Luego de casi tres meses de anomia coordinada por el resultado de las PASO, el 27 de octubre se cerró el año electoral convalidando la elección de Alberto Fernandez como Presidente, pero con un arqueo de fuerzas más balanceado que el registrado en agosto. Sin embargo, la ahora ventana de cooperación esperable con un gobierno pato rengo a cargo hasta el 10 de diciembre, y los riesgos ciertos de que la herencia empeore sino se toman decisiones que apunten a estabilizar la economía de un país sin crédito y cada vez menos reservas para financiar la transición, sigue sin aparecer.
La lógica política de no anunciar un ministro para no “desgastarlo”, choca con la incertidumbre y los costos que provocan las reacciones de las empresas y familias para protegerse frente a las noticias contradictorias que aparecen y una brecha cambiaria que se sostiene en el 24% en el dólar mep y 32% en el contado con liquidación. Esto en una economía donde se dolarizaron “hasta las macetas”, pero que convive con un desplome en la demanda de pesos luego de la licuación en cuotas resultante del salto cambiario de $17 a fines de 2017 a $60. Y que, dependiendo de cómo se maneje la política económica que viene, enfrenta un shock potencial de pesos (por el desarme de Leliqs en camino, por los vencimientos de la deuda en pesos y por el agujero fiscal de diciembre) frente a un BCRA con cada vez menos reservas.
Desde el lado de la política, la reacción a la falta de una hoja de ruta en la transición también aparece. En lo inmediato, y luego de que en última semana antes de los comicios se perdieran US$3.000 millones de los US$23.000 que cayeron las reservas tras las PASO -de US$66.500 el 9 de agosto a US$43.500 el viernes previo -, el BCRA respondió en forma literal a la demanda que Alberto Fernandez hiciera a través de los medios en las semanas previas. Demanda que incluía: cuidar las reservas, sostener el dólar en $60 y bajar la tasa de interés acelerando el desarme de las Leliqs.
Para avanzar en esta trinidad imposible sin un plan viable que genere confianza para un gobierno sin horizonte, el BCRA avanzó en un cepo que prácticamente prohibió la compra de dólares a las personas físicas que todavía podían hacerlo, al pasar el límite mensual de US$10.000 que tenían desde el 30 de agosto, a sólo US$200. La rusticidad del primer anuncio fue acompañada de un régimen informativo para importaciones mayores a US$2 millones de dólares mensuales y la obligación de despachar a plaza antes de los 90 días, intentando moderar el incentivo a acelerar pagos de importaciones y algunas medidas posteriores para tapar agujeros que se fueron generando fundamentalmente en el uso de tarjetas en dólares.
En el medio de esta incertidumbre, una economía que ajustó: la caída del PIB acumularía a fin de año 11% desde que arrancó la crisis en abril de 2018 (la mitad que en la crisis de 2001), el déficit de cuenta corriente se reduciría del 5% del PIB en 2017 a equilibrio a fines de 2019 y el déficit fiscal antes de intereses de 4% del PIB en 2017 (5% si no se contabilizan los ingresos extraordinarios del blanqueo) a uno en torno a 1,5% en 2019.
Pero dada la indexación del 60% del gasto público de la Nación (la movilidad previsional) y el desplome en la recaudación (agudización de la recesión, medidas fiscales de Macri post PASO y licuación de las retenciones a las exportaciones establecidas con un monto fijo), la corrección fiscal empieza a desajustarse rápidamente a menos que la inflación siga escalando año a año o se rompa la indexación. Y esto se da en una economía en la que, como dijimos antes, se desplomó la demanda de pesos frente a un salto inflacionario que terminaría el año en la zona del 60%.
Si el Gobierno entrante no avanza en un plan de estabilización que enmarque la negociación de la deuda en un programa que además del acuerdo de precios y salarios que rompa la inercia inflacionaria, mantenga en simultáneo la consistencia fiscal y monetaria, difícilmente se pueda pensar en encender la economía.
La consistencia fiscal requiere que el esquema previsional, las tarifas y el esquema cambiario (incluyendo la recomposición lógica de la alícuota de retenciones) se inserten en la nominalidad buscada en el acuerdo de precios y salarios, sin que se dispare la brecha cambiaria. La consistencia monetaria, además de la señal de equilibrio primario (antes de intereses), va a requerir una definición sobre la deuda teniendo en cuenta que en 2020 vencen cerca de US$30 mil millones, mitad en dólares, mitad en pesos. Y no es evidente que la demanda de pesos pueda absorber vencimientos por el equivalente al 80% de la base monetaria en 2020. Vencimientos que se suman al stock de Leliqs y Pases Pasivos, que a pesar del desarme que se aceleró post PASO todavía equivalen al 70% de la Base Monetaria, y que son la contracara de los depósitos en pesos de los bancos. La tasa de interés es el cuarto precio a incluir en este esquema, pero esta debería a ser la resultante de la consistencia del programa, y no una definición ex ante como proponen algunos para impulsar el crédito.
La estabilización no resuelve los problemas de la Argentina pero frente a una dinámica financiera como la actual, con riesgo de un evento de crédito, problemas con los bancos y espiralización de la inflación con recesión, brindaría aire a la política en el arranque de la gestión para encarar una agenda de más largo plazo. El margen para encender la economía sin estabilizarla previamente luce muy riesgoso. De momento y aun cuando ya pasaron 10 días desde el 27 de octubre, pareciera que todavía estamos en campaña con propuestas contrapuestas en cada uno de estos frentes y sin una hoja de ruta que las coordine.
