En su discurso del miércoles, la Presidenta volvió a achacar a un problema de gestión y administración los problemas financieros que atraviesa la Provincia de Buenos Aires, y destacó el envío de $400.000 millones al principal distrito del país desde 2003. Estas palabras constituyen el último capítulo en torno a un conflicto que se agravó luego de que la Nación girara sólo un tercio de los fondos solicitados por la Provincia, situación que en los hechos llevó a un desdoblamiento en cuatro del pago del aguinaldo a los trabajadores estatales.
Aunque pueda resultar impresionante en magnitud, el monto mencionado por la Presidenta, que además de las transferencias discrecionales y una estimación del impacto indirecto del gasto de la Nación en la provincia (como la Asignación Universal por Hijo o la obra pública), incluye las transferencias automáticas que por ley le corresponden a la provincia, en realidad oculta la pérdida de participación de las provincias en general, y de la Provincia de Buenos Aires en particular, en la masa de recursos fiscales generados por la Argentina.
En 1996, el año donde las provincias alcanzaron su mayor participación en la masa de recursos totales en los últimos 20 años, $44,3 de cada $100 fueron recaudados por las provincias, incluyendo recursos propios y transferencias automáticas de la Nación. Si se incluyen las transferencias discrecionales, dicha cifra se eleva a $50, con una presión tributaria consolidada que entonces ascendía a 20,3% del PIB.
15 años después, la presión tributaria consolidada se incrementó a 33,4% del PIB, pero la participación de las provincias en el total de la masa de recursos decreció significativamente. En 2011, de cada $100 recaudados, sólo $38,1 fueron administrados por las provincias, mientras que si se incluyen las transferencias discrecionales la suma asciende a $43,6. Esto implica que en 15 años las provincias en su conjunto resignaron entre 6 y 7 p.p. de su participación en los recursos totales, en un contexto donde la Nación se apropió de casi 9 p.p. de los 13 p.p. de aumento en la presión tributaria consolidada.
Esta situación se vio particularmente agravada en el caso de la Provincia de Buenos Aires, que ya desde la sanción de la Ley de Coparticipación a fines de los 80 sufría una discriminación negativa en el porcentaje de asignación de recursos (recibiendo poco menos del 20% de los fondos girados a las provincias, a pesar de contar con casi 39% de la población total). Para compensar esta asimetría, se introdujo el Fondo de Reparación Histórica del Conurbano Bonaerense, con un presupuesto en torno a los $600 millones, equivalente al 10% de la recaudación del Impuesto a las Ganancias. Sin embargo, en 1996 se estableció un tope de $650 millones por este concepto, lo que se constituiría, algunos años después, en la principal explicación del déficit estructural de la Provincia de Buenos Aires.
Con una recaudación de Ganancias que comenzó a crecer fuertemente desde 2003, la desactualización del Fondo fue cada vez más evidente. En 2011 la recaudación por este impuesto ascendió a casi $109.000 millones, por lo que de no haberse establecido el mencionado tope, los giros en concepto del Fondo del Conurbano hubieran ascendido a $11.000 millones. Con dichos fondos, equivalentes a 12% del total de recursos con que contó la administración bonaerense el año pasado, la provincia hubiera registrado un superávit primario en torno a $5.000 millones (en lugar del déficit de $5.614 millones efectivamente exhibido), y hubiera alcanzado un excedente luego del pago de intereses superior a los $2.500 millones.
En conclusión, los problemas financieros que afronta la provincia son de larga data, y están vinculados a un entramado legal que se constituyó en los 80 y los 90, y no se modificó desde entonces, a pesar de que, explícitamente, la Constitución de 1994 obligaba a votar una nueva ley en un plazo de dos años. En este sentido, y aunque la responsabilidad no recae exclusivamente sobre el Gobierno Nacional, es evidente que tampoco se trata solamente de un problema de mala gestión bonaerense. ¿O a la necesidad de la Nación de recurrir al BCRA, vía la reforma de la Carta Orgánica para conseguir financiamiento adicional para un Gobierno que manejó un presupuesto acumulado de $1.800.000 millones en el mismo lapso, también hay que llamarla “mala gestión”?
* Directora y Economista de Estudio Bein & Asociados
