Tres días después del anuncio, el Gobierno publicó los cambios en el Impuesto a las Ganancias que apuntan a moderar el peso del tributo sobre los tramos medios de salarios que luego del parche de 2013 habían quedado alcanzados con alícuotas crecientes en función de los aumentos nominales que registraron desde entonces los salarios.
Y si bien el cambio genera un alivio en este segmento (los que ganaban por mes entre $15.000 y $25.000 brutos entre enero y agosto de 2013), sólo acota las subas en las alícuotas generadas por los aumentos que surjan de las paritarias. En ningún caso las reduce respecto al status quo de 2014, por lo que el “costo fiscal” de la medida es en rigor un beneficio fiscal menor.A modo de ejemplo, para un trabajador que percibía en 2013 un salario de $1 por encima del límite de los $15.000 mensuales que lo hubieran dejado exento del impuesto, y sus ingresos aumentaron en línea con la paritaria, la alícuota que había pasado de 5,9% en 2013 a 10,9% en 2014 aumentaría después de las paritarias a 12,8% en vez del 16,2% con que hubiera estado alcanzado sin esta medida. Y dados los tramos incluidos en la normativa, la mejora se reduce a medida que van subiendo los ingresos en la base, dada la escala de deducciones considerada hasta llegar a los $25.000 mensuales (siempre en los primeros ocho meses de 2013), por sobre los cuales no operó ninguna corrección.
Es decir, la medida contribuye a moderar el aumento en la carga impositiva para quienes cobraban entre $15.000 y $25.000 pesos en el período de referencia, pero no corrige las inequidades groseras que generó la reforma de 2013 sino que, por el contrario, las agudiza.
En efecto, la determinación del pago o la exención del impuesto continúa dependiendo de una estructura de ingresos pasada, generando situaciones ridículas y difíciles de justificar independientemente del enfoque ideológico. A modo de ejemplo, un trabajador que hoy cobra mensualmente $35.000 pesos bruto, puede tributar una alícuota de 27% si ganaba más de $25.000 pesos en 2013, 17% si ganaba $18.000 y 0% si ganaba menos de $15.000.Si bien es cierto que los más afectados por el esquema representan una porción pequeña del total de asalariados formales (sólo tributa el 10% y, según datos oficiales, el 68% se vería “beneficiado” por la medida), la baja cantidad de afectados no resulta un argumento válido para defender una política injusta que implica considerables aumentos en la presión tributaria año a año que no están vinculados al poder adquisitivo. Además de que tampoco se tiene en cuenta a los autónomos.
Adicional a la nueva tablita que recreó la “reforma” de 2013 (la de la Alianza ya había sido eliminada en 2009), el principal problema del esquema actual reside en la no actualización de los tramos de ingresos que definen las alícuotas del impuesto. Tramos que siguen sin ser actualizados desde la salida de la Convertibilidad a pesar de que los salarios formales se multiplicaron por trece veces desde entonces según los datos del organismo recaudador. Hoy la alícuota máxima del 35% alcanza a los ingresos anuales imponibles mayores a $120.000, igual que en 2001 aunque el poder adquisitivo de esos pesos hoy es menos de una décima parte.
No obstante, las inconsistencias del esquema mencionadas no justifican tampoco a quienes proponen directamente eliminar el impuesto sobre todos los trabajadores, independientemente de su nivel de ingresos. Esto implicaría ir a contramano de los sistemas tributarios de los países desarrollados, donde el impuesto a los ingresos de las personas físicas constituye uno de los tributos más relevantes por tratarse de un impuesto progresivo y menos distorsivo que otras alternativas.
La corrección del esquema debe girar en torno a la definición de un nivel de ingresos a partir del cual comenzaría a tributarse el impuesto, la definición de una estructura de alícuotas progresiva y mecanismos de actualización que permitan mantener estable el esquema a lo largo del tiempo.
