El crédito y los incentivos de la política

El mercado se encuentra a la espera de noticias en relación a las negociaciones que se están llevando adelante en Nueva York, incorporando en los precios de los activos locales la expectativa de un acuerdo que permita dejar atrás el litigio. Aun con la corrección de ayer, los títulos soberanos se encuentran en máximos de tres años. Según trascendió, hasta el momento las partes se reunieron por separado con el Special Master Daniel Pollack y no se materializaron encuentros directos a 15 días de que culmine el plazo para la formalización del default. A priori, dados los incentivos de todas las partes, la solución debería terminar llegando, aunque el principal escollo hoy por hoy resulta el diseño de un mecanismo que permita minimizar las chances de éxito de eventuales presentaciones vinculadas a la RUFO clause, que obliga al país a extender a los bonistas que entraron al canje cualquier oferta “voluntaria” que se realice a los holdouts. En este caso, será fundamental algún guiño por parte de Griesa y, sobre todo, evitar rubricar cualquier tipo de acuerdo vinculante antes del vencimiento de la cláusula, más allá de la fecha de los pagos efectivos. Si bien esto no elimina la posibilidad de algún grado de judicialización vinculado a la RUFO, si permite acotar las chances de que algún juez dé lugar a los potenciales pedidos de algún tenedor de bonos del canje. De diseñarse este mecanismo, no parece haber mayores impedimentos para el logro de un acuerdo, con los holdouts deslizando que aceptarían incluir bonos en algún esquema de pagos (“a la Repsol”) y el propio Griesa instando a las partes a negociar y a buscar un acuerdo consensuado (“como todos los días se alcanzan en las cortes”, según sus propias palabras). Quedan 15 días para alcanzar una solución, que probablemente no se materialice en un acuerdo definitivo, sino que tome la forma de algún mecanismo para que los fondos buitre soliciten a Griesa una reimposición (al menos temporal) del stay que evite el default técnico y brinde aire al menos hasta el pago de septiembre. En todo caso, el “peor” resultado (al que asignamos bajas chances de ocurrencia), con Argentina cayendo en default técnico y postergando en el tiempo una solución, no incluye escenarios catastróficos similares a los de 2001, dadas las limitadas necesidades financieras y la inexistencia de descalce de monedas en el sistema financiero (en 2001 el default evaporó el valor de las tenencias de títulos). Al mismo tiempo, la propia naturaleza del default técnico (existiendo voluntad y capacidad de pago aunque no de cobro) pone un piso a los precios de los títulos. En todo caso, la necesidad de encarar vencimientos en moneda extranjera por unos US$15.000 millones hasta el final del mandato (que serían algo menores de no mediar pagos vinculados a títulos con legislación Nueva York) con reservas que hoy se acercan a US$30.000 millones obligaría a una corrección cambiaria que reduzca las importaciones en US$4.000/US$6.000 millones, situación consistente con una caída del PIB en torno a 2/3%, ciertamente subóptimo para la “política-política” frente a la posibilidad de crecer algo vía la apertura de la cuenta financiera, pero lejos de escenarios disruptivos con crisis financiera.