El gradualismo está descartado, pero no hay acuerdo sobre qué clase de shock aplicar.
El momento más temido. La inflación generó un bajón del consumo y pérdida del poder adquisitivo.Marina Dal Poggetto y Sebastián Menescaldi
Desde que se desató la corrida contra el peso a principios de 2018 venimos insistiendo que hacía falta un programa de estabilización. Con una tasa de inflación que entonces empezó a correr al 50% anual, con la mitad del gasto público indexado al pasado y con los ingresos favorecidos por el salto inflacionario, cualquier intento de bajar la inflación atentaba contra el corazón del esquema que es la consistencia fiscal.
Con una tasa de inflación corriendo hoy casi al 100% anual que volvió a recrear en menos de tres años la misma distorsión de precios que había en 2015 pero con una brecha cambiaria en 95%; con los mismos componentes de indexación del gasto después de haber frenado por ley la indexación previsional y haberla reintroducido en 2021; y con un esquema tributario que se ve ampliamente favorecido por la inflación, la necesidad un programa de estabilización integral se potencia. Hoy el problema ya no sólo es fiscal, sino fundamentalmente cuasifiscal.
Pero si bien hay consenso en que no hay margen para el gradualismo, lo cierto es que no hay necesariamente consenso en que implica un shock. Abajo incluimos un punteo repasando cuáles son los componentes que debería tener un programa de estabilización en el arranque de una nueva gestión. A modo de disparador intentarnos corrernos de las restricciones de la política e intentando pensar en cómo amortiguar el conflicto distributivo para evitar que “sacar la tapa de una olla a presión a la que se le viene subiendo el fuego” se convierta en un Rodrigazo.
1) Corrección de Precios Relativos: Dólar y Tarifas
Ambas variables están interrelacionadas ya que la devaluación del peso (suba del dólar oficial) impacta en los costos de los servicios públicos aumentando en forma directa la suba en las tarifas requerida para reducir la incidencia de los subsidios en el presupuesto y equilibrar los balances de las empresas de servicios regulados.
La devaluación tiene tres impactos directos:
a) Reduce la absorción doméstica. Al aumentar el precio del dólar reduce la demanda de importaciones que hoy está estimulada por la brecha cambiaria. De Perogrullo, para que la devaluación sea exitosa tiene que comprimir la brecha, y moderarse el traslado a precios, lo cual no es trivial.
b) Licúa el overhang (excedente) de pesos de la economía. Como se explica adelante, esto va a depender de la composición del overhang al momento de lanzar el programa.
c) Si la devaluación se hace compensada parcialmente con suba de retenciones transitoria a todas las exportaciones contribuye a cerrar el déficit fiscal y a amortiguar el traslado a precios internos. Claro que las retenciones no se pueden cobrar si la brecha cambiaria persiste porque son confiscatorias, y tampoco se pueden cobrar si la estabilización sale bien y el overshooting inicial del dólar se diluye. Hoy la brecha cambiaria incorpora un subsidio cruzado del exportador al importador de 8% del PIB, lo mismo que gasta la Nación en Jubilaciones.
2) Cierre Fiscal
Los programas de estabilización exitosos cortan el financiamiento monetario del déficit. De aquí la necesidad de que el esquema de estabilización vaya en simultáneo con una agenda de reformas estructurales que consolide las cuentas fiscales sin necesidad de sostener las retenciones en el tiempo y donde la competitividad de la economía no esté basada únicamente en un esquema de dólar alto/salarios bajos.
3) Cierre Cuasifiscal
Se debería priorizar evitar romper contratos, pero la licuación sólo funciona si la deuda en pesos no está mayormente indexada. Hoy los pesos remunerados en la economía alcanzan hoy a 16% del PIB, de los cuales un 60% son pasivos del BCRA y el resto de deuda del Tesoro. Para diciembre 2023, la deuda en pesos podría representar 20,5% del PIB si la tasa de interés se mantiene neutra contra la inflación y más de 26% si la tasa de interés se coloca 20 p.p. positiva. Su composición va a depender además de la caída en la demanda de “pesos gratis” y fundamentalmente de la búsqueda de cobertura de los tenedores de pesos en el año electoral.
4) Overshooting de tasa de interés
La tasa de interés tiene que subir después de la devaluación del peso, no antes. Para que te vaya bien y se evite recrear el overhang (excedente) de pesos, tiene que bajar ex post. Difícilmente se puedan retirar todos los controles de capitales, pero necesariamente se debe ir desarmando el impuesto país y el esquema de percepciones. Para esto es condición necesaria que baje el riesgo país, que el tipo de cambio de arranque sea alto y que la ventaja cambiaria no se licue rápidamente con la inflación.
5) Algunos planes de estabilización tienen mecanismos de desagio (Plan Austral), y/o de indexación (Plan Real)
Es difícil pensar en un mecanismo de desagio como el Plan Austral dado que a diferencia de entonces la indexación no está generalizada ni se da toda con los mismos plazos. Sí, se va a necesitar desindexar el gasto público, aunque la capacidad para seguir licuando jubilaciones frente a los niveles actuales de subsistencia no luce ni políticamente viable, ni humanamente razonable.
