El repunte transitorio de la actividad montado sobre un nivel de consumo público y privado inéditamente alto para la Argentina no alcanzó para revertir el resultado electoral y difícilmente logre un cambio sustancial en los dos meses y medio que quedan hasta octubre. Esta coyuntura terminó por diluir cualquier posibilidad de reelección en un contexto donde la distorsión de precios relativos existente (tarifas y atraso cambiario) y la escasez de dólares resultante del cierre de las cuentas externas (ahora además con el precio de la soja jugando en contra) limitan las posibilidades de impulsar la macro y recomponer el caudal político como ocurrió en 2003 y posteriormente en 2009.
Frente a este escenario, la estrategia que viene llevando a cabo la política de intentar limitar el atraso cambiario hacia adelante “administrando” –cepo mediante- la escasez de dólares resultante del sector externo y de un stock de reservas que sigue cayendo en gran medida como contracara de la cancelación plena de todos los vencimientos de la deuda pública y privada con Reservas sigue apareciendo como la mejor opción de la política frente al ajuste que implicaría un intento de adelantar el tipo de cambio vía una devaluación brusca del peso y/o un intento suicida de tratar de volver a forzar la macro por la vía fiscal y/o la política de ingresos.
Esto es un escenario de administración de Reservas (léase los controles cambiarios que sean necesarios y/o un mayor desdoblamiento fiscal) en un contexto de bajo crecimiento de la economía, brecha cambiaria y algún intento de apertura de la cuenta capital. Un dólar moviéndose en torno a 26% más en línea con la tasa de inflación, el aumento en los salarios y el Gasto Público, una tasa de interés menos negativa en términos reales y una economía creciendo muy poco o estancada. Esta estrategia de evitar que el tipo de cambio se atrase hacia adelante no es muy distinta de la vista en 2013, hasta que este intento chocó con las necesidades de la política que optó por poner un coto a la corrección al alza que desde mayo empezaba a mostrar la tasa de interés y volver a impulsar el Gasto Público en los meses previos a las elecciones.
En este escenario la política logra estabilizar en 2014 el nivel del atraso cambiario en el corto plazo consistente con una tasa de devaluación algo más alta (26% en vez del 22% proyectado para 2013; dólar de $5,97 y $7,5 a fin de cada año) en tanto la tasa de interés que remunera al ahorro en pesos tiende a niveles más neutros contra la inflación (Badlar en 24/25% a fin de 2014). Este esquema de administración requiere una política fiscal neutra en términos de crecimiento de gastos y recursos que no acelera el financiamiento del BCRA en relación a 2013.
Con un dólar subiendo 26% y paritarias que se sostienen en torno al 24% (la política continúa con el intento de moderación de la nominalidad de la puja distributiva, principal incógnita frente a la pérdida de consenso político implícita en el resultado electoral), la tasa de inflación aumenta a 25/26% (por el mayor ritmo de devaluación del dólar oficial y un intento escalonado de desarmar subsidios a los servicios públicos). El riesgo es el traslado de la brecha cambiaria a precios locales, algo que en el contexto actual viene siendo amortiguado por la trayectoria de las importaciones, pero que en 2014, con exportaciones estancadas y/o cayendo y sin un horizonte electoral inmediato, probablemente encuentre más restricciones.
Este escenario que requiere de una enorme coordinación de la política y la convicción de que la capacidad para impulsar el crecimiento de corto plazo no está disponible. Si el Gobierno pretendiera pasar a la ofensiva intentando reconstruir capital político profundizando el modelo, tal cual lo hizo en 2003, cuando ganó con apenas el 22% de los votos y una economía apenas arrancando de una profunda recesión, y tras la derrota de 2009, cuando aceleró al 35% la nominalidad de los salarios y sostuvo al gasto público creciendo 20 p.p. por encima de los recursos, los costos podrían terminar siendo más altos que los beneficios. Es que como venimos sosteniendo, el margen de maniobra hoy resulta mucho más limitado al vigente 2009 cuando la estatización de las AFJP`s abortó el default, las lluvias que siguieron a la sequía aumentaron 40% la oferta agrícola y además coincidió el retorno del viento de cola de un mundo desarrollado que logró estabilizar el sistema financiero luego de la crisis subprime y todavía entonces respondía con políticas keynesianas para impulsar la macroeconomía favoreciendo una recuperación violenta del comercio mundial hasta que arrancó la crisis en la periferia europea con las dudas sobre la capacidad de pago de Grecia. Con los precios relativos actuales (tarifas congeladas y atraso cambiario afectando la rentabilidad de los sectores exportadores), sin excedente de dólares en las cuentas externas, sin crédito y con las reservas cayendo, cualquier intento de acelerar la economía desde niveles muy altos (tanto en lo que respecta al consumo público como privado) por la vía fiscal o de la política de ingresos va a tener efectos contrapuestos en términos o bien monetarios o bien de brecha cambiaria.
En otro extremo, si el gobierno tratara de ganar adelanto cambiario (léase devaluar fuerte) intentando reducir los controles y apuntando a recuperar parte de la competitividad perdida, se agudizarían los costos tanto en términos de actividad como de inflación -en la medida que no logre limitar el traslado a precios de la devaluación en una economía mucho más cerca del pleno empleo que en 2002 y sin ninguna capacidad para amortiguar los precios vía congelamiento de tarifas y/o suba de retenciones-. Evidentemente, estos costos podrían ser amortiguados si esta estrategia pudiera combinarse con algún grado de apertura al crédito y/o un acuerdo social que logre sostener las ganancias de competitividad de la devaluación (salarios subiendo menos que el dólar), pero no luce a priori algo intuitivo. Con la política cambiaria manejada directamente por el BCRA, cepo mediante que impide que el mercado gatille la corrección cambiaria, difícilmente el Gobierno opte por el camino del ajuste brusco.
