En otro capítulo de la puja entre la Nación y las provincias por la distribución de los recursos y la responsabilidad de los gastos, la provincia de Córdoba envió a la legislatura provincial un proyecto para solicitar a la Corte Suprema el abandono del pacto fiscal de 1992. En caso de lograr esto, algo que también anunció intentaría la provincia de Corrientes, el distrito dejaría de ceder su parte en el 15% de los fondos coparticipables brutos con destino a financiar al sistema previsional nacional.
La provincia alegó públicamente que la Nación dejó de transferirle fondos para financiar el déficit de las cajas provinciales, mientras que la Nación respondió (spot en Fútbol Para Todos incluido) que Córdoba no sólo jamás armonizó su régimen previsional con el del resto del país, sino que además incluyó aumentos en los beneficios bien por encima del régimen nacional. Sin embargo, en la argumentación legal, y algo más lejos de la pelea mediática, la provincia mediterránea solicitó el abandono del pacto fiscal de 1992 para recuperar los recursos cedidos a la ANSES, con el argumento de que la cesión tenía como destino originalmente financiar la transición del régimen de reparto al sistema mixto impuesto por la reforma previsional de 1993. Al haber dado marcha atrás con la reforma, unificado ambos esquemas bajo el Sistema Integrado Previsional Argentino en 2008, y la Nación haberse quedado no sólo con el flujo, sino también con los stocks que manejaban las AFJPs, según la provincia ya no ameritaría la cesión de los recursos.
A contramano, y adicional al no cumplimiento de la armonización, la Nación argumenta que si bien la reforma previsional hacia un régimen mixto estaba incluida en el listado de medidas a adoptar incorporadas al pacto fiscal firmado entonces, en rigor la cesión de fondos se realizó con anterioridad, y es discutible que esta haya sido la finalidad. Al mismo tiempo, parte del aumento del gasto previsional de la Nación, originado en la moratoria previsional, está destinado a jubilados de la provincia.
Yendo a los números, en 2011 la coparticipación bruta ascendió a $215.000 millones, de los cuales las provincias recibieron en forma directa unos $106.000 millones, el Tesoro Nacional unos $78.000 millones, la ANSES $32.000 millones y el resto se repartió entre el Fondo de A.T.N. y el Fondo Compensador. De mantenerse los porcentajes distribuidos entre las provincias y la Nación, sin la cesión del 15% de la masa coparticipable las provincias hubieran recibido unos $19.000 millones extra en 2011, y Córdoba en particular hubiera percibido $1.600 millones adicionales.
Estos fondos explican por sí solos el superávit de la ANSES. En 2011, el organismo previsional registró un superávit de $22.700 millones, recibiendo ingresos tributarios por coparticipación y otros de asignación específica (es decir, por fuera de los aportes y contribuciones del sistema) por $45.600 millones. De esta manera, si la ANSES no hubiera recibido fondos provenientes de la recaudación de impuestos, y se hubiera financiado exclusivamente con recursos propios, el organismo previsional hubiera exhibido un déficit primario de casi $23.000 millones (1,2% del PIB), dificultando la sustentabilidad del sistema. A su vez, si sólo se detrajeran los recursos cedidos por las provincias dentro del 15% de la masa coparticipable bruta, la ANSES hubiera registrado un superávit de sólo $4.000 millones, complicando el programa financiero de la Nación que hace uso directo de estos fondos y reduciendo al mismo tiempo las necesidades financieras de las Provincias que hoy encuentran dificultades crecientes para financiar la transición con un Gobierno Nacional que escatima recursos discrecionales.
Con la carrera a 2015 lanzada (con la escala intermedia de 2013), entendemos que la puja por los recursos entre Nación y provincias en general y este capítulo en particular, que se enmarca dentro de la cuestión estructural del federalismo en la Argentina y la incapacidad de larga data de sancionar una ley de Coparticipación aceptada por unanimidad por las provincias, continuará en los próximos meses. Una vez más, la resolución de cuestiones de largo plazo, como la distribución de recursos entre Nación y provincias, o el financiamiento del sistema previsional y su sustentabilidad en el tiempo, queda supeditada a las pujas político/electorales.
* Directora y Economista de Estudio Bein & Asociados
