El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y el ministro de Economía, Martín Guzmán junto a otros funcionarios fueron los anfitriones del segundo encuentro por el pacto de precios y salarios, el mecanismo pensado para atemperar la inflación.
Cuanto mayor los grados de libertad para avanzar en un esquema de estabilización, mayor el incentivo de la política a seguir forzando el corto plazo. Esta es la máxima que todos los que intentamos hacer proyecciones deberíamos tener grabada a fuego para no equivocarnos. Nadie está dispuesto a asumir costos en el corto plazo para que el país tenga beneficios a futuro.
Esta es la historia de los últimos 15 años. Hablo desde 2006 porque es cuando la economía ya había recuperado los niveles precrisis de 2001 y cuando los salarios reales también habían recuperado la caída coordinada por la salida de la convertibilidad. Lejos de intentar aprovechar la oportunidad que brindaba el mundo en un contexto donde el ajuste macroeconómico estaba hecho (teníamos superávit gemelos, se había reestructurado la deuda y resuelto el corralito), y la baja inercia inflacionaria de partida hubiera permitido aprovechar el contexto de dólar débil y commodities fuertes que caracterizó la década pasada para construir una moneda, primó siempre la lógica de la próxima elección.
Entre 2006 y 2011, con excepción de 2009 con la crisis global, el salario real subió todos los años, los electorales y los otros, y acumuló un aumento de casi 40% sin un salto en la productividad que lo convalide. Es más, el cierre de la economía para compensar los mayores costos salariales y fiscales fue amortiguado por el dólar y las tarifas que funcionaron como anclas con los costos asociados para sostener la inflación en el veintipico con salarios que subían 30% por año.
El éxito electoral, también con excepción de un 2009 atípico caracterizado por la crisis global, fue rotundo. Las “tasas de crecimiento chinas” de la economía apuntaladas por políticas de ingresos, fiscal y monetaria sistemáticamente expansivas, caracterizaron el período.
A partir de 2012 y hasta 2015, cuando los superávit gemelos se transformaron en déficit y sin acceso al crédito se requirió del cepo para sostener la demanda de pesos frente al financiamiento monetario del déficit, cambió la dinámica. El salario real subía sólo en los años electorales/impares (cuando el dólar oficial y las tarifas funcionaban como semiancla) y caía en los no electorales/pares (cuando las anclas se aflojaban). Fue la dinámica del salario la que explicó en gran medida la contracara del zigzag que reflejó un PIB estancado entre 2012 y 2017 y una economía que dejó de crear empleo privado.
El cambio de gobierno en 2015 y la salida del cepo, no modificó la lógica electoral. El intento descoordinado de corregir la herencia en 2016 y otra vez la necesidad de ganar la elección de medio término, esta vez para que no vuelva el kirchnerismo, terminó por agravar los desequilibrios.
El uso de la deuda para financiar la brecha fiscal y el intento de bajar la inflación agresivamente mientras se reacomodaban tarifas y se salía del cepo en simultáneo a la remoción de todos los controles de capitales, coordinó una violenta toma de ganancias cuando se combinó en 2018 el corte al crédito y la sequía. Toma de ganancias que fue financiada con una pérdida de reservas del BCRA que acumuló en dos años casi US$70.000 millones, incluyendo los US$44.000 millones dólares que nos prestó el FMI que no se usaron para estabilizar, sino para intentar ganar la elección. La estrategia electoral en recesión con la cuenta capital abierta se convirtió en un boomerang que terminó por implosionar dentro de la propia gestión de Macri con el resultado de las PASO.
La contracara fue el ajuste de la macroeconomía por las malas, producto del desplome de las importaciones asociado al consumo y la inversión, el déficit externo se transformó en superávit y la consolidación fiscal se hizo, en parte, a costa de una licuación transitoria de las jubilaciones dado el salto en la inflación y la movilidad vigente desde fines de 2017 y en parte por un adelanto en el cobro de retenciones a las exportaciones frente a la expectativa de que el nuevo gobierno las iba a subir.
