| La aplicación del criterio pari passu de la Corte Norteamericana del juez Thomas Griesa en el caso de los tenedores de deuda soberana argentina que no ingresaron al canje en 2005 ni en su posterior reapertura en 2010 –holdouts– (fondos buitres, entre otros) implica un cambio -no menor- en el balance de poder de las negociaciones entre acreedor/deudor respecto del canje griego llevado a cabo a principio de este año.
En el caso griego, con un 86% de la deuda privada sometida al canje (US$271.000 millones) bajo legislación griega, la activación retrospectiva de las cláusulas de acción colectivas (CACs por sus siglas en inglés) a partir de una ley aprobada por el parlamento griego, obligó al resto de los acreedores que en un principio no habían aceptado la propuesta griega, a acatar las condiciones del canje. En este contexto, Grecia consiguió extender la adhesión del canje desde el 85,8% inicial hacia el 95,7% luego de la instrumentación de las CACs, en un proceso de reestructuración consistente con una quita nominal del 50%, pero que se extendió hasta el 75% cuando se tiene en cuenta el estiramiento de los plazos y las menores tasas de interés. Evidentemente, el marco legal en torno al proceso de reestructuración griega priorizó el poder de negociación de la mayoría que aceptó voluntariamente el canje por sobre la minoría que rechazó desde el vamos la propuesta griega. Ocho meses después, el caso argentino es bien distinto. Luego de la exitosa reestructuración de la deuda defaulteada a fines de 2001 -cuando colapsó el esquema de convertibilidad- con niveles de aceptación que entre los dos canjes alcanzaron el 92,5% de los acreedores y una quita nominal del 65,6% sobre un stock de deuda original de US$81.800 (US$102.500 con intereses), la peculiar aplicación del criterio pari passu cambia las relaciones de poder e instaura una jurisprudencia cuestionable para los futuros procesos de reestructuración de deuda soberana. Cláusula de pari passu que en los hechos, si Argentina no cumple con el fallo ni la corte suspende la medida hasta su revisión, prohíbe a la Argentina seguir pagando la deuda reestructurada bajo legislación norteamericana y británica (por un total de US$28.000 millones sin incluir cupones del PBI, 22% del total de la deuda pública) mientras no se honre la deuda de US$1.300 millones con la minoría de los hold outque no ingresaron al canje y hoy litigan frente a la Corte de EE.UU. A diferencia del caso griego, esta vez, la interpretación del criterio pari passu del juez Griesa –probablemente exacerbado por la reacción argentina de no ofrecer un mecanismo de pago y avisar que “no va a pagar ni un dólar a los holdouts– y la compleja cadena de pagos asociada a los bonos con legislación internacional, jugaron en contra de los bonistas que ingresaron al canje. Paradójicamente, esta asimetría en torno al poder de negociación entre deudor/acreedor entre una Grecia que no tenía capacidad de repago en una Zona Euro con riesgo de contagio financiero y una Argentina aislada del canal financiero y que sí tiene voluntad y capacidad de pago a los bonistas que entraron en canje, puede derivar en el mismo escenario de default técnico. Hacia adelante, escenarios opuestos con resultados similares pueden generar un esquema de incentivos confuso para la dinámica de los mercados en general y en particular para la deuda emitida en Nueva York. Un ejemplo de esto es que luego de los últimos eventos, la deuda argentina emitida en Nueva York que pagaba tasas de interés 3 puntos menores a la emitida localmente para igual duración, hoy paga dos puntos más. Veremos cómo sigue. *Economista y Directora de Estudio Bein & Asociados. |
