- Acuerdo “win-win” con provincias…
- …mientras se prende y apaga el interruptor del crédito
- Escenario 2018
A un mes del rotundo triunfo electoral y con un Peronismo desarticulado, el Gobierno puso todas las cartas sobre la mesa: avanzó en simultáneo con los proyectos de Reforma Tributaria, Laboral y Previsional y cerró en tiempo récord un acuerdo con 23 de los 24 Gobernadores (faltó San Luis) para consensuar su paso por el Congreso a partir de un “toma y daca” que terminó con una foto donde todos salieron contentos:
Los Gobernadores en general, porque alejaron el riesgo de que la Corte Suprema de Justicia fallara a favor de la Provincia de Buenos Aires en su reclamo por el fondo del conurbano que no iba al Conurbano sino al resto de las Provincias. Asegurando en base a compensaciones de la Nación mantener el statu quo actual de ingresos coparticipables como contracara de la promesa escrita de bajar en forma gradual las alícuotas de ingresos brutos y el impuesto a los sellos; amén de otros acuerdos que incluyeron acotar los juicios contra la Nación a cambio de la consolidación parcial de esas deudas, el financiamiento de los desequilibrios de las cajas provinciales contra una promesa poco explícita de acotar los regímenes de privilegio y la promesa de la Nación de eliminar los subsidios a la energía en 2019 y al transporte (concentrados en el AMBA) en 2021. Buenos Aires en particular, porque se asegura recursos automáticos a partir de 2019 por el equivalente al flujo que venía reclamando ante la Corte por el fondo del Conurbano, parte por la eliminación del artículo 104 de Ganancias, parte por transferencias automáticas de la Nación. Y la Nación, porque a pesar de la “cesión” de los flujos y del reconocimiento parcial de las deudas conseguiría acotar el desequilibrio de la ANSES equivalente en 2017 al 60% del déficit primario de la Nación ($280 mil millones de los $420 mil millones proyectados) asegurando recursos para la ANSES y fundamentalmente cambiando convenientemente la fórmula de indexación de las jubilaciones y planes sociales, además de la promesa de revisar junto a las provincias los regímenes de privilegio. De hecho, el cambio en el esquema de indexación previsional y la quita de subsidios constituyen el grueso del ajuste fiscal que debe llevar a cabo la Nación que concentra el 90% del desequilibrio fiscal consolidado.
Todavía falta el paso por el Congreso, pero a priori el objetivo de las tres reformas y el “Consenso” firmado con las Provincias apunta a mejorar el costo argentino a partir de un sistema tributario con menos impuestos distorsivos, menos impuestos a la reinversión de utilidades y menos costos laborales, todo en forma bastante gradual al 2022, pero con un costo fiscal al final del camino de 2,4% del PIB actual para los impuestos Nacionales y al menos otro punto adicional de impuestos Provinciales. En rigor, para que el esquema sea consistente con la promesa de reducción del déficit incluida en las metas, se requiere que la economía y el empleo crezcan y la “formalidad” aumente. La reforma y el blanqueo laboral irían en pos de apuntalar este último punto, amén de que los impactos cruzados de reducción acordada de alícuotas en Ingresos Brutos y lo que al final de la negociación quede de los cambios en impuestos internos, ayuden a moderar la dinámica de costos directos impulsada por la propia corrección tarifaria, limitando (si hay un menor traslado a precios) el costo sobre las familias.
Falta testear el impacto directo de las medidas que finalmente se aprueben sobre las expectativas y la economía. Por lo pronto, el lobby sectorial/provincial frente a cambios en impuestos internos arrancó y queda por ver la reacción de la sociedad frente a la menor actualización de los haberes de los tres millones de jubilados de la moratoria y planes sociales, del ajuste en los ingresos de los empleados que se vean afectados por la eliminación de los topes de contribuciones patronales y la eliminación de la reducción de alícuotas de contribuciones en algunas provincias, y fundamentalmente la reacción frente al aumento tarifario que se reanudaría en diciembre y volvería a incidir durante todo 2018.
Pero si sale bien, los impulsos de corto plazo (política fiscal y de ingresos) son negativos y no es evidente que el crédito siga apuntalando como en 2017, una vez que el envión de la banca pública, el plan Procrear y la ANSES lógicamente se moderan, vuelve a estar en duda la continuidad de las cuotas “sin interés” con tarjeta por cambios en la normativa de contabilización de los balances de los bancos para 2018 y el BCRA retoma su agenda. La coordinación entre la política fiscal, de ingresos y monetaria será determinante para definir el escenario de crecimiento el próximo año y la sustentabilidad del gradualismo en un contexto donde, aún con la corrección fiscal incluida en la meta para 2018, el déficit antes de intereses es equivalente al 25% del crédito al sector privado. Y es precisamente esta coordinación frente a un mundo líquido que de momento financia los desequilibrios, la que hoy no es evidente, toda vez que el BCRA intenta esterilizar con tasas más altas el grueso de los pesos que emite para comprar los dólares de la deuda del Tesoro y en simultáneo el Gobierno obliga a las aseguradoras a desarmar Lebacs (equivalentes en forma directa e indirecta al 12% del stock). Si la pulseada escala, y el crédito que sobrevive es el que convalidan las familias (que miran la cuota y no la tasa) y no a las empresas (que no la convalidan) y en las primeras el componente de financiamiento al consumo de durables y/o viajes al exterior escala por el abaratamiento implícito en el atraso cambiario derivado del esquema, el deterioro de las cuentas externas y la dependencia del crédito externo puede ser proporcionalmente mayor.