La inflación en cincuenta y pico durante dos años seguidos (2018 y 2019) requería urgente un plan de estabilización que asegurara en el arranque del nuevo gobierno la consolidación fiscal, negociara rápido la deuda en el marco de un acuerdo con el FMI y avanzara en un acuerdo de precios y salarios que permitiera derrumbar la nominalidad. Se requería negociar las paritarias en función de la inflación futura y no de la pasada apuntando a que sólo recuperen algo de los 20 puntos porcentuales de capacidad de compra que habían perdido en los dos últimos años.
El intento de estabilización en el arranque del Gobierno de Alberto Fernandez voló por los aires con la pandemia, la demora en la negociación de la deuda y el manejo en zigzag de la política. El salario real volvió a caer 3% en 2020, aunque con una enorme dispersión entre sectores más y menos afectados por la pandemia. De hecho, muchos sindicatos negociaron bajas nominales transitorias en plena cuarentena.
Desde 2017, el salario real acumula una caída de 23% en términos reales, 57% en dólares oficiales y 75% cuando se considera en dólares brecha. Pero al mismo tiempo, la enorme dispersión de precios a lo largo de 2020 con subas en torno al 100% en bienes dolarizados (incluyendo bienes finales e insumos de uso difundido), cercanas al 0% en servicios regulados, y a 20% en bienes controlados presiona al alza la inflación. En un contexto donde, además, incide la aceleración en la devaluación del dólar oficial, la disparada en la brecha cambiaria de septiembre/octubre pasado y la propia dinámica de la demanda de alimentos global y su impacto sobre los precios de los commodities.
El mandato para que el salario le gane a la inflación en el año electoral arranca con desventaja frente a estas distorsiones. De momento, el número de 30% para las paritarias contribuye a anclar la dinámica de precios, aunque todas incluyen una cláusula de revisión en algún momento del segundo semestre. En el medio una serie de decisiones para seguir anclando los precios rezagados que van abriendo sobre la marcha cada vez nuevos frentes de conflicto: con las telecomunicaciones, las prepagas (y los sindicatos que derivan aportes), las tarifas de servicios públicos, el campo y la industria de alimentos. Frentes que de momento el gobierno viene manejando con avances y retrocesos para que no termine por escalar el conflicto evitando una nueva “125” y mantener la coalición de gobierno unida.
La amenaza de retenciones duró apenas un fin de semana, lo mismo que la prohibición de exportar maíz. Es que con una brecha cambiaria en torno al 70%, los niveles actuales de retenciones tienden a ser confiscatorios y subirlos una provocación. Además, el campo sabe que puede paralizar la comercialización de la cosecha y presionar al BCRA en un contexto donde la intervención en la brecha cambiaria depende directamente del flujo de dólares en una economía casi sin Reservas netas (sólo US$2.200 millones). Es un juego de gallinas, donde de momento, el Gobierno presiona y afloja.
Lo que busca el gobierno es un esquema privado que desacople los precios locales de los internacionales, como el fideicomiso que crearon las aceiteras. La diferencia es que el aceite de soja prácticamente no se consume localmente, y el fee recaudado funciona como un subsidio cruzado. En el caso de otras exportaciones de alimentos, la participación de las exportaciones en la oferta es sensiblemente menor. El acuerdo para abastecer de cortes populares de carne a la demanda alcanza a sólo 3,4% de la oferta.
Finalmente el flamante anuncio de esta semana de frenar la devaluación del dólar oficial a un ritmo promedio de 1,3% (dólar de $102,5 en diciembre), menos de un tercio del ritmo al cual se movían hasta ahora el dólar oficial y los precios, corre el serio riesgo de coordinar una aceleración de la brecha cambiaria. Sobre todo, si la tasa de interés no se ajusta al alza y literalmente se financia la compra de dólares MEP o de Contado con Liquidación con cauciones. La sábana es corta, y como dijimos al principio el margen para estabilizar es siempre usado para forzar el corto plazo de cara a la próxima elección no importa el gobierno de turno. Como dijo Pablo Touzon “hoy en la política nacional hay muchos más proyectos de poder que proyectos de país. O el que tiene el uno no tiene el otro”. Si esto no cambia, lo único estable en Argentina va a seguir siendo la decadencia.
