| En un fallo que resultó cuanto menos inesperado, el viernes pasado la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito norteamericano (Nueva York) confirmó un fallo del juez Griesa en el que se exige a la Argentina la aplicación de la cláusula de igualdad de trato entre los bonistas que ingresaron al canje y un grupo de holdouts que optó por mantenerse fuera y continuar litigando. Las implicancias finales de la decisión todavía son inciertas (restando aún la anunciada apelación de la Argentina), y son altamente sensibles a la fórmula de pago a los acreedores que disponga el juez Griesa.
La hipótesis de mínima estaría dada por el reconocimiento hacia adelante de los flujos a quienes quedan comprendidos dentro del fallo (alrededor de US$1.330 millones respecto a los US$6.600 millones que no ingresaron a los dos canjes anteriores) y el pago de los intereses devengados hasta la fecha mediante la emisión de nuevos títulos (y no en efectivo). En este caso, el aumento en el valor nominal de la deuda pública alcanzaría a US$650 millones por la emisión de bonos Discount por US$450 millones (por el principal) y alrededor de US$200 millones en bonos Global 2017 en concepto de intereses acumulados. De emitirse un bono por los pagos de cupones PIB hasta 2012 inclusive, el aumento en el stock de deuda se ubicaría en torno a US$800 millones. La situación sería algo distinta si el juez Griesa dispusiera un pago en efectivo por los intereses acumulados hasta la fecha, lo que implicaría un impacto sobre las reservas internacionales que dependería del monto efectivamente reconocido. Adicionalmente, el fallo podría sentar jurisprudencia y llevar a otros acreedores a imitar a los demandantes que lograron la sentencia favorable, lo que en los hechos implicaría un mayor aumento en los pasivos que el país debería afrontar. La extensión de la cláusula de pari passu al resto de los holdouts, resultaría en un aumento en el valor nominal de la deuda pública en torno a US$3.200 millones (US$4.000 millones de incluirse los pagos devengados del cupón PIB). Esta situación, no obstante, requeriría un plazo mayor para materializarse, en la medida que sería necesario que los holdouts no alcanzados por el fallo avanzaran en presentaciones judiciales. Cabe remarcar que el reconocimiento de la totalidad de los pasivos, incluyendo además del capital los intereses acumulados, y su extensión al resto de los holdouts, elevaría el valor nominal de la deuda pública en alrededor de US$11.500 millones. Sin embargo, no es un escenario probable dado que un fallo de estas características violaría el propio concepto de igualdad de trato en que se sustenta la decisión de Griesa, y resultaría discriminatorio para quienes optaron por ingresar al canje de 2005 y su posterior reapertura en 2010. El desenlace y los impactos sobre los flujos y stocks de deuda dependerán de la fórmula de pago adoptada por Griesa, que podría conocerse en el corto plazo, pero fundamentalmente de la reacción del Gobierno argentino ante esta coyuntura. De materializarse un escenario donde se pusiera en pie de igualdad a los holdouts respecto a quienes si ingresaron, creemos que si el Gobierno cumpliera la sentencia y procediera a los pagos, no sólo daría una fuerte señal al mundo que sustentaría la posición legal del país de cara a futuros juicios de fondos buitre, sino que hasta podría mostrar, en los hechos, un aumento en la participación en los canjes sin comprometer la capacidad de pago (dado que se emitirían bonos de mediano y largo plazo). Ni hablar que representaría un triunfo “político” de la Argentina, debido a que los fondos buitre, a pesar de haber litigado durante años, deberían conformarse apenas con cobrar lo mismo que quienes ingresaron a los canjes en 2005 y 2010. Aceptar el desafío, dejar de lado las declaraciones para la tribuna y encarar una estrategia con inteligencia podría permitirle al país la inédita oportunidad de convertir un fallo desfavorable en una situación positiva que consolide la capacidad de pago, la estrategia legal del país y debilite la posición de estos fondos de cara a futuros litigios. Restará esperar a ver si el Gobierno opta por este camino mientras, en el interín, la incertidumbre que genera este escenario se reflejó en la caída en los precios de los bonos y en la multiplicación por tres de los spreads de los Credit Default Swaps que cubren la deuda argentina. * Directora y Economista de Estudio Bein & Asociados |
