Las señales mixtas que el BCRA mencionaba en su comunicado de Política Monetaria no se vieron reflejadas en la estadística oficial del INDEC. El registro de 1,3% conocido la semana pasada, se ubicó casi en línea con el dato de diciembre (1,2%), en tanto el IPC Core (excluyendo precios regulados o con alto componente impositivo y/o volátiles u estacionales) se ubicó por debajo (1,3% respecto al 1,7% de diciembre).
Los datos de la CABA (que por primera vez desde mayo desde que arrancó el IPC demoraron el calendario para que el INDEC salga antes) no acompañaron y se ubicaron más en línea con el que mostraba nuestro indicador de precios (1,9% vs. el 1,8% del RPM) en tanto el índice núcleo se ubicó en 2.0% vs. el 1,7% del RPM.
Semejantes diferencias en el Gobierno anterior no generaban ninguna duda respecto al manoseo que hacía de las cifras. Es más, diez años atrás, fue el dato de enero el que generó el inicio de la intervención con un INDEC que iba a publicar 2,1% y terminó (expulsión de la Directora de Precios del organismo y parte de su equipo mediante) en 1,2%. Y cuatro años atrás, los datos del IPC Nacional lanzado por el Gobierno anterior (IPC NU del INDEC) que habían arrancado bien al principio con la flamante publicación de enero, terminaron perdiendo rápidamente credibilidad cuando empezaron nuevamente las divergencias con las estadísticas alternativas a mediados de año.
Hoy, con la reputación del nuevo INDEC los comentarios respecto a las diferencias no salieron de unos cuantos aportes en las redes sociales y algunos esbozos en la prensa, aunque con poco rating, y agresiones cruzadas que más que discutir la metodología detrás de las diferencias apuntan a descalificar al interlocutor.
Ahora bien, ¿que explica semejantes diferencias?. Estas ocurren en parte porque las estructuras de los índices no son homogéneas; en parte porque los universos que miden son distintos (no es lo mismo la estructura de consumo promedio de la CABA donde alimentos pesa mucho menos en la canasta que en el GBA -19% vs. 36%); en parte porque ni las muestras ni la metodología de captación de datos son simétricas; pero fundamentalmente porque las estructuras de ponderaciones no responden al mismo momento del tiempo.
Esto último, si bien sutil, no lo es tanto teniendo en cuenta el brusco cambio en los precios relativos que enfrenta la economía. A modo de ejemplo, la electricidad que pesaba 1,9% en el IPC base 1999=100, pesa 0,9% en el índice base julio 2011-junio 2012=100 de la CABA y 0,35% en el nuevo índice del INDEC. Dicho en criollo, estas diferencias son el reflejo de lo que representaba la factura de electricidad en el presupuesto de una familia promedio en cada momento del tiempo, y para calcular los impactos de la nueva suba tarifaria hace falta actualizar los ponderadores a hoy, algo que se puede hacer con los datos de la CABA pero no con los del INDEC actual ya que no coincide el arranque del índice (mayo de 2016) con la estructura de ponderaciones (diciembre de 2015), justo el lapso donde se concentraron los fuertes aumentos tarifarios en 2016. Recordemos la desproporción entre el conflicto que generaron las facturas de agua, gas y electricidad a mediados del año pasado cuando llegaron los aumentos y el impacto sobre los índices en febrero y abril. Y es algo que puede volver a generar discrepancias en los índices cuando se publique el dato de febrero y abril de 2017 con las nuevas facturas eléctricas y de gas teniendo en cuenta que los aumentos porcentuales son mucho menores a los de 2016 pero sobre montos muchísimo más altos, por lo que la magnitud de los impactos no es tan distinta.
Respecto a las variaciones de precios en el mes de enero, la principal diferencia estuvo centrada en el capítulo vivienda donde la suba de 2,4% en el índice de la CABA (en nuestro indicador daba 3,3%) no reflejó variación alguna en el dato del INDEC. Pero cuando uno descompone el dato del INDEC surge que la variación neutra se compone de un aumento de 2,1% en alquiler de la vivienda y una caída de 2,1% en gastos de mantenimiento de la vivienda donde inciden fundamentalmente las expensas (frente al 6% de suba en la estadística de la CABA). Desde mayo, el INDEC muestra en este rubro una suba de 16,5% frente al 30,4% acumulado en el índice de la CABA, mientras que el aumento del 0,8% contrasta contra el 7% acumulado por la CABA entre noviembre 2016 y enero 2017, período en que impactó la suba en los salarios de los encargados de edificio del 12% a partir de diciembre.
Otro rubro que genera discrepancias es el de servicios básicos y combustibles para la vivienda, donde según el INDEC los precios se ubican sólo 9% arriba de los de abril, cuando para la CABA esta diferencia es más parecida al 20% incluyendo las caídas transitorias en el precio del gas y la normalización posterior luego de las audiencias públicas a 2/3 partes del aumento original. Si bien no lo sabemos, dado que el INDEC publica la información con muy poca apertura, es probable que la diferencia esté en el precio del agua por red donde la metodología de medición no es homogénea: mientras en la CABA el precio se mantuvo sin cambios (dado que no volvió a haber nuevos aumentos desde mayo), en el INDEC, al tomarse una muestra de facturas, el indicador podría estar reflejando cambios en el consumo y/o en el status del cliente (factura social). Si bien es una definición metodológica discutible, hace ruido frente al brusco cambio de precios relativos que está operando en la economía.
Pero estas discrepancias sutiles de sólo 2 o 3 décimas por mes pueden escalar si no se unifica la vara con la que se hacen las mediciones. En efecto, con las estadísticas regularizadas, las mediciones alternativas por definición tienden a estimar la inflación que va a dar el INDEC. Sólo durante el gobierno anterior las mediciones alternativas (privadas y provinciales) intentaron estimar la inflación que el INDEC había dejado de medir en forma creíble. Y frente a estas situaciones, la disyuntiva es si hay que adaptar la metodología a los cambios ad hoc que va incorporando el índice oficial o hay que sostener la metodología original y aceptar las diferencias.
Suponiendo que los desvíos mencionados son hechos aislados, y que no se van a generalizar los cambios ad hoc en los índices en función de ningún objetivo de precios, se requiere que el INDEC muestre todas las cartas y no sólo información fragmentada. Con nueve meses de vida, no hay ningún justificativo para que el INDEC no arme un índice con variaciones y los comunicados presenten toda la información devengada hasta ahora, con un nivel de apertura a tres dígitos (el que siempre se usó). Y mucho menos para que no muestren la estructura de ponderadores consistente con el inicio del índice de modo tal que cualquiera pueda replicar y/o estimar los impactos. Es que si bien los ponderadores están publicados, los mismos corresponden a diciembre de 2015 cuando el índice arranca en mayo 2016 inmediatamente después de que se terminaran de concretar los aumentos tarifarios concentrados en los primeros meses.
Es sabido los índices coordinan expectativas, y para que ello funcione tienen que ser creíbles. Hoy la credibilidad está basada en el cambio de autoridades del INDEC y en la reputación que hereda el virtuoso frente al mentiroso, pero a medida que pasan los meses, el cheque en blanco de la herencia recibida podría reducirse y es importante trabajar en construir esa credibilidad. La gran cantidad de aumentos ya anunciados (electricidad, gas, transporte, agua, naftas, peajes, etc) hacen imperioso que el INDEC abra el juego para que correr definitivamente el debate sobre el índice y empezar a discutir lo que el índice refleja: la inflación.
