Lejos de estar debatiendo una agenda de largo plazo en un mundo donde empieza a aparecer el sol luego de los huracanes generados por el devenir de la crisis subprime, los argentinos seguimos inmersos en un proceso de aceleración de la puja distributiva; un deporte nacional, sólo que en esta nueva época frente a un Gobierno que ya no cuenta con los recursos financieros para seguir jugando el juego. Con mayor o menor prepotencia, los distintos sectores económicos, provincias y sindicatos presionan por una mayor porción en el reparto del presupuesto público justo cuando la recaudación empieza a frenar su crecimiento. En efecto, lejos del boom que evidenciara la recaudación tributaria desde la salida de la convertibilidad, compatible con un aumento en la presión impositiva de más de 7 p.p. del PIB (de los cuales 2,6 p.p. son retenciones y 3,5 p.p. son ingresos que antes iban a las AFJP´s), los recursos del sector público muestran un aumento de apenas 10% (3% por debajo de la inflación estimada). Para ponerlo en números, nuestros cálculos indican que la magnitud del problema fiscal ronda los $40.000 millones. La caída en los ingresos originada fundamentalmente en el comercio exterior (retenciones, como consecuencia de los menores precios y la sequía, e impuestos a las importaciones), en conjunto con la trayectoria inercial del gasto público (con un envión preelectoral que se suma a la inconsistencia fiscal de duplicar en pesos el gasto nominal desde 2006) generó un problema de caja equivalente a $20.000 millones. Por su parte, la lista del todos piden de la perinola incluye por lo menos una cifra similar adicional entre la presión para bajar impuestos a la soja (cada punto de reducción en la alícuota cuesta $1.000 millones) y la demanda de un plan social para combatir la pobreza, que llamativamente se incorpora hoy al tope de la agenda de prácticamente todos los sectores de la vida nacional. Visto en perspectiva, los números fiscales muestran que, a partir de 2007, Argentina perdió la oportunidad de manejar una trayectoria del gasto levemente por debajo del crecimiento de los recursos, consistente con el mantenimiento de un superávit fiscal fuerte de modo de ayudar a sostener la política cambiaria y permitir el armado de un colchón de ahorro que hoy serviría para compensar la caída en la demanda privada. Intentar corregir el problema fiscal en medio de la recesión vía un ajuste del gasto es algo que sólo se recomienda en parte de la academia, aunque cuando el crédito escasea, las alternativas son dos: o se abre el crédito o se ajusta el cinturón, casi como en cualquier familia. La paradoja de esta situación es que el país hoy no tiene crédito más por problemas atribuibles a la gestión que por inconsistencias propias de la economía. La oferta estructural de dólares generada por el sector externo permite financiar una salida sistemática de capitales, que acumula en los últimos dos años US$37.000 millones una vez descontada la dolarización de los depósitos que vuelven a las reservas del BCRA vía encajes. A su vez, a pesar de haber perdido el superávit fiscal, Argentina todavía presenta en términos comparativos una de las mejores situaciones fiscales de un mundo donde el aumento del Gasto Público corre aceleradamente intentando compensar la caída del gasto privado generada por la crisis mundial. Pero además, la trayectoria de los últimos años permitió en el caso de Argentina una reducción significativa en los perfiles de la deuda pública, ayudada en parte por la grosera subestimación de la inflación del INDEC, pero también por la astuta compra de deuda a precios de default por el BCRA y otras agencias. Considerando además la captura del Fondo Previsional por parte de la ANSES (equivalente a 7,2% del PIB en bonos de la Nación), la deuda en el mercado (neta de acreencias intra-sector público y organismos internacionales) se reduce a 26% del PIB mientras que los vencimientos del próximo año alcanzan, entre intereses y amortizaciones, a sólo 2,6 p.p. del Producto. En este contexto, la recuperación del crédito resulta indispensable para reducir los todavía elevadísimos rendimientos (costos) de la deuda argentina, hoy 7 p.p. más altos que la “riesgosísima Venezuela” y 15 p.p. más altos que los del “admiradísimo Brasil”. Ayudaría a descomprimir la incertidumbre y a reducir la salida de capitales (algo que se empieza a vislumbrar en lo que va de agosto, pero que está aún lejos de mostrar los números positivos