El esquema de subsidios al transporte hacia adelan

Los datos de ejecución presupuestaria del bimestre agosto/septiembre junto al anuncio del Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el sentido de que aceptará finalmente el traspaso del servicio de subterráneos, volvieron a poner sobre el tapete la sustentabilidad del esquema de subsidios a los servicios públicos, en un contexto donde el congelamiento de estos últimos contribuyó decisivamente a frenar el sesgo expansivo de la política fiscal. Entre julio y septiembre, el gasto antes de intereses creció por debajo del aumento en los recursos por primera vez en mucho tiempo.
La reducción a la mitad del subsidio que la Nación giraba a Metrovías (desde $720 millones anuales a $360 millones), en un contexto de aumento de costos, obligó al Gobierno de la Ciudad a disponer la suba de 127% de principios de año en el boleto (de $1,10 a $2,50) para intentar compensar los menores recursos. Esta situación derivó en una caída de 24% en los usuarios transportados, lo que puso todavía más presión sobre la viabilidad operativa del servicio, que estalló durante la discusión paritaria y culminó en un fuerte deterioro en la calidad de las prestaciones.
Vale recordar que hasta julio el total de subsidios al sector de transporte había crecido 34,2% i.a., con una reducción de 30,3% i.a. a los concesionarios de subtes y trenes (que se explica exclusivamente por la quita mencionada a los subtes) y una suba de 67,6% i.a. en los giros a las empresas de transporte automotor urbano, cuyas tarifas se mantuvieron congeladas para los usuarios que utilizaran la tarjeta SUBE (aproximadamente 80% del total, aunque no hay información detallada al respecto). Esta situación se modificó drásticamente en agosto y septiembre, tras el anuncio del Ministro del Interior y Transporte que apuntó a congelar los subsidios a las empresas de colectivos en los niveles de julio, dejando a criterio de cada jurisdicción la decisión de realizar un reajuste de tarifas. En el último bimestre, las transferencias al sistema de transporte automotor se redujeron 19% i.a. en términos nominales, y sin anuncios tarifarios en vista que permitan compensar hacia delante la ecuación económico-financiera del servicio, la posibilidad de un conflicto similar al experimentado con el subte no puede descartarse en los próximos meses. Claro que esta vez se trata de un servicio público que transporta siete veces más pasajeros que el subte, y, a diferencia de este último, un eventual deterioro operativo del servicio no puede ser sustituido con otros medios de transporte.
De momento, a sólo unos meses del congelamiento en los giros, las empresas absorbieron la noticia con la “crema” implícita en el esquema anterior de entrega de subsidios en base a declaraciones juradas sobre pasajeros transportados. La duda está entonces en lo que ocurrirá en los próximos meses, cuando este margen se reduzca y enfrenten además el aumento de costos, incluyendo la próxima paritaria del sector. De parte de la Nación, y con una trayectoria fiscal que por ahora apunta a acotar la dinámica del gasto en el año previo a las elecciones, maximizando el beneficio político (como el impacto de una vez de la exención del pago de Ganancias por el medio aguinaldo de diciembre) o minimizando y/o transfiriendo los costos de las medidas (como en el caso del recorte de subsidios al transporte y el otorgamiento de la potestad tarifaria a los distritos subnacionales), parece difícil que se giren nuevos recursos para financiar los mayores costos. Lo mismo ocurre con la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires, con presupuestos que no están en condiciones de afrontar los mayores costos operativos (y mucho menos las inversiones que permitan mejorar la calidad de los servicios). La única alternativa sustentable parece ser un ajuste tarifario que reestablezca la viabilidad del sistema. ¿Estará la política, en un año electoral, dispuesta a encararlo de manera ordenada y gradual? ¿O, como en el caso del subte, los colectivos serán esta vez la “novela del verano”, cuyo final se dilatará en el tiempo imponiendo fuertes costos sobre los usuarios?
* Directora y Economista de Estudio Bein & Asociados