relacionados con la actividad doméstica (IVA DGI, Ganancias y Débitos y Créditos) crecen en la zona del 30% interanual, algunos puntos por encima del aumento de la tasa de inflación (28% i.a.) que se sigue derrumbando desde el 45% que alcanzó en junio pasado. Esto estuvo impulsado por el IVA DGI, que mostró una dinámica algo mejor (33% i.a. en el mes) explicada en parte por el continuo desarme de stocks de las firmas propiciado por las señales del BCRA. Vale recordar que este impuesto es un saldo entre débitos y créditos (IVA ventas y compras respectivamente), y frente a una caída en los stocks aumenta transitoriamente el saldo a favor de la AFIP.
Por último, los impuestos asociados al empleo crecen en la zona del 33% i.a., en gran medida como contracara de la interanualidad de los salarios formales con aumentos que todavía se sostienen por encima del 30% en la mayoría de las paritarias (dada la forma en que se concretaron los aumentos en 2016 y los primeros acuerdos de 2017) y un nivel de empleo formal que se ubica por debajo del de un año atrás.
Si bien sería lógico que la recuperación de la actividad que se empezó a hacer más palpable en marzo, se sostenga a medida que nos acerquemos a octubre, traccionada fundamentalmente por el salto la obra pública y en menor medida del consumo, no es esperable que esto se vea reflejado en una mejora en el ritmo de crecimiento de la recaudación, más bien al contrario.
Es que la caída en el ritmo de inflación es mucho mayor a la aceleración del crecimiento. Y éste no es un dato menor, ya que la corrección fiscal requiere que el gasto crezca menos que los recursos, y con la mitad del gasto indexado al pasado (jubilaciones incluyendo la reparación histórica más planes sociales) y los senderos de reducción de alícuotas ya instrumentados (Ganancias, Bienes Personales y retenciones), una reducción muy agresiva de la inflación como la incluida en las metas del BCRA no cierra con las metas fiscales aun si se da la reducción de los subsidios implícita en el sendero tarifario, a menos que el Gobierno logre desindexar el gasto público, lo cual requiere “convencer” al Congreso.
Vale recordar que en 2016, el déficit fiscal antes de intereses aumentó 0,6 p.p. del PBI en relación con el heredado (1,6 p.p. cuando se netea de los ingresos del blanqueo), explicado en parte por la cancelación de la enorme deuda flotante que recibió el Gobierno en el arranque y en parte como contracara de los costos implícitos en las negociaciones políticas (Blanqueo con Reparación Histórica a los Jubilados, Fondos a Sindicatos, Paritaria Docente, Ganancias, etc.). Cada proyecto que entró al Congreso de la Nación con un costo en 2016 salió con uno más alto.
Esta trampa plantea un desafío no menor a la política. Para que la baja en la inflación sea sostenible en el tiempo se requiere un sendero de corrección fiscal que haga sustentable el endeudamiento. Pero, dada la estructura del gasto público, una baja agresiva en la tasa de inflación dificulta la corrección fiscal, sin mediar mecanismos que permitan romper la indexación. Más aún si se pretende avanzar en una reforma tributaria que baje la presión sobre los sectores formales de la economía. Y sobre todo, teniendo en cuenta el aumento en la carga de intereses que genera el endeudamiento del Tesoro y del BCRA.
Este año esta disyuntiva está parcialmente saldada. Por un lado, los objetivos de corrección fiscal implícitos en la meta de 2017 no son particularmente agresivos, y el sendero trimestral incluso holgado. Pero para adelante, si bien se corrigió el sendero presentado en el arranque de la gestión hacia uno más gradual, las correcciones prometidas no condicen con el propio sendero de desinflación que plantea el BCRA. Aun cumpliendo la meta de déficit fiscal antes de intereses de 4,2% del PBI en 2017 (5,2% cuando se netea el impacto del blanqueo), se requiere un ajuste fiscal de casi 2 p.p. del PBI para alcanzar la meta de 2018.
De momento, en el año electoral, con financiamiento ilimitado en los mercados la cuestión fiscal pasa a un segundo plano. Sobre todo cuando el propio discurso oficial reconoce el problema y lo plantea como una prioridad para 2018. Pero la necesaria corrección fiscal va a requerir aparte de la voluntad del Poder Ejecutivo, la generación de consensos en un Congreso sin mayorías (aun frente a un buen resultado electoral) y fundamentalmente la consistencia y coordinación en la definición de los senderos de política económica. Hoy los senderos planteados de inflación, corrección fiscal, reducción de impuestos y aumento de tarifas no lucen ser convergentes.
