Dos semanas atrás, con el dólar marginal acercándose rápidamente a romper la barrera de los $200, Argentina estaba arriba del precipicio. Si dije arriba y no al borde, apelando a la imagen del coyote en “el correcaminos”. Recordará el lector el momento del dibujo animado donde el coyote, que había seguido corriendo sobre el vacío, caía en picada.
La reacción del Gobierno, que por acción u omisión había contribuido a acelerar esta dinámica, finalmente apareció. De algún modo la carta críptica de la Vicepresidente alertando sobre los riesgos de la escalada del dólar y la necesidad de llegar a acuerdos partiendo de una enumeración de “certezas”, puso paños fríos y contribuyó a que, al menos en el corto plazo, sean efectivas la batería de medidas financieras que desde fines de octubre intentaron aplacar el salto en la brecha cambiaria, incluyendo el acuerdo con las ALyCs para autorregular el mercado del Contado con Liquidación. Salto en la brecha que había sido gatillado con las medidas de cierre al cepo de mediados de septiembre anunciadas en simultáneo a un proyecto de presupuesto enviado al Congreso con supuestos macroeconómicos heroicos, déficit antes de intereses de 4,5% del PIB financiado en un 70% con emisión monetaria que se monta sobre una duplicación de los pasivos del BCRA en 2020.
Desde la carta fechada el 26 de octubre, se resolvió la toma de tierras, se puso fin a la cuarentena, se avisó que Argentina iba a buscar un Programa de Facilidades Extendidas con el FMI (de hecho la misión arribó a la Argentina este lunes), se lanzo un programa fiscal financiero y monetario hasta diciembre (poniendo un coto al déficit fiscal de 2020 en 7% y no 8,3% como decía el presupuesto), y se avanzó con una batería de decisiones fiscales como el recorte del IFE (de 9 millones de personas a 2,5 millones), se continuó con la reducción de los ATP, se avisó en enero arrancaría el descongelamiento de tarifas, y se achicó sensiblemente el programa de precios máximos.
Por el momento, la caída de $35 en el dólar contado con liquidación, a la zona de $146 al cierre de esta nota, convive con un BCRA que sigue perdiendo reservas y precios de los bonos que pareciera hicieron piso la semana pasada, pero todavía rinden 15% en los tramos más largos y 17% en los mas cortos. Lejos del 11% que rendían a principios de septiembre inmediatamente después de la reestructuración de la deuda.
Con estos precios de los bonos, la capacidad para bajar la brecha cambiaria en forma consistente no está presente. Y con una brecha cambiaria de 85% la economía no funciona, los incentivos siguen siendo a vaciar el BCRA (los importadores se abalanzan sobre las reservas y los exportadores frenan la liquidación). El BCRA sigue perdiendo reservas.
Pero además, el intento de cubrirse frente al salto en las expectativas de devaluación genera un aumento en la demanda de bienes dolarizados presionando sobre sus precios y sobre la propia balanza comercial que pasó de un superávit promedio de US$1.400 millones en los últimos tres meses a sólo US$568 millones en septiembre, menos del 40% del registrado un año atrás. Mientras tanto, los precios dolarizados y los precios libres corren respectivamente al triple y casi al doble de una inflación que en octubre saltó al 3,8% mensual. De hecho, el tipo de cambio implícito en el canje de deuda de la semana pasada para darle salida a los fondos de no residentes atrapados en bonos en pesos hubiera subido por sobre los $200, si el gobierno no hubiera convalidado entregar un 50% más de bonos para evitarlo.
El gobierno está usando los tres mecanismos que se usan en una corrida para evitar un salto discreto del dólar oficial apuntando a ganar tiempo mientras intenta reestablecer la confianza a través de un acuerdo con el FMI. Estos son vender reservas, subir las tasas de interés en cuotas y vender seguro de cambio (bonos en dólares, dólar linked y futuros de dólar). Intentar no devaluar un dólar oficial competitivo, tiene lógica siempre y cuando se pueda generar la confianza suficiente que permita bajar la brecha cambiaria, y esto como dijimos antes requiere una suba consistente en los precios de los bonos en dólares.
Los riesgos de que esta estrategia derive en un cambio de régimen inflacionario en una economía con muchos pesos y un BCRA con pocas reservas (las netas en apenas US$3.400 millones) son altísimos. Sobre todo, si en simultáneo, una vez que baja la fiebre, el Gobierno sigue cometiendo “errores de gestión”, como el envío al Congreso de un proyecto de ley para establecer una nueva movilidad previsional que lo ata de pies y manos en la necesidad de asegurar la consolidación fiscal necesaria para evitar un escenario disruptivo. .
En 2020 con la pandemia los gastos subirían más de 30% por encima de la inflación y los ingresos 10% por debajo convalidando un agujero fiscal antes de intereses de 7% del PIB. Consolidar las cuentas fiscales requiere que estas curvas se inviertan el próximo año y que el gasto suba bien por debajo de una recaudación que debería normalizarse por el rebote de la actividad, pero fundamentalmente por la dinámica de los precios. El esquema previsional representa más del 50% del gasto, y si lo indexo en un 50% a la recaudación voy en contra del objetivo de cerrar el déficit.
La ley de Solidaridad Social y Reconversión Productiva del arranque de esta gestión, rompió transitoriamente la indexación y sino hubiera existido la pandemia, hubiera ayudado a sostener la consolidación fiscal lograda en los últimos años del gobierno de Macri. Consolidación explicada en más de una tercera parte por la licuación de las jubilaciones que en promedio acumulan una caída de más de 20% desde 2017.
La movilidad nace en 2008 como respuesta al fallo de la Corte Suprema para limar la licuación que habían tenido los haberes por encima de la jubilación mínima desde 2003 en adelante. En rigor, la “ganancia fiscal” de ese esquema se utilizó para financiar la moratoria previsional que duplicó la cantidad de jubilados. En alguna medida, la corte, pateo la decisión que había tomado en forma indirecta el Congreso para avanzar hacia un sistema solidario, avanzando en uno solidario y contributivo a la vez, lo cual no es financiable, menos en un país con alta informalidad como la Argentina. Pero además la misma Corte, devolvió a las Provincias, los mismos fondos que se habían utilizado para financiar la moratoria y la movilidad previsional.
En 2008, los ingresos de la ANSES, fondeados una tercera parte con rentas generales y dos terceras partes con ingresos de la seguridad social, alcanzaban para financiar el 80% del Gasto de la ANSES y el 110% del gasto en Jubilaciones y Pensiones. Parados a hoy y luego de una licuación de más del 20% de las jubilaciones, los ingresos de la ANSES (con una composición similar a la de 2008) alcanzan para financiar sólo el 60% del Gasto de la ANSES y 90% de las Jubilaciones y Pensiones. En 2008, todavía había equilibrio fiscal, hoy tenemos un déficit (abultado por la pandemia) de 7% del PIB.
El timing del proyecto, y la discusión en torno al mismo tamizada por la reacción del Peronismo cuando se votó el cambio de la movilidad en 2017, muestra que los consensos necesarios, no sólo para construir un país, sino en el cortísimo plazo para conseguir el aval del FMI pareciera no estar. Ninguna fórmula sirve para sostener y/o recomponer la capacidad de compra de las jubilaciones si la Argentina avanza a un fogonazo inflacionario. Y si esto ocurre, una vez más dentro de poco estaremos discutiendo un nuevo cambio en la fórmula.
