| La decisión del juez Griesa de no reponer el stay en lo inmediato y no permitir que los fondos girados por el país para hacer frente al vencimiento del cupón de intereses de los bonos Discount lleguen a los tenedores era previsible, a juzgar por el tono que surgía de las transcripciones de las audiencias, donde siempre se mostró reacio a mitigar la presión judicial sobre el país argumentando que ello podría implicar una menor voluntad de alcanzar un arreglo por parte de la Argentina. De cualquier manera, Griesa siempre priorizó una negociación, tanto cuando solicitó en 2012 a la Argentina la presentación de una fórmula de pago que permitiera cumplir con el pari passu como en la audiencia del 30 de mayo, al argumentar, luego de utilizar un tono muy crítico hacia la Argentina, que cuando existe un litigio las partes pueden recurrir a la justicia para buscar una solución consensuada. También afirmó que no debían imaginarse situaciones catastróficas (en referencia a la catarata de reclamos que podría materializarse por parte de tenedores del canje), dando a entender que estaría dispuesto a brindar algún paraguas judicial que asegurara el cumplimiento de la orden. Por el momento, hay tiempo para negociar hasta el 30 de julio, cuando vencen los 30 días de gracias posteriores a un incumplimiento. Incluso, los fondos buitre se mostraron abiertos a consensuar un mecanismo que permita estirar los tiempos y evitar el default si se llegara a dicha fecha en medio de negociaciones pero sin un acuerdo definitivo. Los incentivos de las partes están alineados en el sentido de llegar a un acuerdo. La Argentina, donde un acuerdo llevaría a una compresión de spreads y la posibilidad de reabrir la cuenta financiera para transitar los últimos meses de gestión de una forma más holgada. Los holdouts, dado que un default llevaría el caso a fojas cero sin la posibilidad de cobrar las acreencias reclamadas. Y el propio Griesa, dado que un nuevo default lo dejaría como aquel juez que no sólo no logró impartir justicia en la práctica (sin poder forzar un mecanismo que lleve a los holdouts a cobrar de acuerdo a la orden) sino que también comprometió flujos y derechos de propiedad de partes ajenas al litigio (los tenedores de bonos del canje). Si bien los incentivos parecen ir en una dirección, en el medio es probable que se registre una considerable volatilidad y la presión judicial se sostenga en las próximas semanas. |
