Durante la tarde de ayer se anunciaron medidas de corte social con el objetivo de amortiguar la esperable caída en el nivel de actividad luego del énfasis en el “distanciamiento social”, la puesta en marcha del “home office” y las restricciones a la libre circulación. Entre ellas se encuentran los bonos extraordinarios a los jubilados y perceptores de la AUH por $3.000, sumado a una extensión en los plazos de pagos de los créditos otorgados por la Anses.
También, el ministro de Economía anunció un moderado paquete fiscal cuando uno lo compara con las magnitudes que se manejaron en los países desarrollados, con un fuerte apoyo en los bancos que financiarán líneas de crédito “blandas”. Entre estas medidas, se incluyó un aumento en la partida destinada a las inversiones en obra pública y el pago por parte del Estado de una parte del salario de los trabajadores pertenecientes al sector formal, sumado a la exención de contribuciones patronales en aquellos sectores afectados por la crisis, entre los que destacan los vinculados con esparcimiento y turismo.
Dicho “paquete fiscal” ciertamente se encuentra limitado por las restricciones presupuestarias con las que viene operando la Argentina una vez que se cortó el crédito a fines de abril de 2018 y que, programa con el FMI mediante, terminó por reducir fuertemente la capacidad de respuesta por parte de la política fiscal a la hora de amortiguar este tipo de shocks. La demora en la reestructuración de la deuda sumada a la aversión al riesgo global actual limitan fuertemente la capacidad de financiamiento del aumento en el gasto necesario para contrarrestar el shock externo negativo.
Asimismo, ponerle números a los impactos de estas medidas sobre el crecimiento de la economía se vuelve una empresa difícil teniendo en cuenta que por el momento es incierta la duración del shock y tampoco se conoce el grado de rigidez de las medidas que se deberán ir tomando en las próximas semanas si la aparición de nuevos casos no se modera.
También se espera que las cadenas de pagos empiecen a crujir frente a la restricción de oferta que impide desarrollar los procesos productivos con normalidad, en un contexto donde impera la necesidad de que la gente se mantenga en sus casas para ralentizar la expansión del virus y aplanar la curva de personas afectadas.
Aquí se vuelven a hacer notorias las restricciones (ahora desde el lado de la política monetaria) teniendo en cuenta las dificultades desde el punto de vista de la dinámica de precios si se decide inyectar liquidez en el mercado de dinero con el objetivo de suavizar las potenciales rupturas en las cadenas de pagos si la economía profundiza su caída y la ayuda fiscal es limitada.
La voluntad de reperfilar los pesos en manos del sector privado, que equivalen a una base monetaria entera de acá hasta fin de año, se encuentra explicada en gran medida por dos motivos que se vuelven cada vez más necesarios en este contexto: por un lado, la necesidad de descomprimir los perfiles de vencimientos hacia delante, evitando que cada licitación o canje se convierta una “prueba de fuego” que aumente la incertidumbre sobre la voluntad de pago, y por otro la imposibilidad de emitir dichos vencimientos frente al desplome en la demanda de pesos que operó luego de los sucesivos saltos cambiarios y la aceleración de la inflación que se ubicó por encima del 53% a fines del año pasado, y que hoy desciende lentamente desde esos niveles apoyada tanto en las anclas cambiarias como tarifarias.
Pero a la necesidad de reperfilar los vencimientos en pesos también se suma la necesidad de reestructurar la deuda en dólares. Dicho objetivo se vuelve sumamente complicado, y el margen de maniobra necesario para mejorar la oferta de reestructuración (hoy descontada a una exit yield más alta producto de la aversión al riesgo global), todavía no aparece y el imperativo de la “sostenibilidad” es el eje central en el que se basaría la propuesta.
Sin el pragmatismo necesario que permita descomprimir los perfiles de vencimientos de dólares en un contexto donde los recursos son limitados (las reservas internacionales netas ascienden a apenas unos US$ 13.000 millones), se corre el riesgo de descapitalizar al BCRA y deteriorar todavía más las condiciones macroeconómicas actuales.
Hoy Argentina paga las consecuencias de haber demorado las negociaciones de la reestructuración de la deuda. Y deberá ir con una propuesta más amigable si se decide a despejar los perfiles de vencimientos y concentrarse en moderar los impactos económicos de este shock global con características peculiares (shock de oferta en un mundo deflacionario). Demorar la reestructuración nos dejaría parados en un limbo sin margen para volver a pensar en crecer, con un mundo hostil y con escasos grados de libertad para bajar la inflación de forma sostenida sin recurrir a atajos de corto plazo.
