En las últimas horas del miércoles se conoció la decisión de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York que suspendió la orden del juez Griesa de abonar, junto al pago de los cupones PIB el próximo 15 de diciembre, la totalidad de las acreencias en manos de los holdoutscomprendidos en el fallo por un monto de US$1.330 millones. Al mismo tiempo, dispuso que el 27 de febrero el país deba presentar los argumentos con los que intentará revertir el fallo adverso del juez de primera instancia. Unos minutos antes, se había conocido otro fallo que otorgaba el derecho de apelar la decisión de Griesa a un grupo de bonistas que ingresaron al canje y que podrían ver dañada su seguridad jurídica al verse afectados directamente por un litigio en el cual jamás fueron parte (dado que el juez subordinó el pago a estos a la cancelación de las obligaciones con los fondos buitre).
Las buenas noticias de la justicia de Nueva York llegan en un momento donde el mercado asignaba una alta probabilidad tanto a la materialización de un evento de default (30 días tras el no pago pleno de los cupones PIB) como a la activación de los Credit Default Swaps (CDS) que aseguran el cobro de la deuda argentina
A partir de ahora la Argentina vuelve a disponer de margen de maniobra para replantear su estrategia. Ante esto, el Gobierno puede optar por intentar un mecanismo de redireccionamiento de los pagos para eludir la jurisdicción Nueva York, seguir honrando la deuda performing y alejar el riesgo de embargos (vale recordar y enfatizar que la sentencia de Griesa fue suspendida, pero no revocada). Para ello requiere, según los términos del prospecto de los títulos del canje, el acuerdo del 85% del monto outstanding del total de la deuda que se busque modificar la legislación, además del beneplácito del 66,7% de los tenedores de cada instrumento considerado por separado.
O bien, y en una alternativa que no resulta mutuamente excluyente con la anterior y con la que el Gobierno ya deslizó que está dispuesto a avanzar cuando el fallo de Griesa espiralizó el riesgo de default, el país podría elegir el camino de diseñar y presentar una propuesta de pago a los litigantes, incluyendo la alternativa de la reapertura del canje de 2005/2010 (derogando la Ley Cerrojo), en condiciones similares o algo peores a las iniciales. Si bien los fondos buitre difícilmente acepten una propuesta de estas características (dado que su negocio es adquirir deuda que cotiza a precios de default para luego negociar y/o litigar por un monto sustancialmente mayor), mostrar voluntad de pago a la justicia norteamericana constituiría indudablemente un espaldarazo a la estrategia legal. Todo lo contrario a declamar que “jamás se pagará un centavo” a los fondos buitre y demás declaraciones que se sucedieron en las últimas semanas por parte de funcionarios de alto rango, y que fueron tomadas por el propio Griesa en su fallo. Aun cuando la decisión del juez de establecer plazos tan inmediatos fue cuestionable, siendo reconocido de hecho por la propia Cámara de Apelaciones al suspender los plazos actuando nostra sponte (por propia voluntad, sin un pedido expreso de las partes), es claro que en una causa con estas implicancias la prudencia y la inteligencia deben primar por sobre las declaraciones altisonantes para consumo político interno. El país vuelve a tener una oportunidad para presentar su descargo ante un fallo de primera instancia que presenta notorias debilidades y que tiene implicancias no menores para el prestigio y la confiabilidad de la plaza de Nueva York como jurisdicción para realizar emisiones de deuda. ¿Sabrá aprovecharla esta vez?
* Directora y Economista de Estudio Bein & Asociados
