| Luego de postergar los aumentos de precios “acordados” para febrero/marzo para principios de abril con las principales cadenas de supermercados, el Gobierno intentó extender la medida a otros sectores, incluyendo las cadenas de electrodomésticos y a otros eslabones de la cadena de valor, como las grandes empresas de consumo masivo, proveedoras de los supermercados y los canales de venta minorista.
De inmediato, se suscitó el debate acerca de la eficacia de estos acuerdos como mecanismo para contener la inflación y de los costos implícitos en esta estrategia. En nuestra opinión, la discusión no debería dividirse en dos partes. Por un lado su utilidad para frenar un proceso inflacionario cuando es evidente que, por sí solos y sin coordinación con el resto de las políticas, no tienen efectos en el largo plazo. Por otro su efecto sobre la dinámica de precios en los meses donde se concentra el grueso de las negociaciones paritarias. El congelamiento de precios, en rigor, se trata de una versión (algo más publicitada) de las autorizaciones de aumentos que el Gobierno venía otorgando periódicamente a las empresas de consumo masivo, aunque esta vez el objetivo puntual es mostrar tasas de inflación, relevadas por indicadores privados, cercanas a la mitad de lo que había registrado el mismo bimestre de un año atrás (en torno a 2,2% en cada mes). El anuncio se suma, así, al aumento del mínimo no imponible de Ganancias (que reduce de 5 p.p. a 2 p.p. el incremento en la alícuota promedio del tributo para el ejercicio 2013), al cierre por decreto de la paritaria docente a nivel nacional, con un aumento de 22% escalonado en tres etapas que en rigor esconde un aumento algo más bajo, a la desaceleración en el ritmo de aumento del dólar oficial (desde casi 23% anualizado en diciembre a 15% en lo que va del año) y a la moderada absorción de pesos que el BCRA viene realizando tras la fuerte expansión del último bimestre de 2012 (y que incluye una menor oferta de fondos al mercado interbancario por parte del Banco Nación, lo que derivó en una suba en el margen de la tasa Call). Todas medidas destinadas a intentar actuar sobre las expectativas y ubicar la paritaria para este año en torno al 24%, un nivel similar al de 2012, en medio de un elevado ruido político, un sindicalismo dividido y el levantamiento parcial de las anclas tarifaria y cambiaria. No obstante, y dada la estrategia cortoplacista con que se viene manejando la política en los últimos años, sobre todo de cara a las elecciones, no descartamos que el Gobierno intente explotar al máximo la eficacia de corto plazo de los acuerdos, extendiéndolos con el objetivo de mostrar menores tasas de inflación e impulsar el consumo en el margen en la previa de las elecciones. Acuerdos que no necesariamente implicarán congelamientos, pero si autorizaciones de incrementos algo más moderadas a las que se habían pactado previamente. No obstante, como señalamos antes, es evidente que ningún congelamiento puede frenar la inflación por si sólo. Esto ya se utilizó y ya falló (incluso dentro de esta misma gestión) con las consecuencias sobre la oferta observadas. Cualquier programa antiinflacionario requiere de una coordinación de políticas que no puede evitar hacer subir la tasa de interés que remunera al ahorro más en línea con la inflación presente, de una política fiscal que expanda el gasto a un ritmo menor que los ingresos y un acuerdo (en Argentina serian al menos cinco) de precios y salarios de moderación de la nominalidad. Evidentemente, nada de esto es posible sin que se recupere primero la credibilidad en las estadísticas del INDEC. * Directora y Economista de Estudio Bein & Asociados |
