En los últimos 50 años la cantidad de pobres se multiplicó por veinte a pesar de que las transferencias directas del Estado representan hoy casi 15 puntos del PIB. Paradójicamente, la Argentina enfrenta los problemas que presentan las economías del bienestar, pero sin haber alcanzado el desarrollo.
Cada vez que se publican los números de pobreza todos nos escandalizamos. Sobre todo, cuando hacemos foco en la tragedia que implica que 6 de cada 10 menores sea pobre en la Argentina. Sin embargo, la creación de pobres ha sido una constante a lo largo de los últimos años, casi que uno podría definirla como la única política de Estado que se mantuvo estable, independientemente del gobierno de turno.
En los últimos 50 años la población se duplicó y la cantidad de pobres se multiplicó por veinte a pesar de que las transferencias directas del Estado representan hoy casi 15 puntos del PIB entre jubilaciones (moratoria incluida), planes sociales y subsidios a las empresas para financiar parte del atraso tarifario.
Asimismo, tenemos un Estado que, aún después del ajuste de Mauricio Macri y antes del salto transitorio que provocó la pandemia, es casi 50% más grande que el que teníamos hasta los años 90, pero con una salud y educación que, si bien siguen siendo gratuitas y universales, fueron cooptadas por el poder sindical y transferidas a las provincias en los 90 y dejaron de ser utilizadas por una porción creciente de la población, lo cual erosiona el contrato social y la base tributaria.
Un 30% de los alumnos de las escuelas primarias y secundarias de todo el país asisten a la educación privada y un 65% de la población cuenta con una cobertura de salud privada a través de las obras sociales y/o de las medicinas prepagas, con diferenciales de calidad/resultados cada vez mayores.
Las asimetrías en la educación se dispararon con la pandemia frente a una muy diferente reacción del sector público y privado para encarar una “virtualidad de prepo” y la decisión política de mantener un año cerradas las escuelas. Asimetrías que el propio Gobierno agravó cuando decidió encarecer la compra de computadoras para favorecer la producción de Tierra del Fuego.
En lo que hace a la salud, el intento de centralizar las decisiones para manejar la pandemia se fue dejando de lado cada vez que los dispositivos implementados empezaron a fallar. Un año atrás, el Malbrán concentraba todos los test y no superaba los 300 diarios. Hoy éstos dejaron de ser un bien escaso y el manejo descentralizado funcionó con una pata pública importante. En el caso de la vacuna, los errores y/o mala suerte dependiendo del lado de la grieta que se analice, sumadas al grotesco de las noticias sobre la existencia de un vacunatorio vip y una distribución federal de las mismas sin tener en cuenta criterios respecto a la población de riesgo derivaron, tarde, en la decisión de autorizar a los distritos y al sector privado a comprarlas directamente.
En el caso de las camas, un año atrás la discusión sobre su manejo duró apenas una semana, aunque también es cierto que ni el sistema privado ni el público se congestionó. Hoy todavía la discusión no apareció, pero los riesgos de congestión frente a la demora en la vacunación están cada vez más cerca. En el medio un manejo de los precios de la salud erráticos; mientras los medicamentos suben sin que nadie los mire, las prepagas quedaron atrapadas junto con las empresas de alimentos y las tarifas. Detrás, otra vez la discusión sobre la nacionalización del sistema de salud que de momento funciona como mecanismo de negociación con los sindicatos, y que no tiene en cuenta que 4 de los 6 millones de afiliados a las prepagas derivan aportes que representan en promedio casi un 7,5% del salario de bolsillo del aportante principal. El 1,5% restante de los 9% que representan los aportes, queda en manos de los sindicatos y del sistema de seguro de salud para financiar los altos costos del sistema.
Digo esto porque, mientras esta discusión entra en la agenda, el Gobierno baja el impuesto a las ganancias a los mismos trabajadores para mejorarles el salario. La contradicción con el manejo del impuesto a las ganancias también alcanza a los jubilados; mientras licua las jubilaciones más altas, les baja el impuesto a las ganancias. Y lo financia con un aumento en el impuesto a las ganancias a las empresas mientras permite que las provincias suban ingresos brutos. Un corso a contramano, diría un amigo.
Respecto al sistema previsional este representa más del 50% del gasto nacional, 35% del gasto total, en una economía donde sólo 9 millones (6 millones privados y 3,2 millones públicos) de los 12 millones de ocupados formales (17 millones cuando se cuenta también a los informales y 19 cuando se incluye a los desocupados) tienen aportes regulares a un sistema de seguridad social nacional que cuenta con 6,5 millones de jubilados, 8 cuando se incluyen las pensiones graciables. Actuarialmente los jubilados de la moratoria previsional de 2006, que duplicó la cantidad de jubilados, no van a estar en 10 años, pero entonces el problema va a ser el monotributo, teniendo en cuenta que con los aportes actuales se necesitan catorce monotributistas para completar un haber mínimo. Y obviamente también al sector informal sin ningún tipo de aporte.
Paradójicamente, la Argentina enfrenta los problemas que presentan las economías del bienestar, pero sin haber alcanzado el desarrollo y cuando todavía no gastó el bono demográfico. Sin moneda y sin crédito, en gran medida porque para financiar este cambalache se abusó por turnos del impuesto inflacionario y la deuda, el país convive con graves problemas de competitividad generados por esta escalada en la puja distributiva. Puja que ya no es sólo entre el capital y el trabajo, sino fundamentalmente entre el sector público y privado, incluyendo entre ambos al sector sindical; entre la Nación y las provincias y, fundamentalmente, entre sectores donde la posibilidad para ajustar sus precios en una economía con inflación alta, la protección infinita del mercado, los esquemas de incentivos y/o subsidios diferenciales siempre están justificados en la ineficiencia del sistema en su conjunto.
Mientras tanto, en la coyuntura actual después de una licuación del salario provocada por dos años de crisis y uno de pandemia, la principal ventaja competitiva de la Argentina es el desplome del costo laboral originado en la licuación de los salarios. Y en un mundo cada vez mas virtual esto podría ser una enorme oportunidad. Pero con el régimen laboral actual, incluida la prohibición de despidos, y la incertidumbre política que provoca el cortoplacismo de la política y la dificultad creciente para encontrar consensos básicos en un país cada vez más agrietado, la creación de empleo formal sigue esperando y la pobreza escalando.
