A más de cuatro años del colapso de la Convertibilidad, que significó en los hechos una caída del PIB de más de 20%, una Tasa de Desempleo en torno a un cuarto de la fuerza de trabajo y niveles de pobreza cercanos al 50% de la población, el milagro Argentino es elocuente. El Producto no sólo recuperó toda la caída sino que se ubica 10% por sobre los máximos verificados en 1998 -1% cuando la comparación se realiza en términos per cápita-, las cuentas fiscales y externas se tornaron superavitarias y la Tasa de Desempleo se acerca rápidamente a niveles de un dígito, algo que no se registraba en la economía desde los primeros años de la década pasada.
Sin embargo, y si bien contrapuesto con los peores momentos de la crisis, todo luce mucho mejor, la comparación con los 90 no resulta tan bondadosa cuando se analizan los indicadores sociales. La incidencia de la pobreza e indigencia en términos de ingresos alcanzó en el segundo semestre de 2005 -última información disponible- a 33,8% y 12,2% de la población respectivamente, 5 p.p. y 3,5 p.p. más que en 1998 cuando la tasa de desempleo, incluso corregida por planes de empleo, se ubica por debajo del 15,3% registrado a fines de ese año.
Es decir, paradójicamente la economía se está acercando al desempleo friccional con niveles de pobreza que siguen siendo muy elevados. Según el INDEC un 15% de los pedidos concretos de las empresas no pudo ser satisfecho a pesar de la todavía muy alta oferta excedente conformada por 1,7 millones de desocupados. Esta falta de calificación de la oferta se explica en parte por la elevada duración del desempleo (casi 13 años con tasas de desocupación por encima de un dígito) y por el cambio en la estructura productiva de la economía durante los 90’s, cuando el esquema de tipo de cambio apreciado hizo que varios sectores reduzcan significativamente su tamaño expulsando empleo; sectores que ahora se ven beneficiados por el nuevo esquema cambiario. La contrapartida, es una mayor segmentación del mercado de trabajo en términos de ingresos aún cuando en el margen se observa una mejora en los indicadores de formalización pari pasu el aumento de la ocupación explicada cada vez menos por los planes de empleo.
En efecto, la recomposición de los salarios luego de la abrupta caída en términos reales con posterioridad a la devaluación, estimulada en un inicio por los aumentos por Decreto del Gobierno y más tarde por la negociación colectiva, se dio de tal forma que ensanchó la brecha salarial que siempre caracterizó a la economía. De hecho, el incremento en los salarios alcanzó fundamentalmente a los sectores formales, ligados en gran medida a una mayor calificación y productividad y cuyos ingresos se ubican en términos reales 12% por sobre los de fines de los 90s. Los sectores informales y el sector público, por su parte, todavía acumulan una pérdida de poder adquisitivo de 20% y 29% respecto al IPC y de 30% y 39% respecto a la evolución de los precios que componen la Canasta Básica Total (CBT), benchmark utilizado para medir la pobreza. Sin embargo los mayores niveles salariales de los que parte el sector público hacen que todavía se ubique en promedio por sobre el costo de la CBT para una familia tipo ($856), algo que no ocurre con los sectores informales donde el salario (excluyendo al del servicio doméstico) se ubica 36% por debajo.
Es decir la importante segmentación salarial, y la dificultad para llegar desde la política a los sectores más bajos, hace que la decisión de que el ajuste del tipo de cambio se de via una mayor inflación, termine convalidando -a pesar del aumento en el empleo-, niveles de pobreza muy altos. Precisamente el objetivo o la consecuencia de un tipo de cambio elevado es una caída del salario real en términos de transables que componen una parte significativa de la canasta de consumo -sobre todo de los sectores más pobres-, al tiempo que la recomposición posterior de los precios relativos de los no transables, entre los que se encuentra el salario, se dificulta en este segmento del mercado de trabajo.
Hasta ahora el fuerte crecimiento de las cantidades más que compensaba el aumento en los precios, derivándose en una caída en la pobreza. Sin embargo a partir de 2005 esta situación fue cada vez más lenta. Por un lado, la elasticidad empleo producto se redujo, algo que no necesariamente tiene una connotación negativa ya que es la contrapartida de un aumento de la productividad de la economía necesaria para limitar el traslado a precios de una suba en los salarios. Por otro lado, la aceleración de la inflación, afectó en mayor medida la canasta de pobreza e indigencia que mide el nivel de ingresos a partir del cual una persona es considerada pobre. Los acuerdos de precios y las limitaciones al comercio exterior de algunos alimentos (el caso paradigmático es la carne) con alta incidencia en la canasta de pobreza, ayudaron a que esta situación parcialmente se revierta en lo transcurrido de 2006 cuando los precios de la CBT aumentaron sólo 3% (1,6% cuando se considera sólo el componente alimentario), frente a una suba del IPC de 4,9%. En base a esto y al fuerte aumento derivado del empleo, es factible una nueva reducción de la pobreza e indigencia que seguiría ubicándose por sobre los niveles de los 90s.
Las cifras de distribución del ingreso confirmaban hasta ahora que la mayor desigualdad se mantenía, tanto cuando el análisis se hacía tomando como base a los hogares como a los individuos. Llamativamente la última información del INDEC sobre distribución del Ingreso, incluyó un cuadro adicional que muestra una importante caída respecto a 2002, y una situación similar a la de 1998. ¿Qué pasó para que cambien radicalmente las conclusiones?. La explicación está dada por un cambio en la metodología de medición. El nuevo indicador del INDEC incluye a todo el universo, perciban o no ingresos, cuando las mediciones anteriores sólo consideraban la distribución del ingreso entre los perceptores. Esta nueva forma de medición hace que se compense la caída relativa del ingreso de los deciles más bajos con el mayor número de perceptores de ingresos. Es decir, si bien se amplía la distancia entre el primer decil y el último, la compensación mencionada hace que se asemeje a la distribución vigente durante la Convertibilidad.
En resumen, en esta etapa del ciclo y dejando a un lado la contabilidad creativa que implican los cambios metodológicos, el medio para mejorar los indicadores sociales va a estar más centrado en lo que pase con los ingresos reales que con las cantidades. Aquí, la contención de la inflación es fundamental, dado que como se explicó antes, la mejora en los salarios nominales de los sectores más pobres es más lenta y difícil de alcanzar desde la Política Económica. De esta forma, todo vuelve a estar centrado sobre la inflación, que este año proyectamos finalice en torno a 10%, pero que claramente sería mayor de no mediar el no ajuste en los precios regulados, los cambios en la política arancelaria y los “acuerdos de precios” en sectores claves, cuyo sostenimiento en el mediano plazo genera señales que dificultan el reacomodamiento de la oferta necesario para moderar la inflación.
En este contexto es probable que la mejor política redistributiva que pueda hacerse sea maximizar el crecimiento de largo plazo (para lo cual no debe apuntarse al corto) que permita sostener una tasa de inflación moderada, aumentando a la inversión en capital humano para evitar que los cuellos de botella en la economía terminen apareciendo también por el lado del empleo.
*Directora Estudio Bein & Asociados