6) Normalización del mercado de deuda en dólares
La señal fiscal enmarcada en un programa consistente con acompañamiento político a una agenda de reformas estructurales que apuntalen la competitividad y lo tornen sostenible el esquema, debería contribuir a reducir el riesgo país en un contexto donde los perfiles de vencimientos de la deuda reestructurada en 2021 son holgados. Abrir el crédito es condición necesaria, aunque en simultáneo deberíamos acostumbrarnos a vivir con equilibrio fiscal usando el crédito sólo para refinanciar los vencimientos, no para financiar el déficit fiscal y mucho menos para financiar la nómina salarial y jubilatoria. Todos los caminos llevan a la consolidación fiscal.
7) Definición de un ancla ¿Programa monetario?
El ancla cambiaria es la más rápida para monetizar la economía, y al mismo tiempo es la más complicada de sostener cuando el mundo juega en contra. Sin prestamista de última instancia permitir la intermediación de los dólares a través del sistema financiero tiene riesgos ciertos (ya lo vimos con la Convertibilidad). Lo más razonable luce empezar por un programa de agregados monetarios consistentes con el equilibrio fiscal y con controles de capitales que tienen que ir desarmándose de a poco.
8) Acuerdo de precios y salarios
La dispersión de precios relativos incluye precios de servicios públicos ridículamente bajos, precios de bienes ridículamente caros y un salario que perdió contra la inflación más de 20% desde 2015 en los sectores formales protegidos y de casi 35% en los sectores informales desprotegidos.
Para que el programa sea políticamente viable, los precios de los bienes tienen que bajar en dólares, o lo que es lo mismo tienen que subir menos que la devaluación. Esto requiere acuerdos, probablemente algunas medidas que obliguen a que en el arranque los precios publicados sean fair, pero fundamentalmente la normalización de la brecha cambiaria y una mayor competencia.
Los salarios no pueden recuperar lo perdido en el arranque. Se necesita un acuerdo político para que la paritaria no espiralice. Al mismo tiempo, las presiones para recomponer el salario van a aparecer, necesitas una agenda de competitividad del trabajo. Esto implica un cambio en las leyes laborales.
9) Enmarcarlo en el acuerdo con el FMI
Lo más difícil hoy parece lo más fácil. El FMI está inmerso en acusaciones cruzadas de ambos lados de la grieta. El gobierno lo acusa de haberle prestado US$50.000 millones a Macri para financiar la reelección. La oposición de haberle concedido al gobierno actual un acuerdo light que pateó el grueso del ajuste para la próxima gestión. En el medio, el FMI hizo y sigue haciendo todo lo que puede para alcanzar dos objetivos: que el país no entre en atrasos y no ser el culpable de la caída de la Argentina.
10) Agenda de Competitividad
La agenda macro y micro tienen que ir de la mano, No hay agenda micro que funcione si la macro no se ordena (Macri). Y viceversa no hay programa de estabilización que dure si no se avanza con una serie de reformas estructurales que apuntalen la competitividad de la economía y hagan sostenible el equilibrio fiscal en el tiempo.
Obviamente hay cuestiones de eficiencia en de un gasto consolidado en torno a 37% del PIB en un país que tiene una economía de bienestar “trucha” y donde la población que puede, escapa de los bienes públicos y pretende no tener que financiarlos con impuestos.
Dos terceras partes del gasto en salarios está en las provincias que desde los 90 concentran el gasto en salud y educación. Corregir la eficacia del gasto acá es condición necesaria para reducir la fragmentación de la sociedad, pero fundamentalmente para apuntalar la oferta laboral en un mundo cada vez más conectado.
Casi la mitad del gasto consolidado está dirigido a transferencias. De estas una sexta parte son subsidios a las empresas y cinco sextos subsidios a las familias. De estas últimas el régimen previsional explica casi el 80% y el resto son planes sociales nacionales que se necesitan rediscutir, pero no se van a poder eliminar. El grueso de los subsidios a empresas está en energía y en menor medida transporte, pero las empresas públicas se llevan más de 1% del PIB. Las bajas tarifas explican parte del desequilibro, pero también hay groseras cuestiones de eficiencia.
La reforma laboral, previsional y tributaria tienen que pensarse en conjunto. No se puede tener la estructura tributaria actual (con sus graves distorsiones e ineficiencias) con una eficacia tributaria estimada en un 60% y un esquema que se aprovecha de la inflación para cobrar alícuotas no reguladas por el Congreso. No se puede tener un sistema previsional contributivo y solidario en simultáneo, y menos con los regímenes de privilegio nacionales y provinciales; los esquemas de monotributo y de empleadas domésticas son fiscalmente más perversos a futuro que la moratoria previsional. No se pueden seguir financiando 3,4% del PIB de gastos tributarios en el presupuesto nacional incluyendo el régimen de Tierra del Fuego y trabajadores judiciales que no pagan ganancias.
Regulación y Apertura: No se puede mantener ad eternum una economía cerrada, con los actuales precios de los bienes. Se necesitan desmontar trabas regulatorias y fomentar la competencia (logística, conectividad, otras infraestructuras, reducir la industria del juicio, etc).
Para esto se necesita un andamiaje legal y acuerdos políticos para poder avanzar y fundamentalmente acuerdos con la Corte y los gobernadores.
El punteo intenta resumir en pocos caracteres y sin ponerle números un documento más largo que incluimos en nuestro último informe mensual escrito cuando todavía falta un año para el cambio de gobierno y donde la cooperación para mantener el status quo y evitar una escalada en la nominalidad -si se visualiza el cambio político-, no luce el escenario más intuitivo. Lamentablemente en Argentina los consensos sólo aparecen cuando el que “se vayan todos” transformado hoy en “la casta tiene miedo” empieza a ser parte de la agenda.
