| El margen para seguir sosteniendo distorsiones en la micro se achica en forma directamente proporcional al agotamiento de la caja. Dicho de otro modo, la capacidad de la política fiscal, que intentó contener la inflación vía un cúmulo de subsidios cruzados y restricciones al comercio exterior, se ve agotada en esta etapa del ciclo, cuando precisamente se requiere aflojar estas restricciones para reducir gastos (subsidios) o evitar perder ingresos (retenciones).En términos estrictamente fiscales, la política de precios era superavitaria hasta fines de 2008, con ingresos por retenciones mayores que los pagos por subsidios. La diferencia alcanzaba a 1,8% del PIB en 2005, 0,9% en 2006 y sólo 0,5% en 2007 y 2008. En lo que va de 2009, sequía y desplome de los precios de exportación mediante, la diferencia entre lo cobrado por retenciones y subsidios tiende a cero: ambos ascienden a 2,9% del PIB. En efecto, si bien los subsidios dejaron de crecer al ritmo que lo venían haciendo desde 2005 (en promedio más de 100% por año), siguen aumentando 16% en los primeros siete meses del año, aunque con diferencias en la composición. Aumentan más los requerimientos de caja de las empresas estatizadas que las transferencias a sectores para mantener precios bajos: sin las transferencias a Aerolíneas, los subsidios aumentan sólo 8,7% en el primer semestre.En este marco se encuadran los aumentos en la electricidad y el gas por red implementados vía cargos tarifarios en octubre pasado a los sectores de altos consumos (no necesariamente altos ingresos, he aquí la dificultad para implementar la tan mencionada tarifa social) y que recién ahora -cuando aumenta el consumo estacional- se trasladan con fuerza al bolsillo. La postergación de los aumentos a partir de la presión mediática y el accionar de la oposición, intenta ser capitalizada por el Gobierno como una muestra a la clase media del costo que está siendo subsidiado. Es un claro cambio en el discurso oficial, que hasta ahora prefirió mantener tarifas cuasi congeladas desde la salida de la Convertibilidad, con una inflación que aumentó desde entonces casi 200% (300% en el caso de los alimentos), con las distorsiones ya conocidas sobre la oferta. La magnitud del aumento, necesaria en términos económicos pero inviable en términos políticos, muestra una parte significativa del problema. También se enmarca en esta restricción fiscal la apertura de las exportaciones del campo, atadas con un cerrojo a partir de 2006 para evitar el traslado a precios locales, y que ahora en medio de la pelea con el campo por las retenciones a la soja (8% de los recursos tributarios), se pone sobre la mesa de negociación a pesar de los efectos sobre los precios. Nuevamente, es lo que se vino pidiendo sistemáticamente al Gobierno, pero el aumento en los precios derivado de estas medidas va a volver a poner presión sobre los precios de la inflación.Intentando buscar algo positivo en la forma en que se da el desarme de semejante maraña de distorsiones que han tenido impactos negativos sobre la oferta, uno podría decir que la liberación de precios se da justo en el momento del ciclo que se generan menos presiones adicionales sobre los precios o efectos de segunda ronda. Hay consenso en que se produjo una importante desaceleración de la inflación registrada desde el segundo trimestre del año pasado, cuando los precios pasaron de crecer a un ritmo anualizado cercano al 30% a uno más parecido al 12/15%, dependiendo de las estimaciones alternativas de inflación que se tomen. Ahora bien, tal cual establecieramos al inicio de la nota, no hay margen para seguir postergando estas decisiones. El no acceso al crédito, explicado en parte por estas distorsiones y por la decisión de manejar directamente las estadísticas de inflación, genera una presión mayor sobre la necesidad de sostener el superávit fiscal, que en el primer semestre se destruyó a 1,3% del PIB, a pesar de los ingresos adicionales que antes iban a las AFJP´s, que ascendieron a 1,1% del PIB. Sin crédito genuino, más allá de alguna colocación al sistema financiero local en forma directa o indirecta vía un canje de bonos (que por lo pronto no parece económicamente rentable para el Gobierno dados los rendimientos actuales), la lógica deriva necesariamente en un mayor financiamiento vía el BCRA, en cuyo caso, y también en forma indirecta, va a tener repercusión sobre la inflación. Nuestro escenario base incluye en 2010 un financiamiento del BCRA similar al de 2009 ($24.000 millones), aunque con una composición diferente, más utilidades (consistentes con un tipo de cambio en torno a $/US$4,06 a fines de 2009) y menos adelantos transitorios, y una tasa de inflación que se acelera, puja distributiva mediante, al 17% vs. el 14% estimado con que cerraría 2009.*Economista y Directora de Estudio Bein & Asociados. |
