En los últimos meses y luego de la sobreexpansión de noviembre-diciembre pasado, cuando directamente se duplicó el ritmo de emisión de pesos para financiar al fisco, la política fiscal y de ingresos acompañaron la iniciativa de moderación. Las paritarias se fijaron en niveles similares a los de un año atrás, controles de precios mediante que “contuvieron” la inflación en el margen hasta mayo, en tanto la política fiscal fue básicamente neutra en términos de emisión de pesos. Pero la política fiscal que casi siempre es neutra en términos monetarios en la primera mitad del año y se acelera en los últimos meses, este año va a arrancar antes con el objetivo electoral. En efecto, el primer semestre del año, el sector público prácticamente no fue expansivo. De hecho, si se contabilizan los dólares que compró el Tesoro con pesos para cancelar vencimientos de la deuda , el sector público fue incluso contractivo, dado que para esto utilizó parte de los pesos que el BCRA había emitido en diciembre para financiar la deuda flotante. Esto ocurrió aún cuando los datos publicados hasta abril muestran un deterioro fiscal en relación a lo observado un año atrás.
Sin embargo, lo observado en el primer semestre respecto al impacto monetario difícilmente se repita en lo que resta del año. en parte por la estacionalidad propia de las necesidades de pesos del fisco –concentradas en noviembre y diciembre-, pero también por la propia dinámica fiscal en un año electoral y frente a una economía que además requiere de la política fiscal para compensar desequilibrios de precios relativos generados por la apreciación cambiaria y la presión tributaria.
Un ejemplo en este sentido es la dinámica de las transferencias en energía, que empiezan a estar impactadas no sólo por las necesidades crecientes de combustibles importados, sino también por la tardía decisión de la política de aumentar el precio al gas local para incentivar su oferta en un contexto donde los yacimientos viejos entraron en zona de rendimientos decrecientes. Otro ejemplo en el mismo sentido es la devolución de las retenciones a los productores de trigo, algo que recién impactará a fines de 2013, principios de 2014.
Respecto al Gasto electoral propiamente dicho, los anuncios de la política de ingresos escalaron respecto a los de un año atrás. En este punto, las paritarias del Sector Público Nacional saltaron desde el 21% al que se vinieron pactando en los últimos años al 24% en 2013, la nominalidad de los planes sociales pasó al 35% desde el 24% de los tres años previos y se anticipó cuatro meses en el calendario respecto a 2012, en tanto no se conoce aún cual va a ser la nominalidad de las jubilaciones a ser anunciada en agosto para entrar a regir desde septiembre. Los otros dos ítems que van a definir la trayectoria del gasto en los próximos meses están asociados a la dinámica de la política: las transferencias discrecionales a provincias (que el año pasado crecieron apenas 5%) y los gastos de capital, que incluyen este año el fondeo del fideicomiso creado para financiar el plan Procrear.
En el acumulado del año hasta abril, el gasto primario (base caja) sube 30% i.a., mientras que el devengado hasta el 8 de julio lo hace a un ritmo similar. Nuestro escenario base con un aumento del gasto de 32,5% i.a. (35% en la segunda mitad del año) y un aumento en la recaudación tributaria de 29% i.a., es consistente con un déficit primario de $5.800 millones (incluyendo utilidades del BCRA y de la ANSES) y necesidades de pesos por $63.400 millones. En este escenario, el impacto del sector público sobre la expansión de la base monetaria ascendería a sólo 20%, financiamiento que queda encuadrado dentro de los límites actuales de la Carta Orgánica del BCRA. Evidentemente, si la política pretende seguir impulsando el gasto, las necesidades de pesos son mucho mayores. Todo lo demás constante, si el gasto crece al 36% (41% en la segunda mitad del año), el déficit fiscal primario se eleva a $25.000 millones, el impacto sobre la base monetaria aumenta a 28% y se utiliza todo el límite de la Carta Orgánica del BCRA. Llevando el ejercicio a un extremo de subir el gasto a 40% (48% en la segunda mitad del año), el déficit fiscal se extiende a $47.000 millones, el impacto sobre la base monetaria se eleva a 36% y faltarían $25.000 millones de pesos respecto al límite de fondeo actual.
Evidentemente, estos escenarios no son neutrales respecto a la proyección de la macroeconomía hacia delante. Si bien el aumento en la cantidad de pesos no tiene un impacto inmediato sobre la inflación en tanto y en cuanto el BCRA sigue manejando el ritmo de devaluación del dólar oficial en torno al 20%, la caída en la cobertura de las reservas en un contexto donde estas cayeron –aún en los meses de mayor estacionalidad en la oferta de dólares- su dinámica tiene impactos ciertos o bien sobre la tasa de interés de la economía o bien sobre la brecha cambiaria en un contexto donde los controles de capitales se sostendrán en el tiempo. Evidentemente, la política tiene mecanismos para retirar pesos del mercado, aunque para esto requiere de una tasa de interés mayor.
