| A quince meses de instalados los controles cambiarios y a sólo ocho meses de las próximas elecciones legislativas, la política ensaya un golpe de timón para tratar de contener la inflación y al mismo tiempo impulsar el consumo en el margen. Nada fácil para una economía donde la experiencia de empujar la distribución del ingreso vía salarios y gasto público encontró un límite a partir de la desaparición del excedente de dólares que permitía financiar el aumento en las importaciones implícito en esta estrategia y donde la vía de escape de los controles cambiarios para estabilizar la demanda de pesos con una tasa de interés fuertemente negativa derivó en una brecha cambiaria que alcanza a 50%.
Con una inflación de base en torno al 24% en el cierre de 2012, si la política de ingresos (y en consecuencia la fiscal) se pasa de largo como ocurrió en 2010 y 2011, se acelera la inflación, pero si se la contiene demasiado se frena aún más la economía por la caída en los ingresos reales resultantes. De aquí que los salarios, que para la política bajo ningún concepto “tenían alguna incidencia en la inflación”, se intenta ahora funcionen como ancla liviana para estabililizar el alza en los precios. El Gobierno tiene en claro el riesgo que corre si no modera rápido el ritmo al que gira la rueda de precios y salarios. El creciente atraso cambiario implícito en esta dinámica terminaría generando en algún momento una corrección del dólar mayor que de suceder gatillaría un salto en el nivel de la inflación y una caída de los ingresos reales que volvería a deteriorar la mejora en la distribución del ingreso alcanzada. Pero en lugar de utilizar al Banco Central para coordinar las expectativas de inflación, Argentina no sólo no cuenta con una estadística de precios creíble, sino que además el BCRA relativiza cualquier vínculo de la política monetaria con los precios mientras financia la brecha financiera del Estado Nacional. Cualquier programa anti inflacionario requiere de una coordinación de políticas que no puede evitar hacer subir la tasa de interés que remunera al ahorro a una más en línea con la inflación presente, una política fiscal que expanda el gasto a un ritmo menor que los ingresos tributarios, y un acuerdo (en Argentina serian al menos “cinco”) de precios y salarios de moderación de la nominalidad. Evidentemente, esto no es posible sin que se recupere la credibilidad en las estadísticas del INDEC. Y menos apuntando, en forma exclusiva, a congelar precios como única medida. No hay programa antiinflacionario sostenible que pueda acelerar el ritmo de crecimiento del consumo en el corto plazo. Las economías pueden crecer con baja inflación, pero en el mientras tanto no aceleran sino más bien desaceleran su crecimiento y siempre se paga un costo político. Esta racionalidad no cuaja con la política en un año electoral. Y es precisamente en este marco donde se inscribe el recientemente anunciado congelamiento de precios. Congelamiento de precios con el que la política intenta junto con una devaluación del dólar oficial algo más lenta en el margen (15% de ritmo anualizado en enero y febrero vs. el 23% anualizado de diciembre) y un ajuste en el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias (que en rigor devuelve sólo 3 p.p. de los 5 p.p. que subiría la alícuota con un aumento de salarios del 24%), moderar las paritarias, apuntando a evitar que aumente el ritmo al que gira la rueda de precios y salarios. Revisando la experiencia Argentina, surge que ningún acuerdo de precios funcionó en el mediano/largo plazo para anclar la puja distributiva y contener la inflación. Sin embargo, cuando se acorta el horizonte las conclusiones son distintas. Prácticamente todos los acuerdos de precios funcionaron varios meses y es altamente probable que esto vuelva a ocurrir ahora. La inflación de febrero y fundamentalmente la de marzo -medida por privados- va a ser menor que la de un año atrás generando por primera vez en más de un año una caída en la interanualidad de la suba de precios. Sin embargo, lo que arrancó por 60 días para finalizar a principios de abril –en rigor un corrimiento en el margen de las subas autorizadas de marzo- se va a correr al menos hasta que finalicen las paritarias ¿Mayo? Ahora bien, visto el cortoplacismo de la política y aún cuando en el mediano plazo resulta ciertamente inconsistente contener la inflación vía un congelamiento de precios con costos que suben –probablemente algo menos que en el escenario sin congelamiento, si se logra contener la paritaria-, es probable que intenten extender esta estrategia algunos meses más. Acá entra en juego la lectura del Gobierno respecto al “ahora reconocido” problema de la inflación. Según la lectura oficial, ésta es básicamente una inflación de puja distributiva originada en el “abuso de posición dominante de los grupos concentrados”. Lo que confunde ciertamente esta visión es que lo que define un mercado de competencia imperfecta, son mayores niveles de precios, no una mayor tasa de inflación. ¿o acaso la economía está hoy más concentrada que en 2003 y 2004?. Pero además lo que no puede explicar este discurso es si el grueso de los “grupos concentrados” viene “acordando” sus precios en conversaciones periódicas con la propia Secretaria de Comercio ¿cómo pudieron fijar una mayor tasa de ganancia? Más bien lo que se está discutiendo es cuánto más ésta puede caer si el aumento en las cantidades no alcanza a compensar los menores márgenes unitarios que se vienen verificando durante los últimos cuatro años. La prioridad vuelve a ser Octubre y con menos grados de libertad, la política intenta encontrar un atajo para evitar que la inflación escale y al mismo tiempo dar algún incentivo adicional al consumo. Tenemos la sensación de que el Gobierno sabe lo que está haciendo hasta las elecciones, y es probable que no sepa todavía ni se esté planteando la hoja de ruta posterior para desarmar la presión creciente del próximo verano. *Economista y Directora de Estudio Bein & Asociados |
