En la recta final a la elección del 14 de noviembre (faltan solo veinte días hábiles), el Gobierno sigue mandando señales contradictorias.
Por un lado, el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán, en sendas reuniones con empresarios, y el flamante jefe de Gabinete, Juan Manzur, en reunión con inversores en Nueva York avisan que el acuerdo con el FMI está encaminado, y explícitamente mencionan que la vicepresidenta Cristina Fernández dio el aval para avanzar en esa dirección. Algo que como contamos en nuestro informe mensual de la semana pasada “¿Tres para un tango?”, luce cada vez más complicado dadas las internas dentro del propio FMI y la exigencia de que el acuerdo sea aprobado por un Congreso donde, si se repite el 14 de noviembre el resultado de las PASO, el Gobierno perdería las mayorías en el Senado y se alejaría del quórum propio en la Cámara de Diputados.
Por otro lado, a las medidas de cierre al cepo de la semana pasada de la CNV y el BCRA, se sumó el anuncio de un congelamiento de precios para 1.247 productos que componen la canasta de alimentos, productos de tocador y de limpieza, por parte del flamante secretario de comercio Roberto Feletti y los anuncios diarios de medidas de gastos que apuntan a ponerle plata en el bolsillo a los sectores medios y bajos de la distribución del ingreso en un intento por revertir el resultado de las PASO.
Por lo pronto, el cierre al cepo acotó transitoriamente la sangría de reservas. De hecho, en los últimos seis días el BCRA compró casi US$ 540 millones, permitiendo acumular en lo que va de octubre compras por US$ 310 millones y subir las reservas netas a US$ 5.900 millones. Asimismo, el corte de los circuitos que relacionan el dólar barato (MEP-AL) con el caro (CCL-GD) le permitió al BCRA recortar la intervención a un entorno de US$ 7/8 millones diarios. Esto es un ritmo de US$ 140 millones mensuales frente a los US$ 450 millones utilizados durante septiembre que en alguna medida abastecen al mercado de dólar blue que se sostiene en torno a $185. Es cierto que la conexión que había con el dólar Senebi se rompió, por lo que, si el escenario de postergación del acuerdo con el FMI se concreta y se empieza a visualizar el riesgo de entrar en atrasos, la brecha con el dólar Senebi hoy en 94% puede escalar.
Al 3,5% de suba del IPC de septiembre, se suma una proyección para octubre que, con dos semanas relevadas, apunta a ubicarse nuevamente en torno al 3% en un contexto donde la presión sobre la brecha cambiaria se combina con una creciente incertidumbre sobre el costo de reposición de insumos y bienes finales, producto del freno en el acceso al MULC para pagar importaciones impuesto hasta el 31 de octubre pero que nadie piensa se vaya a liberar antes de la elección.
El congelamiento de precios por 90 días anunciado con retroactividad al 1 de octubre alcanza solo a 1.247 productos y excluye productos frescos que fueron los que más impulsaron la tasa de inflación en el último mes. La rusticidad de la medida no tiene en cuenta la dinámica de los costos que en muchos casos suben por sobre el nivel general, ni el riesgo de que se produzcan faltantes en góndola sobre todo en canales de venta alcanzados por los controles.
El nuevo programa engloba los productos incluidos en Precios Cuidados (4,7% de los precios relevados en el GBA) y adiciona más de 500 productos al congelamiento. Es decir, algún impacto de corto plazo la medida va a tener sobre el IPC, pero difícilmente reduzca la inflación de octubre por debajo del 3% que marcaron las primeras dos semanas de nuestro relevamiento de precios minoristas (RPM). En tanto, es poco probable que logre frenar la dinámica después de las elecciones si el ritmo de devaluación del oficial aumenta, la brecha escala y aparece la presión por la recomposición de precios que hoy están congelados como los combustibles. Vale recordar que el dato de octubre se publica después de la elección del 14 de noviembre.
Por lo pronto, hay tres definiciones que, aún si efectivamente el Ministro consigue el aval de la política para avanzar en un acuerdo con el FMI, dificultan un acuerdo rápido:
1) El staff del FMI no va a elevar al Board un programa que no esté convalidado en el Congreso. Vale recordar además que, por la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública (Ley 27.612) enviada al Congreso en septiembre de 2020 (aprobada y reglamentada en el primer trimestre de 2021), todo acuerdo con el FMI debe ser aprobado por mayoría simple en el Congreso. Se requiere una solución política que hoy no pareciera estar.
2) El FMI puede aceptar el camino de consolidación fiscal gradual, pero el Gobierno debe contar con las fuentes para financiarlo sin recurrir a la emisión monetaria. Dadas las condiciones del mercado de hoy, ello no luce viable.
3) Si el país llegara a incurrir en atrasos con el FMI, la salida requiere un prestamista que haga el puente ya que el FMI no puede financiarlos sin un programa. La línea de financiamiento rápida que eventualmente podría alejarnos de esta situación si el programa no aparece a tiempo, en principio no está disponible para países como la Argentina.
Teniendo en cuenta las condicionalidades y la falta de cooperación y coordinación de los jugadores (Gobierno, FMI y oposición), prevemos no será fácil llegar a un acuerdo rápido y es cada vez más probable que el Gobierno deba enfrentar un primer trimestre de 2022 muy incierto, por las bajas reservas internacionales netas frente a la concentración de vencimientos con organismos, los ajustes de precios pendientes y una brecha que irá en alza en la medida que se pospone el acuerdo.
