| La dinámica de los acontecimientos en la última semana representó el desafío más serio en la agenda al crédito que la política venía encarando en los últimos meses. El rechazo de la Corte Suprema, conocido el lunes a primera hora, generó en forma casi instantánea, un cambio en la visión del mercado, que pasó desde la pregunta de “cuándo entrar” a una disparada en el riesgo de default frente a una sentencia que, en ausencia de negociación, resulta imposible de cumplir vía el pago con reservas de la totalidad de las acreencias, y una volatilidad muy alta en los precios de los activos locales, dependiendo del minuto a minuto de las señales contradictorias del Gobierno. En lo inmediato, y con la pelota del lado argentino, la política viene dando señales en dos sentidos. Por un lado, y en lo que parece tendiente a reforzar la posición de la “política-política” interna, el Gobierno se esfuerza por lanzar diatribas contra los fondos buitre, anuncia que dada la caída del stay no puede pagar el próximo vencimiento de junio, anuncia que se iniciaron los pasos para un cambio de jurisdicción y desmiente una misión para negociar en Nueva York, tal cual había trascendido tras la audiencia del miércoles. Por el otro, da señales en el sentido de una negociación, luego de enviar a los representantes legales del país a la audiencia llamada por el juez Griesa para buscar un mecanismo que permita materializar el cumplimiento de la sentencia. Vale recordar que en la audiencia del 30 de mayo, el propio Griesa señaló que la negociación era común en el terreno judicial y que no había necesidad de pensar en escenarios “catastróficos” (lo que hace suponer, bajo ciertas condiciones vinculadas a la eventual propuesta argentina, en alguna reinstauración del stay para evitar el default y un paraguas judicial para sortear la RUFO clause). Los incentivos de la política, al igual que en el camino de la agenda al crédito, son evidentes frente a los escenarios binarios que se abren. La apertura de la cuenta financiera aportaría los dólares necesarios para morigerar la presión sobre el balance del BCRA, permitiendo afrontar los vencimientos de deuda y las importaciones necesarias para financiar algún crecimiento de cara a 2015, y una moderación de la inflación vía un mayor atraso cambiario que no implique un overshooting de tasa de interés. Dinámica indispensable para asegurar un buen recuerdo de la “Década Ganada. Una posición extrema frente a los fondos buitre, por el contrario, aportaría un efímero beneficio político, dando un tono de “épica” a la situación, pero llevando a la Argentina a un default técnico, tirando por la borda los esfuerzos de los últimos meses y llevando a un escenario macroeconómico sin dudas más duro: más devaluación, más tasa de interés, más inflación y menos crecimiento dada la escasez de dólares autoinflingida. Aun cuando la sentencia de Griesa no puede cumplirse vía un pago en efectivo, si puede hacerse con un esquema similar al utilizado para el pago de la indemnización a Repsol. Este último se instrumentó mediante la entrega de bonos, con una cláusula donde el valor nominal a ser entregado estaba supeditado a asegurar un determinado valor de mercado. De hecho, la sola reacción del mercado frente al arreglo generó una suba en los precios de los bonos que evitó tener que emitir más deuda para asegurar el valor nominal de la oferta. Hoy la reacción del mercado frente a un acuerdo de estas características operaría sin dudas en el mismo sentido. Según datos de la Subsecretaría de Financiamiento, la totalidad del valor nominal de la deuda no ingresada al canje en moneda extranjera, incluyendo los US$1.330 millones del litigio, ascendía a poco más de US$11.500 millones, de los cuales sólo dos terceras partes estarían alcanzados en forma directa dado que tienen la jurisdicción Nueva York. Pero aun tomando los números de la Presidenta, los US$15.000 millones mencionados representan sólo 3% del PIB, lo que llevaría el ratio deuda en el mercado a PIB desde el 12% actual a 15%, un nivel que sigue siendo muy bajo según los parámetros de las últimas tres décadas. Por lo pronto, trascendió que representantes del fondo Elliot se mostraron dispuestos a avanzar en un esquema que incluya un pago con bonos, dado que un esquema similar al de Repsol les aseguraría el cobro de la totalidad de las acreencias (más allá de las eventuales operaciones con CDS que los fondos puedan haber realizado en los últimos días de alta volatilidad). Por su parte, el propio Griesa, de no brindar un paraguas judicial frente a dos partes dispuestas a negociar y forzar por ende un default, terminaría fracasando en su intención de imponer justicia y velar por el respeto de los contratos, dado que los litigantes no lograrían cobrar sus acreencias y al mismo tiempo los tenedores de bonos reestructurados verían violado el derecho de propiedad en un litigio en el cual no están directamente involucrados. Los incentivos de las tres partes parecen claros. También los escenarios binarios que se abren para los próximos meses. ¿Primará la lógica política y económica, llevando al escenario de más crecimiento y menos inflación? ¿O se impondrá la “épica”, aun a costa de manchar el recuerdo de la Década Ganada? Más allá de la diatriba, difícilmente se interrumpa el giro al crédito encarado en los últimos meses. Al final de cuentas, como referencio el Ministro de Economía, “tenemos objetivos y no nos casamos demasiado con los instrumentos, porque un destornillador no es de derecha ni de izquierda, no es peronista ni radical, es un instrumento”. |
