La saga de los holdouts sumó otro capítulo con la audiencia convocada por el juez Griesa y la decisión de Argentina de denunciar a EE.UU. ante La Haya, buscando hacerlo responsable por las consecuencias de las decisiones de su poder judicial.
Se trató de otra semana sin mayores novedades, con una audiencia donde Griesa se limitó a advertir a la Argentina ante un eventual desacato y donde el Departamento de Estado dejó traslucir que no aceptaría la jurisdicción de La Haya, condición sine qua non para iniciar un proceso frente a la Corte Internacional de Justicia.
La semana “sin noticias” incluyó también nuevos trascendidos sobre la posibilidad de un acuerdo entre privados (que ahora involucraría también a empresas), aunque por el momento no se dispone de mayor información al respecto. En este sentido, y de no materializarse un acuerdo con participación privada, el mercado parecería apuntar a una solución hacia principios del año que viene, una vez expirada la cláusula RUFO, y poniendo un piso a las cotizaciones. Un acuerdo que involucre a privados, aunque posible, debería lidiar, además de con las complejidades propias de la negociación, con el potencial problema de los “me too”, los tenedores de títulos en default con legislación Nueva York que no se encuentran enmarcados en la sentencia de Griesa.
Con el acuerdo rápido involucrando a privados como el escenario más “benigno” que el mercado pondera, también aparecen riesgos como una eventual aceleración de algunas series de bonos, para lo que se requiere el 25% del valor nominal de cada una de ellas. En el caso de las series más grandes, resulta difícil pensar en los incentivos para acelerar, dado que hacerlo implicaría atravesar una nueva reestructuración ante la imposibilidad del país de afrontar el pago del capital acelerado en las series más grandes (tanto por falta de liquidez como por el bloqueo judicial de Griesa).
Por el momento, el mercado sigue reflejando precios que distan de una situación de default tradicional, y si bien la solvencia que esgrimen los bajos ratios de deuda y el acotado perfil de vencimientos justifica que así sea, la incertidumbre en torno a la lectura de la diatriba contra los holdouts agrega volatilidad en un contexto de corrección a la baja en los precios. En el ínterin, el discurso de la Argentina se endureció, una situación lógica dado que brinda dividendos en términos de política interna al tiempo que permite descartar en el discurso público cualquier referencia a una negociación con participación del Gobierno, lo que de alguna manera ayuda a no poner el riesgo RUFO sobre el tapete.
Mientras no se alcance algún acuerdo (sea con participación privada o incluyendo al Gobierno en 2015), es probable que el discurso duro se sostenga, más allá de que los incentivos de las partes a alcanzar un acuerdo aún se mantienen (en el caso del Gobierno, un acuerdo permitiría el ingreso de divisas requerido para financiar el atraso cambiario que moderaría la inflación en el margen y revertiría la caída en el nivel de actividad). Más allá de lo discutible de las formas de Griesa (particularmente el trato diferencial dispensado a los abogados del país en relación a los representantes de los fondos buitre) y de su particular enforcement de la sentencia (excediéndose en su jurisdicción y afectando derechos de terceros), los costos de la postergación de la agenda al crédito son evidentes en términos de actividad, dólar e inflación.
Esto cobra importancia en un contexto donde el Gobierno vuelve a anunciar medidas de gasto público en simultáneo a una baja de la tasa de interés sin una contrapartida de ingreso de dólares que permita financiar las erogaciones incrementales y moderar la presión sobre el mercado cambiario.
El riesgo de este camino es continuar deteriorando el balance del BCRA vía una mayor expansividad fiscal y monetaria sin una contrapartida de financiamiento que descomprima el trade off entre actividad e inflación.
