La economista analiza variables y deja definiciones sobre el acuerdo con los acreedores externos y su sostenibilidad, los niveles futuros del dólar y la inflación, la presión tributaria, el déficit fiscal, las exportaciones, las reformas previsional y laboral y la informalidad. También una mirada sobre las oportunidades que Argentina dejó pasar para construir una moneda.
A partir del acuerdo que el gobierno nacional lograra con los acreedores externos y con la lenta pero constante vuelta de la mayoría de las actividades productivas, a medida que la pandemia de coronavirus lo va permitiendo, la economía vuelve a ocupar el centro de la escena. Lo urgente es mirar el corto plazo y desentrañar hacia dónde derivarán las medidas que se pusieron en marcha desde el Poder Ejecutivo para atravesar la emergencia del coronavirus y a qué escenario futuro se apunta. Este es el objetivo del diálogo con Marina Dal Poggetto, Directora Ejecutiva de Eco Go y una de las voces consultadas cuando se toman decisiones en los ámbitos empresarios.
– ¿El acuerdo con los acreedores externos es una base para impulsar la recuperación productiva y del consumo?
Salir del default era condición necesaria para estabilizar la macroeconomía, no es condición suficiente. Falta ver cómo termina el canje. La expectativa es que se alcancen las cláusulas de acción colectiva que permitan evitar holdouts y juicios. Pero aún en este escenario, se requiere un acuerdo con el FMI que descomprima los vencimientos que arrancan en septiembre del próximo año y se concentran en 2022 y 2023, y fundamentalmente se requiere una señal de consolidación fiscal en la postpandemia que limite el uso del impuesto inflacionario partiendo de un agujero fiscal entre 7 y 8% del PIB en 2020. Si esto último no ocurre, escala el riesgo de que se produzca un fogonazo inflacionario que vuelva a coordinar la puja distributiva y aborte la lógica recuperación en 2021 después de una caída en torno a 12% en 2020.
El envío al Congreso del Proyecto de Ley de Presupuesto del próximo año va a darnos la primera señal de la política respecto de la capacidad o no para avanzar en esta agenda en un año electoral. Por lo pronto hay una enorme diferencia entre la diatriba y los hechos. El principal ejemplo es que el IFE, el ingreso de emergencia a las familias afectadas por la pandemia, se paga cada dos meses, reduciendo el costo fiscal a la mitad. Esto que parecía estaba dado por dificultades en el arranque del programa, hoy a más de cuatro meses de implementado, parece más bien parte de su diseño. Veremos si el anuncio de 60 medidas que se haría en los próximos días mantiene este contraste entre una diatriba ostentosa y una práctica mas bien fiscalista.
– ¿Qué expectativas tiene sobre el valor del dólar y la inflacion?
Hoy el dólar oficial se mueve 2,7% por mes, consistente con un ritmo de devaluación anualizada de 37% y un dólar de $83 a fin de año. El dólar de contado con liquidación en $124 es extraordinariamente alto y similar a los niveles de overshooting de 2002, a la salida de la Convertibilidad. Ahora bien, si se amplía un poco más el zoom, ha habido en el pasado episodios de desmonetización mucho más brusca: el Rodrigazo en 1975, el Sigotazo en 1981 y la Hiperinflación en 1989 y su segunda fase en 1990. Las condiciones hoy son bien distintas a las de cada uno de esos escenarios.
Hoy el BCRA todavía tiene reservas, la economía tiene superávit de las cuentas externas como contracara del violento ajuste de las importaciones, los precios relativos están mucho más alineados que en 2015 y la puja distributiva se moderó significativamente en medio de la pandemia. Además, la liquidez global que deja la pandemia convive con un dólar que se empieza a debilitar en el mundo.
Con estas condiciones, la inflación de 2020 va a estar en la zona de 40%, con una inflación acumulada hasta julio menor al 16%. Las condiciones para aplicar un plan de estabilización en 2021 que derrumbe la nominalidad aparecen. La definición de la nominalidad (cuánto sube el dólar, los salarios y las tarifas) va a estar directamente condicionada por el manejo fiscal de cara a 2021 y el impuesto inflacionario que requiera. El riesgo es que no es tan evidente cuál es el breakeven point del déficit que te lleva a un escenario estable o no y la pregunta del millón es si el Gobierno va a estar dispuesto avanzar en una consolidación fiscal en el año electoral.
– ¿Planificar la expansión o controlar todas las variables y conformarse con la supervivencia?
La deuda, el FMI y la consolidación fiscal son parte de la agenda de corto plazo para estabilizar. Falta una agenda estructural que permita mejorar la competitividad sistémica en un mundo particularmente dinámico. El vivir con lo nuestro cuando se acaban los dólares no es políticamente viable en la Argentina.
– ¿Puede la Argentina superar más rápido los efectos de la pandemia porque sus exportaciones son esencialmente productos agrícolas?
Los precios de nuestras exportaciones se vieron muy poco afectados en relación a otros países de la región cuyas economías están muy sesgadas al petróleo (que llegó a tener valores negativos con el cierre de los contratos de abril y hoy vuelve a cotizar en la zona de US$41 el WTI) u otras muy sesgadas al turismo, como las economías de Centroamérica, donde la actividad directamente se paralizó. La demanda de alimentos se sostuvo aún en los momentos más ríspidos de la pandemia.
Pero si bien los precios de nuestro principal producto de exportación casi no cayeron, lo cierto es que nuestras exportaciones acumulan en el trimestre abril/junio una caída de 15% en términos interanuales, fundamentalmente por el desplome de las exportaciones de manufacturas Industriales a Brasil, pero también por los menores precios de la energía.
