| El discurso de la Presidenta en ocasión del Día de la Bandera, el anunció del envío de una comitiva para negociar, las declaraciones de representantes de los holdouts en el sentido de que aceptarían una solución “a la Repsol” (recibiendo bonos en forma de pago) y la decisión del juez Griesa de no “patear el tablero” embargando los fondos depositados por Argentina en la cuenta del Bank of New York (BoNY) en el BCRA confirmaron el esquema que planteábamos hace algunas semanas, donde todas partes involucradas tienen, a priori, incentivos a alcanzar un acuerdo. Para la Argentina, que exista o no un entendimiento tiene impactos directos no menores sobre la macroeconomía de los próximos meses en términos de dólar, tasa de interés e inflación, mientras que para los litigantes la perspectiva de un default (en ausencia de especulaciones vía Credit Default Swaps o el eventual intento de gatillar la RUFO clause) los devolvería al punto de partida. Incluso Griesa tiene incentivos, dado que, por un lado, un default convertiría en abstracta su sentencia, y por el otro debería encarar las consecuencias de comprometer derechos de terceras partes y generar conflictos de jurisdicción. Algo de esto puede observarse en la última presentación de los tenedores de títulos con legislación europea, donde solicitan (y de algún modo advierten) a Griesa, en forma urgente, que aclare los alcances de su fallo, dado que a priori no tendría jurisdicción para afectar flujos que en ningún momento ingresan a EE.UU. En términos de Teoría de Juegos, el proceso difiere del clásico “Dilema del Prisionero”, dado que no se plantean los mismos problemas de información incompleta que se planteaban en aquel, donde los prisioneros, tomando decisiones sin contacto y en habitaciones separadas, tenían incentivos a delatar al otro, a pesar de que, negociando, el equilibrio óptimo para ellos (en términos de menores penas de prisión para ambos) consistía en no delatar. En el caso del litigio en Nueva York, no existe el problema de la falta de información, dado que ambos jugadores se encuentran en la misma sala y hasta cuentan con un “Special Master” como Daniel Pollack que se encarga de mediar las discusiones. En todo caso, la asimetría informativa pasa por el desconocimiento sobre la jugada financiera de los fondos litigantes, expertos en tomar posiciones en activos y derivados financieros, y cuyas decisiones, declaraciones y cursos de acción podrían estar influenciados por el objetivo de maximizar ganancias no sólo en la resolución final, sino en el medio del camino. Esto no es necesariamente obvio, dado que cualquier esquema en este sentido debería evitar el monitoreo del organismo regulador del mercado en EE.UU. (la SEC) de modo de evadir cargos por operar con información privilegiada (algo por lo cual Elliot ya fue multado en el pasado). Aun frente a la voluntad y compromiso de Argentina de negociar, hoy la pelota está en el campo de los fondos buitre. Con un fallo firme y agotadas todas las instancias procesales, la única manera en la cual Griesa podría reponer el stay (y evitar un default técnico el 30 de julio en caso de que no se arribe a un acuerdo para entonces) sería frente a un pedido explícito por parte de la parte favorecida en el litigio. También se requeriría el “apoyo” de los fondos buitre para minimizar los riesgos vinculados a la RUFO clause. Si bien es probable que cualquiera sea la resolución, de incluir un acuerdo, exista algún grado de judicialización en este sentido, para minimizar las chances de éxito Argentina debería evitar rubricar cualquier acuerdo vinculante con los holdouts, aun en sede judicial y aunque implique pagos posteriores al vencimiento de la cláusula el 31 de diciembre de 2014. Tampoco habría una salida quemando las naves y declarando la guerra al poder judicial de EE.UU., ya que más allá de algunos excesos en sus atribuciones (como el bloqueo en los giros a bonistas europeos) o en la aplicación de la sentencia (como el enforcement a través de flujos destinados a los bonistas del canje), la interpretación del pari passu de Griesa, si bien algo extrema, está en línea con los prospectos de los bonos en default, donde a la tradicional igualdad de trato “legal” (la prohibición de subordinar una deuda senior a otra obligación) se agrega una igualdad de trato de “pago”, que prohíbe pagar otras deudas en caso de un impago de dichos bonos. Al mismo tiempo, la plaza de Nueva York parece no estar en riesgo como centro financiero global, dado que a lo largo de los últimos años el propio mercado encontró una solución al problema de los fondos buitre vía la inclusión de Cláusulas de Acción Colectiva (CACs) en los prospectos de los bonos y, más recientemente, aclarando contractualmente que el pari passu a considerarse en los instrumentos implica sólo una interpretación legal, tal cual hizo Ecuador en su última emisión con ley estadounidense. Con los incentivos claros, el inicio de las negociaciones es inminente y las partes comenzarán en breve a mostrar sus cartas. No parece haber espacio para acciones disruptivas, más allá de la retórica, infaltable en cualquier proceso de negociación, y del probable intento de los fondos buitre de aprovechar su posición para sostener la presión judicial al límite en busca de mejores términos de negociación. Aunque los incentivos apuntan en una dirección y el mercado incorporó en los precios una alta probabilidad de resolución exitosa, el camino no está exento de riesgos, y seguramente no lo estará de volatilidad, asociada a las probabilidades implícitas que el mercado vaya asignando a cada uno de los equilibrios posibles a medida que se acerca el deadline del próximo 30 de julio. |
