Entre huelgas y recesión, el gobierno español de Mariano Rajoy avanza con nuevos ajustes nominales de precios y salarios y reformas estructurales en el mercado laboral. Es que si bien la línea de liquidez a tres años del Banco Central Europeo a la banca acotó el riesgo sistémico en la periferia europea, no alcanzó para desterrar los problemas de solvencia agudizados por el ciclo.
De ahí, el temido déja vu de la suba en el costo de fondeo del gobierno español, que hoy retorna a 5,7%, por debajo del pico de 6,7% de noviembre (previo a la liquidez del BCE) pero por encima de los mínimos alcanzados un mes atrás (4,9%).
En este contexto, la economía española acumula una caída del PBI del 4% desde el segundo trimestre de 2008 en consistencia con una tasa de desempleo que en el mismo período se duplicó hasta alcanzar un nivel de 23,6%, 50% en el segmento de los jóvenes, que en la última década venían siendo contratados bajo un régimen de empleo temporal. Régimen que si bien aceitó el mercado laboral en la segunda mitad de los ochenta y junto al boom de la construcción de los 2000´s llevó el desempleo al 10% antes del estallido de la crisis global en 2008 (estaba en 18% en 1984), no amortiguó la suba del desempleo cuando el ciclo se dio vuelta.
¿Fin del Estado de Bienestar Español?
Entre el ajuste nominal y la flexibilización laboral, el objetivo de que cada generación esté en mejores condiciones que la anterior está en peligro de extinción. Evidentemente, un cambio de perspectiva en el sentido de un mayor gasto alemán que compense el ahorro de una periferia europea que debe desendeudarse, en combinación con una suavización de las condiciones del ajuste nominal impuestas a esta última, podrían aminorar la difícil transición española. Desafortunadamente, eso es algo que escapa al margen de maniobra de la política española.
