- Brotes Verdes en el otoño argentino
- Viento de frente comercial… Viento de cola financiero
- El impacto sobre la competitividad local
- Competitividad por vía Fiscal: retenciones y subsidios
La fortaleza global del dólar del último año aumenta los costos de la estrategia cambiaria de Argentina en el año electoral, en un contexto donde el Real acumula -en términos reales- una ganancia de competitividad del 18% y el Euro una de 24%, ambas desde fines de 2013. Si bien el esquema de administración de reservas combinado con el manejo de las expectativas de devaluación vía la intervención del BCRA en el mercado de futuros, y tasas de interés de neutrales a positivas contra la inflación limitan las presiones cambiarias y maximizan los impactos de corto plazo sobre la moderación de la inflación y la mejora del consumo, también afectan la competitividad de los sectores exportadores en un contexto donde la caída de los precios internacionales tampoco ayuda. Esta dinámica se reflejó –para nosotros previsiblemente- en la aparición de brotes verdes en la actividad y el consumo ya en abril y mayo y la perspectiva de que estos deberían florecer para el invierno, cuando impacte el cierre de las paritarias sobre la capacidad de compra de los salarios (retroactivos y aguinaldo incluidos), mientras las exportaciones caen –las agrícolas por precio y las industriales por volumen-. Y también se reflejó en una baja en la inflación que continúa a un ritmo en torno al 23% anualizado, bien por debajo del 51,7% del primer trimestre de 2014.
Ahora bien, más allá de la capacidad de la política para revertir el corto plazo, el giro en el escenario global se dio a pasos acelerados. Y aun cuando éste dista de ser uno de viento de frente, dado que la liquidez y el crédito siguen siendo abundantes y baratos hacia los emergentes, y la flexibilidad de la economía actual es mucho mayor a la del pasado, también es cierto que pareciera haber quedado atrás el escenario de viento de cola comercial que caracterizó a los últimos años, cuando la debilidad del dólar y la fortaleza de los precios de los commodities permitieron financiar la expansión de la economía casi sin apelar al crédito internacional. Hoy, la principal ventaja del país es su baja exposición a la deuda pública y privada, y la posibilidad de apalancarse con crédito e inversión para financiar una transición ordenada que permita ir recomponiendo la distorsión de precios relativos de la economía, amortiguando los impactos sobre los altos niveles de actividad y empleo de los que parte. Recomposición de precios relativos necesaria para devolver competitividad a los sectores exportadores que son los que en definitiva permitirían al país repagar las deudas y las inversiones que financien la transición. Apelar sólo al crédito y no a la inversión, ya quedó demostrado en el pasado que no funciona, en tanto tampoco resulta recomendable ni viable pretender corregir de shock los precios relativos para mantener el status quo fiscal actual en lo que hace a los impuestos que recaen sobre las exportaciones en forma directa (retenciones) o en forma indirecta (postergación en los pagos por devoluciones de IVA o por reintegros). Contraer deuda y atraer inversiones en “divisas” para financiar una mejora en la competitividad de los sectores que generan “divisas” vía una reducción de la presión fiscal tiene lógica financiera en la medida que está implícita su capacidad de repago, aunque choca contra la necesidad de acotar la dominancia fiscal en un contexto donde el déficit primario del Tesoro sin contabilizar las ganancias devengadas del BCRA alcanzaría este año a 4% del PIB. O dicho de otro modo, no parece posible partiendo de los desequilibrios actuales sostener una baja en la tasa de interés y un aumento en el desequilibrio fiscal, aún en un mundo donde las tasas de interés van a subir suavemente. Dicho esto, y teniendo en cuenta la inflexibilidad de una parte del gasto a la baja, son los subsidios mal direccionados el componente del gasto que puede ser revisado.
Vale recordar que el esquema de retenciones a la exportación y subsidios a las tarifas de servicios públicos implementado a la salida de la Convertibilidad para limitar el traslado a precios de la brusca devaluación, fue muy eficaz en los primeros años en un contexto de tipo de cambio estratosférico y donde permanecían ociosas la mitad de la capacidad instalada en la industria y una cuarta parte de la Población Activa. Evidentemente, el crecimiento fuerte que impulsó la política en los primeros años fue achicando estos excedentes y con ello, la posibilidad de sostener el esquema a largo plazo. Aún en 2005 cuando el adelanto cambiario se había achicado algo pero los precios internacionales arrancaban, el esquema estaba plenamente justificado. En ese momento las retenciones más que triplicaban el monto de subsidios (2% del PIB vs. 0,6% respectivamente), situación que continuó algunos años más, en parte por el aumento en las alícuotas al petróleo y al agro a fines de 2007 que llevaron la recaudación por retenciones a casi 3% del PIB, mientras los subsidios escalaban al 2,5% del PIB. Este intento de seguir aumentando la presión fiscal sobre las exportaciones encontró su límite con la Resolución 125 de principios de 2008 que derivó en la crisis con el campo. Siete años más tarde, este esquema fiscal se terminó por distorsionar. El año pasado, los cobros por retenciones apenas rozaban el 2% del PIB, ya sin retenciones a los combustibles que fueron correctamente eliminadas en 2013 para devolverle rentabilidad a YPF y avanzar en la recuperación de la soberanía energética, mientas que los subsidios necesarios e innecesarios ya llegaban al 4,1% del PIB. En tanto, como se mencionó antes, la combinación de un peso más apreciado con la caída de los precios de los commodities terminó por destruir la rentabilidad en la mayor parte de los sectores alcanzados por este esquema.
Desarmar de una vez dicho esquema resulta políticamente inviable, dados los costos en términos de salto inflacionario, pero en algún momento habrá que continuar la tarea trunca que empezó el Gobierno actual con el sinceramiento en los precios de los Combustibles en 2013 y 2014 luego de la recuperación de YPF (hoy por encima de los costos de importación), la triplicación de las tarifas de gas y agua residencial en 2014 y la adecuación en el precio del transporte público automotor y por ferrocarril también en 2014. A pesar de ello, el retraso en la tarifa eléctrica se ubica en torno a 6 veces (cuando se considera sólo el costo de la generación que se compensa a CAMMESA y sin incluir transporte y distribución), las tarifas de los colectivos en torno a 3 veces según un reciente informe del Ministerio de Transporte y la de Gas que paga la demanda apenas alcanza al 40% del precio de 7,5 dólares por millón de BTU, que asegura el Gobierno a la nueva oferta (también sin incluir transporte y distribución). La ventaja es que la incidencia de estos servicios públicos dentro del IPC es muy baja, 2,8% según el IPC Nacional frente al 8,6% que llegaron a representar en 2013. Las alternativas son varias y siempre graduales, y en ellas se incluye la opción de subsidiar a la demanda y no a la oferta, que el Gobierno empezó a encarar con el sinceramiento del precio de la Garrafa de Gas, siempre teniendo en cuenta que la alternativa de “no hacer nada”, en un contexto de alta nominalidad, implica en los hechos una decisión de aumentar el subsidio real que perciben las familias, cuyos ingresos ajustan año a año.
