Si bien la inflación en 2020 habrá bajado más de 15 puntos luego del 53,8% de 2019, está lejos de ser un resultado de una política antiinflacionaria sostenible. Más bien, fue producto de la dinámica de la economía en el marco del Covid-19. Mientras en abril, en mitad de la cuarentena más rígida, la economía caía 26% interanual y la inflación se ubicaba en 1,5% mensual (20% anualizado), en diciembre, rebote mediante, la caída del nivel de actividad estaría en torno al 3-4% interanual y la inflación alrededor 4% mensual (60% anualizado). Para 2021 existe una presión de dólar-tarifas-salarios-precios reprimidos que podrían implicar una aceleración inflacionaria.
La dinámica que acompañaba a la inercia inflacionaria en los primeros meses del año se planchó con la irrupción del Covid-19 a escala mundial, que cambió drásticamente la forma en la que se desenvolvía la economía y con ella la dinámica de precios. La cuarentena estricta, entre fines de marzo y junio, repercutió tanto en la actividad económica con sectores que permanecieron cerrados u operando muy por debajo de su capacidad como en el nivel de ingresos familiares, que se vieron en parte compensados por transferencias monetarias y ayudas a las empresas. La monetización del salto en el déficit fiscal no se trasladó directamente a precios aunque sí empezó a meter presión sobre la brecha cambiaria. Esto se debió fundamentalmente a la reducción de la velocidad de circulación del dinero, la reducción en la movilidad en el marco del ASPO que afectaron los hábitos de consumo.
De esta forma, la inflación acumulada en el primer semestre alcanzó apenas 12,9% y escondió distintos comportamientos.
– Aproximadamente 5% del índice no presentó variaciones al representar sectores que al permanecer cerrados no tuvieron oferta ni precio (gimnasios, cines, teatros, actividades relacionadas con el turismo, etcétera).
– Cerca de 30% del índice obedeció a precios directamente congelados por decreto: Tarifas de gas, electricidad, cable, telefonía fija y móvil, transporte de pasajeros, alquileres, etcétera. A estos se le sumaron combustibles que no vieron bajas en sus precios en la primera mitad del año con el derrumbe en el precio internacional del crudo y permanecieron sin aumentos hasta agosto.
– Aproximadamente la mitad de la canasta de consumo masivo, enmarcada en el programa Precios Máximos (alimentos, artículos de limpieza y tocador) se encontró con precios “acordados” y que no se movieron durante el primer semestre. El programa que entró en vigencia el 20 de marzo retrotrajo el precio de 2.300 productos a los valores del 6 de marzo. Los precios acordados que, inicialmente también incluían medicamentos, representaron cerca de un 30% de la canasta general del IPC.
– El resto del índice (35% de la canasta) contempló los precios flexibles, que en la primera mitad del año, se encontraron anclados por la propia recesión. Aquí se incluyen los precios de los bienes durables o con alto componente de insumos importados, “precios dolarizados”, también incluye rubros como indumentaria y productos frescos dentro del rubro alimentario (carnes, huevos, frutas y verduras). En este segmento, la suba de precios prácticamente duplicó al nivel general, 22%.
A partir de julio se dio una flexibilización de la cuarentena en gran parte del país, los indicadores de movilidad comenzaron a evidenciar una estabilización en niveles sensiblemente superiores a los registrados durante el pico de la pandemia, por lo que empezaron a aflojar algunos factores que habían mantenido la inflación anestesiada en el primer semestre. De la mano de aumentos en combustibles, autorización de algunas subas en Precios Máximos y desarticulación de parte del programa, hubo incrementos en los precios de los medicamentos por encima del promedio del índice, así como en frutas y verduras, prendas de vestir y otros precios de bienes favorecidos por el desvío del consumo frente a caída en la oferta de servicios, fundamentalmente los asociados a esparcimiento, y el cierre de la economía.
En el tercer trimestre la suba promedio mensual del nivel general de precios se ubicó en 2,5% para luego escalar a 3,6% en los últimos tres meses del año. Ultimo tramo en donde se suma una reactivación en las paritarias que hasta entonces habían permanecido planchadas, la reapertura de rubros vinculados al turismo y un aumento del 10% en las cuotas de medicina prepaga que impactó en el último mes del año.
Este comportamiento fragmentado al interior del índice de precios llevó a que la inflación en el año 2020 se ubique en la zona del 36%, cifra que, si bien es significativamente inferior a la del año previo, esconde ciertos aspectos que complican la dinámica en el 2021. Presión para recomponer tarifas, márgenes en precios de alimentos controlados y capacidad de compra de los salarios en año electoral, frente a “crawling peg” del BCRA que se acelera en el margen (3,4% mensual).
En 2021, año electoral, tres precios claves le van a marcar la cancha a la inflación: tarifas, salarios y dólar. El objetivo del Gobierno es que el salario le gane a la inflación, y para eso buscará que el dólar oficial y las tarifas vayan por detrás mientras avanza con decisiones para frenar exportaciones a fin de limitar el traslado a precios locales de las subas en los commodities como ocurrió recientemente con el cierre del registro de exportación del maíz.
Pero con una nominalidad instalada arriba del 50% en el margen, la estrategia de congelar algunos precios tiene patas muy cortas, dado que a las señales incorrectas sobre el sector externo se le suma la dificultad de concretar el ajuste fiscal necesario para llevar adelante un acuerdo con el FMI. Un punto adicional es que si bien el BCRA puede controlar la dinámica del dólar oficial no ocurre lo mismo con la brecha cambiara que necesariamente puede volver a presionar si el acuerdo con el FMI no logra generar la confianza suficiente.
