La sobrerreacción de la tasa de interés del Banco Central (BCRA), junto al inicio de las subastas del Tesoro para vender en cuotas iguales y consecutivas de US$60 millones diarios los US$9600 millones acordados con el FMI, incentivó la oferta estacional de divisas asociada a la salida de una supercosecha. Esto afianzó el freno al dólar, que acumula una baja de casi 6% respecto de los máximos alcanzados a principios de marzo cuando la divisa empezó a flotar en medio de la banda.
Sin embargo, esto convive con un aumento del riesgo país, que se sostiene por arriba de los 800 puntos básicos, volviendo a los niveles de diciembre. Entonces, el desplome en los precios de los bonos había estado acelerado por el desarme de cartera de un banco extranjero para hacer lugar a la colocación de deuda de uno de los consorcios que participaban de los programas de participación público-privada (PPP). Mientras que hoy obedece a encuestas que empiezan a mostrar un resultado incierto si se da el escenario binario de ballottage entre el actual presidente y la expresidenta.
Frente a la evidencia del impacto en las encuestas de una recesión más pronunciada y una desaceleración de la inflación más lenta que la pronosticada por el Gobierno cuando anunció el segundo programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la reacción de la política escala y pretende tornar en expansivo un ajuste fiscal y monetario claramente contractivo.
El problema es que sin generar una confianza que permita volver a estabilizar las variables financieras, como ocurrió en enero y principios de febrero de la mano de la señal de paciencia de la Reserva Federal, las medidas pueden terminar siendo contraproducentes.
El objetivo de política en el año electoral vuelve a ser que el salario le gane a la inflación para restablecer el consumo. Y que esto, junto con una mejora en la cosecha y en la actividad de sectores asociados al cambio en los precios relativos, permita alcanzar una recuperación visible del nivel de actividad antes de las elecciones.
Pero esto requiere atrasar el tipo de cambio, ni más ni menos que lo que hicieron todos los gobiernos en los años electorales. Sin embargo, hoy, con un acuerdo con el FMI que limita la intervención en el medio de las bandas cambiarias, esto resulta complicado si los armados políticos no acompañan: se agota en julio/agosto la estacionalidad de la soja y además el Tesoro vende los dólares del Fondo en cuotas fijas sin efecto sorpresa.
En este contexto, el intento de aplicar políticas que moderen la inflación y en simultáneo impulsen el consumo puede complicar la economía. Es que el doble mensaje de la política genera cortocircuitos.
Por un lado, un BCRA cuyo programa monetario se torna más contractivo en términos reales cada vez que los precios suben por encima de lo proyectado, dando el mensaje a las empresas de que no va a convalidar la suba en sus precios. Y que, en rigor, contrae más de lo estipulado en el ya restrictivo programa monetario, dado que sube la tasa de interés por encima de lo que debería para cumplir el objetivo de base monetaria a fin de que no se escape el dólar.
Por otro, la política, que requiere y anuncia medidas que impulsan los ingresos de los sectores con mayor propensión a consumir. Acá entra el cierre de la paritaria docente de la provincia de Buenos Aires -paritaria testigo-, recomponiendo lo perdido en 2018 e indexando trimestralmente según la inflación. Y las medidas que se anunciaron y/o empiezan a trascender sobre distintos dispositivos para impulsar el consumo: crédito Argenta, subsidio de tasa a pymes, adelantamiento de la AUH y freno en tarifas y naftas, a lo que se sumaría un relanzamiento de Precios Cuidados.
El problema es que estas medidas no son inocuas en un contexto de restricción crediticia. Por un lado, pueden complicar el programa fiscal y financiero si en algún momento le faltan pesos y dólares al Tesoro por la caída en la recaudación y el manejo del gasto en el primer caso, y por la venta anticipada de dólares del Tesoro si no se dan los supuestos de refinanciación de LETE en el segundo.
Pero también impactan en la inflación en una coyuntura donde las empresas no miran al BCRA y siguen sus proyecciones de costos dada la prédica del Gobierno de que -al igual que en los últimos tres años electorales- el salario le va a ganar a la inflación y el consumo se va a recomponer.
El margen de acción para dar vuelta el ciclo de cara a las elecciones si no se restablece la confianza es ciertamente limitado. Y en medio de encuestas que empiezan a incorporar a sus resultados en forma creciente las dificultades económicas, el restablecimiento de la confianza se aleja. Mientras tanto, todas las miradas están puestas en el próximo 22 de junio, cuando finalmente se conozcan las listas y esta información despeje o torne más desafiante el escenario financiero.
