| Tal cual esperábamos, el Gobierno anunció una readecuación en los subsidios a las tarifas de agua y gas que incluye un esquema de quita de subsidios parcial y escalonada en función del ahorro que se logre en el consumo, y una reasignación de dichos recursos a cubrir gastos de las distribuidoras y a financiar la Asignación Universal por Hijo y el Plan Progresar, en lo que pareció una forma algo más “política” de presentar el anuncio de reducción de subsidios. La necesidad de intentar recuperar los equilibrios fiscal y externo llegó cuando se hizo patente la inconsistencia de la política de “desendeudamiento” en un contexto de déficit fiscal primario creciente desde 2009 y de reaparición de la restricción externa en 2011, con un aumento en la presión cambiaria que a pesar de las restricciones cambiarias implementadas al año siguiente no logró moderar la presión cambiaria ni detener la pérdida de reservas. Los subsidios a sectores económicos alcanzaron $134.000 millones en 2013 (18% del gasto primario neto de transferencias automáticas a provincias), equivalentes a 4,7% del PIB, y constituían la “bala de plata” de la política para brindar aire a las cuentas públicas (adicional al que ya brindó la corrección cambiaria de enero, con un impacto positivo en torno a los $50.000 millones sobre el resultado primario). Los anuncios van en este sentido, con incentivos implícitos en el esquema hacia el ahorro en el consumo que pueden llevar a una desaceleración en el ritmo de crecimiento y una caída en el ratio de subsidios a PIB, aunque difícilmente deriven en una caída interanual en términos nominales, con tres meses del año ya contabilizados, una quita parcial que no es generalizada, y buena parte de los costos vinculados a la evolución del dólar, que en nuestro escenario se ubicaría 54% por encima del precio promedio en 2013. Adicional al impacto positivo sobre el equilibrio fiscal, la medida también tendría un impacto acotado (por las mismas razones mencionadas previamente) sobre el déficit de la balanza energética, que según nuestras estimaciones se ubicaría este año en torno a los US$7.500 millones, con un leve aumento respecto al del año anterior producto principalmente de las mayores necesidades de combustibles para movilizar la cosecha de la actual campaña. |