– ¿Es sostenible el grado de presión impositiva que hay en la Argentina, sobre todo con un Estado tan necesitado de recursos y de empresas que ven caer sus ingresos?
Argentina está en una trampa. Necesita corregir el déficit fiscal partiendo de un nivel de gasto a PIB consolidado que este año finalizaría en torno del 40%. Al mismo tiempo, una presión impositiva en torno del 34% del PIB, pero que aumentaría a 45% del PIB cuando se corrige por informalidad, derrumba la competitividad sistémica del país. La respuesta es que no es sostenible, pero corregir esta situación requiere una enorme coordinación de la política en el diseño y en el manejo de la puja distributiva.
– ¿Qué receta considera apropiada para absorber la enorme masa de circulante emitida por el Banco Central o es inevitable que eso se corrija con una licuación inflacionaria?
Después del pifie de abril, cuando el BCRA empezó a financiar el salto en el agujero fiscal provocado por la pandemia y en simultáneo intentó financiar la expansión del crédito desarmando las Leliqs y coordinando el inicio de la corrida contra el dólar de Contado con Liquidación, el esquema se adaptó. Por un lado, fijó una tasa de plazos fijos en la zona del 30% (33% para los minoristas) y por otro lado empezó a esterilizar en simultáneo el aumento de los pesos que emitió para financiar al Tesoro. Esa inyección de pesos volvió en gran medida al BCRA, pero la capacidad para seguir emitiendo es limitada. De ahí la necesidad de corregir el déficit fiscal y limitar el impuesto inflacionario rápido a medida que la cuarentena se va levantando.
– ¿Quién acierta: Uruguay, captando inversores a favor de estímulos impositivos, o Argentina, que procura mayores ingresos vía impuestos nuevos, como el llamado “impuesto a la riqueza”?
Es una pregunta retórica. A lo largo de las últimas décadas, Uruguay fue beneficiado por las crisis macroeconómicas de la Argentina y los propios desatinos en el ordenamiento institucional y fiscal. Cada vez que Argentina tenía una crisis, una parte de la salida de capitales iba a los bancos uruguayos. La única vez que se contagiaron fue con la crisis de 2001, cuando enfrentaron una corrida y un proceso de reestructuración de la deuda. Pero no sólo se beneficiaron de la dinámica financiera, sino también de la estructura impositiva. Sin retenciones, el campo en Uruguay tuvo una ventaja competitiva directa durante el kirchnerismo, y ahora, el aumento en bienes personales del arranque de la gestión y el anuncio de un impuesto a las altas rentas está generando que muchos opten por mudar la residencia al país vecino.
– Durante los últimos meses, Brasil afrontó una depreciación enorme del real frente al dólar y la resultante no fue una devaluación descontrolada, sino muy baja. ¿Por qué el mismo escenario se traduce en un resultado final en Argentina?
Brasil construyó una moneda a lo largo de los últimos 20 años. El traspaso de mando entre Cardoso y Lula en 2002 fue consensuado entre ambas administraciones. Esto en el medio de un programa con el FMI que financió esa transición en un contexto donde el mercado le había bajado el pulgar a Lula. Sin quiebre sistémico, Brasil sostuvo siempre tasas de interés que durante mucho tiempo duplicaron la tasa de inflación, generando que los brasileros piensen, ahorren y fijen todos los precios de la economía en reales, incluyendo las propiedades. En Argentina, las transiciones ordenadas entre administraciones no ocurren, pero además durante la década pasada, cuando las economías vecinas, incluyendo Brasil, aprovecharon el contexto de dólar débil para construir sus monedas, Argentina tenía un esquema de dólar “alto, competitivo y estable” con una tasa de interés que era la mitad de una inflación que se acomodó desde 2007 por encima del 20%. Esta es la historia detrás del alto traslado a precios de la Argentina en relación a sus vecinos.
– El presidente Alberto Fernández planteó que para corregir la inflación nunca se trabajó en la multiplicación de la oferta de bienes y servicios. ¿Puede haber allí una vía de solución a las recurrentes crisis inflacionarias?
Hoy la economía opera con una capacidad ociosa mayor al 50% y hay capacidad para ampliar la oferta en la mayoría de los sectores. El problema es que el crecimiento tracciona la demanda de dólares y si no hay salida exportadora vamos a chocar muy rápido con la restricción externa.
– ¿Son imprescindibles las reformas de las leyes laborales, previsionales e impositivas?
Con el cambio en la movilidad previsional del inicio de esta gestión, el principal escollo en la agenda previsional está postergado. A diferencia de Brasil, Argentina ya hizo la reforma previsional del régimen nacional, quedan pendientes las cajas provinciales y algunas cajas especiales con beneficios que no se condicen con la tasa de sustitución del régimen. En lo que hace al régimen nacional, además de la informalidad, hay dos inconsistencias en el esquema: la moratoria previsional,que aumentó en casi 3 millones el número de jubilados, y el monotributo, que necesita el aporte de 15 monotributistas para pagar una jubilación mínima.
Las leyes laborales e impositivas claramente no ayudan, y Argentina se debe un debate amplio sobre cómo recuperar competitividad sin desfinanciar al Estado y al sistema previsional en un contexto de un mercado laboral segmentado.
– ¿Hay que elegir las inversiones financieras o apostar a las inversiones en bienes durables?
En Argentina se usa el concepto de invertir en bienes durables como un mecanismo indirecto de comprar dólares en una economía con controles y brecha cambiaria. Pero la compra de durables por parte de las familias es también un consumo, no una inversión.
El problema de fondo es que sin moneda, no hay sistema financiero ni mercado de capitales a través del cual trasladar el ahorro a inversión, y las opciones financieras son de corto plazo.
