| La recomposición de los haberes jubilatorios es una asignatura pendiente y nadie puede oponerse a ella en términos de justicia distributiva. Sin embargo, analizándolo en términos estrictamente presupuestarios el aumento propuesto se monta sobre una dinámica y un nivel de gasto público no financiable a mediano plazo. Más aún, en un momento donde la economía sigue sin crédito. Los proyectos presentados apuntan a aumentar la jubilación mínima al 82% del salario mínimo vital y móvil (hoy en $1.500 mensuales), al tiempo que buscan avanzar en la recomposición de la escala previsional, según lo dispuesto en el caso Badaro, aumentando los haberes de aquellos jubilados que por haberse ubicado por encima de la jubilación mínima recibieron aumentos significativamente menores. En efecto, desde 2002 y hasta 2006 los aumentos jubilatorios se dieron sólo sobre los haberes mínimos. Y sólo a partir de entonces, fueron generales para todos los estratos, siendo a partir de 2008 cuando empezó a regir la movilidad previsional. Esta situación generó que mientras la jubilación mínima subía 348% desde un nivel de $220 mensuales en 2002, los haberes mayores a la mínima lo hicieran sólo 133% (110% las que a fines de 2001 se ubicaban por encima de $1.000 mensuales). Este último aumento es significativamente menor al 246% acumulado que muestra nuestra estimación de IPC y al 250% que muestra el índice de salarios del INDEC (CVS). Precisamente, la licuación de las jubilaciones mayores a la mínima ha sido el instrumento que ha permitido financiar más de la mitad del aumento en el número de beneficiarios derivado de la moratoria previsional. Moratoria que llevó la cantidad de prestaciones desde 3,5 millones en 2005 a 5,8 millones en la actualidad. Mientras a fines de la Convertibilidad sólo un 30% de los jubilados cobraban el haber mínimo, hoy este ratio alcanza casi a 80%. Ahora bien, el aumento de $895 a $1.230 (el 82% del salario mínimo) implicaría erogaciones anuales adicionales por más de $18.000 millones ($335 mensuales a 4,2 millones de jubilados). Este monto equivale al 115% del superávit financiero de la ANSES en los últimos doce meses. Adicionalmente, si se supone un aumento de 20% en el salario mínimo a partir de agosto y un alza de jubilaciones de 9% a partir de septiembre, según la ley de movilidad, el gasto anual adicional se elevaría a $27.000 millones. El cálculo de la deuda potencial por la extensión del fallo Badaro a todos los beneficiarios que cobraban por encima de la mínima en 2003 resulta más complicado. Este proyecto apunta a limitar el nivel de litigio sobre el Estado por la actualización de los haberes previsionales, aunque la estrategia del Gobierno ha sido siempre ir caso por caso, dado el elevado costo fiscal implícito. De nuestros cálculos que surgen de tomar la estructura previsional por estratos de ingresos a fines de 2002, actualizarla por CVS (índice de salarios del INDEC) y contrastarla con los aumentos de jubilaciones que efectivamente se dieron, surge una deuda potencial de $78.600 millones[1] ($60.000 millones cuando se actualiza por el CER del INDEC). Si se deja de lado la deuda y sólo se actualizan los ingresos (algo que estaría contemplado en el proyecto), el aumento en la masa previsional alcanzaría a $14.500 millones adicionales que surgen del reclamo anual calculado al 2008 actualizado por la variación estimada del CVS entre dicho año y fines de 2010. En efecto, dejando de lado el reconocimiento de los stocks y evaluando sólo el flujo sin considerar nuevos aumentos del salario mínimo, la suma de ambas medidas totalizaría $32.500 millones base anual. Y de impactar de lleno en el segundo semestre derivaría en un aumento del gasto previsional anual de 40%, 15 p.p. más alto que el incluido en nuestras proyecciones que incorporaban la movilidad previsional. En tanto la incidencia sobre el gasto total asciende a 5 p.p. sobre un gasto que ya crecía más de 30%. Evidentemente, con una relación activos-pasivos de 1,5, pero más cercana a 1 cuando se toman únicamente los asalariados en relación de dependencia que son los que más aportan, el superávit previsional que hoy mantiene el esquema se diluye y se entra en zona de déficit. Sobre todo, cuando se tiene en cuenta además que la asignación universal por hijo (Programa que adicional al salto en el número de beneficiarios, derivó al ANSES los planes sociales que antes pertenecían al presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social) se incluyó dentro del presupuesto del organismo previsional. Ni que hablar si llegan a hacerse efectivas las demandas de algunas provincias que apuntan a recuperar el 15% de la coparticipación, que desde 1992 va a financiar el esquema previsional. Cabe recordar que el año pasado la ANSES finalizó con un superávit de $14.700 millones, de los cuales $7.800 millones estuvieron constituidos por las rentas de la cartera del ANSES (es decir si se usan para financiar gasto corriente, directamente se licua el Fondo del ANSES por la inflación). Este año, la fuerte recomposición de los ingresos previsionales permitió aumentar el superávit en 20% en la primera mitad del año, aunque el resultado del año dependerá del timming y la magnitud que puedan tomar medidas. La universalización de la cobertura, en un país con recursos fiscales no excedentes, trajo aparejado un claro “trade off” entre alcance y equidad. Evidentemente, en la medida en que se decidió incorporar nuevos beneficiarios sin el financiamiento de largo plazo, es cada vez más difícil corregir la distorsión entre los montos percibidos y lo que deberían percibir quienes aportaron al esquema. Por ahora esta es la primera vez que el oficialismo responde tildando de “demagoga” una medida impulsada por la oposición que apunta a recomponer los ingresos. Veremos si se mantiene en esta posición, o al igual que con la Asignación Universal por Hijo toma como propia la iniciativa en los próximos meses en medio de la carrera electoral. *Directora y Economista de Estudio Bein & Asociados. [1] Actualizando la deuda a fines de cada año por el CVS hasta mayo de 2010 |