que se registran en Brasil, que aplicó en forma contracíclica y sin problemas las políticas cambiarias, monetarias y fiscales). Pero también ayudaría a evitar un ajuste inadecuado del gasto en un momento de debilidad económica, o su alternativa de una mayor monetización de la economía financiada vía utilidades (originadas en la devaluación) del BCRA. En efecto, la relación entre tipo de cambio y apertura al crédito en las proyecciones para el próximo año es directa. A mayor crédito, menos devaluación del peso y viceversa. Arreglar el INDEC hacia delante; reducir, aunque sea parcialmente, las distorsiones microeconómicas en los sectores de servicios públicos (que ayudarían fundamentalmente a achicar el costo fiscal que generan); avanzar hacia una consolidación de la deuda en default, y deponer hostilidades con el FMI “sin rendición incondicional de por medio”, parecen todas condiciones necesarias en el intento por reabrir el crédito soberano. Por lo pronto, la sola visualización de que la fuerte baja en el endeudamiento pone al país en una situación de adecuada solvencia y con una situación de liquidez manejable, constituye una base sólida para el alistamiento del proceso de acceso a los mercados. Ahora bien, enganchar el crédito a la economía y frenar la salida de capitales, son todos factores que permitirían poner a Argentina nuevamente en una senda de crecimiento sostenido. A pesar del desplome en la tasa de inversión, hoy, con excepción de la energía –que requiere definiciones rápidas y consensuadas a pesar del costo político que como vimos genera un reacomodamiento en sus tarifas-, la mayor parte de los sectores económicos tienen capacidad para aumentar la oferta durante los próximos dos años, sin generar presiones inflacionarias adicionales. Así, la necesidad de reintentar un diálogo no sólo formal sino también conceptual que ayude a descomprimir la puja distributiva de cara al próximo año cobra también relevancia. La desaceleración de la inflación observada en el último año, a la par de los menores precios de los commodities y un nivel de actividad que se estancó, debería servir como disparador para negociar aumentos salariales nominales menores a los del año pasado. Aunque la cuasi segmentación de los sindicatos, un Gobierno más desgastado y un tipo de cambio más alto son todos factores que dificultan esta agenda. Cabe recordar que casi todos los programas anti-inflacionarios utilizan la fijación del tipo de cambio como herramienta o ancla central. La menor nominalidad en las subas salariales permitiría además evitar un deterioro mayor en las cuentas fiscales provinciales, donde la participación de los salarios en la estructura del gasto es mayor al 50% (60% en el caso de la Provincia de Buenos Aires). Febrero próximo nos va a proporcionar el primer test, al iniciarse la discusión de la paritaria docente en esta provincia. Ya entrado 2010, luego de ese primer test y a medida que arranque la carrera hacia la presidencia, empezará a jugar el “teorema de Baglini”. Es decir: las actuales presiones por un aumento en el gasto público de los posibles candidatos a suceder la actual gestión irán girando hacia una preocupación mayor por la preservación de las Reservas Internacionales. Mientras tanto, y con el horizonte acotado, los incentivos del Gobierno podrían jugar a la inversa, o sea, hacia el intento de aumentar el gasto público financiado con la utilización de Reservas Internacionales, en el intento por recuperar consenso social apoyo político. Los meses de 2011 hasta las elecciones serán un camino sinuoso donde van a chocar los objetivos de un Gobierno que intenta recuperar la iniciativa, con una mayor prudencia fiscal de la oposición y mercados que podrían empezar a descontar una transición no traumática desde lo financiero. Así, a partir de 2012 la historia podría ser distinta y mejor para una economía desendeudada, con superávit externo y un sector público en capacidad de volver a acceder al crédito internacional. Proporcionaría el campo fértil para poner en el centro de la escena una agenda larga, en la cual el balance entre el crédito y la calidad institucional por un lado, y un tipo de cambio competitivo por el otro -consistente con un acuerdo social que descomprima la puja distributiva-, sería la formula que Argentina adopte para volver a crecer después de dos décadas de oscilar sistemáticamente entre uno y otro extremo.*Economistas y Directores de Estudio Bein & Asociados.
